Cada vez son más alarmantes los reportes a nivel mundial del aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), siendo 2018 el año en el que se alcanzaron los niveles más altos de emisión de la historia. De acuerdo con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en inglés), las emisiones de dióxido de carbono de 2015 a 2019 aumentaron en un 20%, si se comparan con el quinquenio inmediatamente anterior. En promedio, la temperatura del planeta incrementó 1,2 °C desde 1850 hasta 2015, y solo entre 2011 y 2015 subió 0,02 °C.
Estas modificaciones en la temperatura global implican, a su vez, cambios en las dinámicas atmosféricas y meteorológicas del planeta que causan pérdida de biodiversidad de especies y ecosistemas, sequías y desabastecimiento de agua, incremento del nivel del mar, aumento en las ondas de calor e intensidad de los incendios forestales, riesgos para la soberanía alimentaria y desastres naturales cada vez más catastróficos; entre otros.
Los últimos análisis realizados por el IPCC indican que, si se establecen acciones concretas e inmediatas, es posible reducir las emisiones de dióxido de carbono de aquí a 12 años y frenar el aumento de la temperatura media anual por debajo de los 2 °C, o incluso a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, según los datos científicos más recientes. El IPCC afirma que esto es posible, solo si se propician cambios rápidos y de amplio alcance en todos los aspectos de la sociedad. Paradójicamente las emisiones de GEI siguen aumentando a niveles sin precedentes y los efectos del cambio climático se sienten en todos los continentes.
En virtud de lo anterior, el pasado lunes 23 de septiembre se desarrolló la Cumbre de Acción Climática 2019, que fue convocada por el secretario general de las Naciones Unidas, con el objetivo de movilizar compromisos de acción en los planes nacionales de acción climática para reducir de forma considerable las emisiones, fortalecer la resiliencia climática y hacer que los flujos de financiación públicos y privados estén en consonancia con acciones a favor de unas emisiones bajas de GEI. Todo esto con miras al cumplimiento del Acuerdo de París de 2015.
Este encuentro internacional también buscaba incitar la ascendente acción de las ciudades, regiones y sociedad civil, y del sector privado, para contribuir con la construcción de soluciones ambiciosas en las áreas de acción de la Cumbre: la transición global hacia la energía renovable, infraestructuras y ciudades sostenibles y resilientes, la agricultura y ordenación sostenible de los bosques y océanos, la resiliencia y adaptación a los impactos climáticos, y la convergencia de financiación pública y privada con una economía de cero emisiones netas.
A pesar de la pertinencia del tema a tratar en este encuentro y de la necesidad de contar con el compromiso concreto e inmediato por parte de los líderes de todos los países, sobre todo de aquellos con mayor índice de emisiones de CO2, los acuerdos construidos resultan insuficientes debido a la ausencia y/o no intervención de los jefes de Estado de países como Estados Unidos, China, Japón, India, Australia, Arabia Saudita y Brasil, quienes cuentan con mayores índices de emisión de GEI. A esto se suma la falta de compromisos concretos en relación, por ejemplo, con el uso de carbón para la producción de energía.
Por otra parte, aunque los países de América Latina tengan menor porcentaje de emisiones de GEI y se encuentren comprometidos con disminuir la deforestación en sus territorios, el vínculo de sus economías con los procesos extractivos y las políticas de desarrollo económico de corte neoliberal que predominan en los gobiernos de la región agudizan las brechas sociales, contribuyendo con esta creciente problemática.
Brasil, por ejemplo, es uno de los países con mayor crecimiento en las emisiones de GEI durante los últimos años, a ello se suma la creciente tasa de deforestación, la cual fue acentuada desde la posesión de su actual presidente, Jair Bolsonaro, y se refleja en el incremento de los incendios forestales, que alcanzó entre enero y agosto del presente año un 83% respecto al mismo periodo del año pasado. Para el caso de Colombia, los niveles de deforestación han llegado a cifras sin precedentes en los últimos años; sin embargo, esta problemática, al igual que en Brasil, no constituye una prioridad en la agenda nacional, que paradójicamente se encuentra concentrada en la implementación de procesos como el fracking (pese a todos los riesgos que involucra).
La ausencia y falta de compromiso de los países con mayores emisiones, sumado a la insistencia de continuar limitando la economía a los procesos extractivos y a la falta de atención de los problemas ambientales como una prioridad, genera un mayor grado de incertidumbre en la lucha contra el cambio climático de origen antrópico. Los grandes sectores económicos e intereses de unos cuantos continúan influenciando las políticas públicas e imponiéndose sobre el grueso de la población. Sin embargo, cada vez son más los colectivos y movimientos que se organizan y aglomeran personas alrededor del mundo, preocupadas por los efectos del cambio climático y que demandan acciones de los gobiernos para mitigarlo.
Cada vez son más alarmantes los reportes a nivel mundial del aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), siendo 2018 el año en el que se alcanzaron los niveles más altos de emisión de la historia. De acuerdo con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en inglés), las emisiones de dióxido de carbono de 2015 a 2019 aumentaron en un 20%, si se comparan con el quinquenio inmediatamente anterior. En promedio, la temperatura del planeta incrementó 1,2 °C desde 1850 hasta 2015, y solo entre 2011 y 2015 subió 0,02 °C.
Estas modificaciones en la temperatura global implican, a su vez, cambios en las dinámicas atmosféricas y meteorológicas del planeta que causan pérdida de biodiversidad de especies y ecosistemas, sequías y desabastecimiento de agua, incremento del nivel del mar, aumento en las ondas de calor e intensidad de los incendios forestales, riesgos para la soberanía alimentaria y desastres naturales cada vez más catastróficos; entre otros.
Los últimos análisis realizados por el IPCC indican que, si se establecen acciones concretas e inmediatas, es posible reducir las emisiones de dióxido de carbono de aquí a 12 años y frenar el aumento de la temperatura media anual por debajo de los 2 °C, o incluso a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, según los datos científicos más recientes. El IPCC afirma que esto es posible, solo si se propician cambios rápidos y de amplio alcance en todos los aspectos de la sociedad. Paradójicamente las emisiones de GEI siguen aumentando a niveles sin precedentes y los efectos del cambio climático se sienten en todos los continentes.
En virtud de lo anterior, el pasado lunes 23 de septiembre se desarrolló la Cumbre de Acción Climática 2019, que fue convocada por el secretario general de las Naciones Unidas, con el objetivo de movilizar compromisos de acción en los planes nacionales de acción climática para reducir de forma considerable las emisiones, fortalecer la resiliencia climática y hacer que los flujos de financiación públicos y privados estén en consonancia con acciones a favor de unas emisiones bajas de GEI. Todo esto con miras al cumplimiento del Acuerdo de París de 2015.
Este encuentro internacional también buscaba incitar la ascendente acción de las ciudades, regiones y sociedad civil, y del sector privado, para contribuir con la construcción de soluciones ambiciosas en las áreas de acción de la Cumbre: la transición global hacia la energía renovable, infraestructuras y ciudades sostenibles y resilientes, la agricultura y ordenación sostenible de los bosques y océanos, la resiliencia y adaptación a los impactos climáticos, y la convergencia de financiación pública y privada con una economía de cero emisiones netas.
A pesar de la pertinencia del tema a tratar en este encuentro y de la necesidad de contar con el compromiso concreto e inmediato por parte de los líderes de todos los países, sobre todo de aquellos con mayor índice de emisiones de CO2, los acuerdos construidos resultan insuficientes debido a la ausencia y/o no intervención de los jefes de Estado de países como Estados Unidos, China, Japón, India, Australia, Arabia Saudita y Brasil, quienes cuentan con mayores índices de emisión de GEI. A esto se suma la falta de compromisos concretos en relación, por ejemplo, con el uso de carbón para la producción de energía.
Por otra parte, aunque los países de América Latina tengan menor porcentaje de emisiones de GEI y se encuentren comprometidos con disminuir la deforestación en sus territorios, el vínculo de sus economías con los procesos extractivos y las políticas de desarrollo económico de corte neoliberal que predominan en los gobiernos de la región agudizan las brechas sociales, contribuyendo con esta creciente problemática.
Brasil, por ejemplo, es uno de los países con mayor crecimiento en las emisiones de GEI durante los últimos años, a ello se suma la creciente tasa de deforestación, la cual fue acentuada desde la posesión de su actual presidente, Jair Bolsonaro, y se refleja en el incremento de los incendios forestales, que alcanzó entre enero y agosto del presente año un 83% respecto al mismo periodo del año pasado. Para el caso de Colombia, los niveles de deforestación han llegado a cifras sin precedentes en los últimos años; sin embargo, esta problemática, al igual que en Brasil, no constituye una prioridad en la agenda nacional, que paradójicamente se encuentra concentrada en la implementación de procesos como el fracking (pese a todos los riesgos que involucra).
La ausencia y falta de compromiso de los países con mayores emisiones, sumado a la insistencia de continuar limitando la economía a los procesos extractivos y a la falta de atención de los problemas ambientales como una prioridad, genera un mayor grado de incertidumbre en la lucha contra el cambio climático de origen antrópico. Los grandes sectores económicos e intereses de unos cuantos continúan influenciando las políticas públicas e imponiéndose sobre el grueso de la población. Sin embargo, cada vez son más los colectivos y movimientos que se organizan y aglomeran personas alrededor del mundo, preocupadas por los efectos del cambio climático y que demandan acciones de los gobiernos para mitigarlo.