Las universidades públicas como víctimas del conflicto armado en Colombia

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ha acompañado los procesos de investigación, socialización y apropiación desarrollados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición dentro sus funciones legales, con el fin de esclarecer los hechos asociados a desapariciones de personas, asesinatos, estigmatizaciones y persecuciones ocurridas en el marco del conflicto colombiano, con el fin de generar recomendaciones que, en su implementación, permitan la reparación de las víctimas y, sobre todo, la garantía de no repetición de estos hechos que han violado de manera sistemática los derechos fundamentales de los seres humanos en nuestro país.

Como se ha establecido en el Decreto 588 de 2017 de la Presidencia de la República, esta Comisión está pensada en el marco de la finalización del conflicto armado y de la construcción de una paz justa y duradera, estando también enmarcada en la ley de justicia restaurativa. Su trabajo ha sido arduo, sistemático y actualmente se encuentra en etapa de cierre. Su continuidad dependerá de la voluntad política del Gobierno o de la Corte Constitucional para apoyar e impulsar esta importante iniciativa de manera permanente. Por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en el que solicita extender siete meses la vigencia de la Comisión, considerando que el periodo de esta institución va hasta noviembre de este año.

La UPN, en coherencia con su compromiso histórico en la construcción de una sociedad con justicia social y en paz, se unió al ejercicio que ha venido desarrollando la Comisión; en ese sentido, el año pasado tuvimos la oportunidad de ser los anfitriones del evento Conversando de verdad, que tuvo como centro el análisis de varios casos como los falsos positivos, la muerte de jóvenes por parte de las Farc, el caso de uno de nuestros egresados asesinado por paramilitares, entre otras violaciones de derechos ocurridos en el país.

Este año, entre el 1° y el 3 de septiembre, la Comisión de la Verdad propició el encuentro El conflicto armado en las universidades: generaciones que no se rinden, desarrollado en la Universidad Industrial de Santander con el objetivo de entregar un informe sobre las afectaciones que han vivido profesores, estudiantes y trabajadores de las universidades públicas de Colombia, como un capítulo especial en donde se destaca la estigmatización de la universidad pública, el papel de los movimientos estudiantiles, las desapariciones y asesinatos de líderes estudiantiles, profesorales y de trabajadores ocurridos desde la década del 60 del siglo pasado hasta el 2011.

El reconocimiento de la verdad y las situaciones ocurridas en el conflicto interno del país que han afectado a las universidades y sus comunidades resulta fundamental para la restitución de las víctimas y para la garantía de no repetición. En este ejercicio, las universidades necesitamos emprender apuestas estratégicas vinculadas directamente con nuestras tareas misionales de docencia, investigación y proyección social, como una manera concreta de avanzar hacia la construcción de la paz justa y duradera con la que todos soñamos.

En tal sentido, consideramos que un primer elemento de acción está relacionado con la investigación y la generación de conocimiento, pues es necesario apoyar y fortalecer los grupos que trabajan las temáticas de historia, memoria, conflicto y verdad, rescatando fuentes documentales y testimonios que nos permiten comprender las causas estructurales del conflicto, que han derivado en persecuciones, estigmatizaciones y restricciones de las libertades democráticas de los estamentos de nuestras comunidades universitarias. Es necesario continuar apoyando a los profesores y grupos de investigación para que puedan robustecer el trabajo que nos posibilite seguir consolidando la verdad que requiere el país, pero, además, reconocer que investigadores y profesores también han sufrido la estigmatización, la persecución, desaparición e incluso la muerte.

Un segundo elemento está relacionado con fortalecer los procesos formativos que se llevan a cabo en cada una de nuestras instituciones, que se alimentan de estos estudios; es decir, potencializar las cátedras existentes en nuestras universidades orientadas hacia la paz y la memoria. Es necesario que, como instituciones públicas de educación superior, continuemos invirtiendo en esas cátedras de paz y de formación, las cuales pueden nutrirse de los informes y documentos producidos por la Comisión de la Verdad, para que estos sean considerados como referentes en las transformaciones curriculares de los distintos programas de formación de los profesionales de nuestro país. Esta formación no se limita únicamente a lo disciplinar, siendo necesaria la formación política y el pensamiento crítico.

Un tercer elemento a tener en cuenta consiste en la articulación de la formación y la investigación con los problemas de las comunidades en sus territorios. Precisamente, una de las causas de la persecución, estigmatización y muerte ha sido que los estudiantes y profesores han luchado partiendo de las realidades y necesidades de los diferentes contextos; es necesario continuar aportando a las diversas comunidades del país en la defensa de la vida digna y la justicia social.

Estos tres elementos son esenciales para que los aportes de la Comisión de la Verdad permeen la cultura política de la vida universitaria y enriquezcan la razón de ser de la universidad como escenario plural y democrático, en el cual es posible discutir libremente los complejos problemas del país, ofreciendo alternativas de transformación. Lo anterior implica defender la autonomía universitaria, la libertad de pensamiento, de cátedra e investigación.

La presencia del conflicto armado en las universidades públicas del país ha sido una trágica realidad. En el caso de la Universidad Pedagógica hemos sufrido la pérdida de varios miembros de nuestra comunidad, como es el caso del profesor Darío Betancourt Mejía Echeverry, víctima de desaparición forzada el 30 de abril de 1999 en Bogotá y del que solo se hallaron algunos de sus restos en septiembre de ese año; del egresado Carlos Pedraza, integrante del proyecto Nunca Más del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y fundador del proceso social Pensamiento Colectivo, quien fue desaparecido y asesinado en enero de 2015; el caso de Eduardo Loffsner Torres, trabajador y miembro del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, que estuvo detenido entre 1979 y 1983 por su oposición al Estatuto de Seguridad promovido por el gobierno de Julio César Turbay y fue desaparecido en 1986, o el de los estudiantes Lizaida María Ruiz Borja, licenciada en Lenguas Modernas, Daniel Andrés Garzón Riveros y Óscar Danilo Arcos, estudiantes de la licenciatura de Ciencias Sociales, quienes fallecieron en marzo de 2012 por una explosión. Nuestras víctimas están presentes en la construcción histórica y artística de nuestra universidad representada en el patio de la memoria del edificio P y en los murales existentes en la calle 72 y carrera 11 de nuestras instalaciones.

Dentro del Centro de Educación para la Paz (CEPAZ) de la UPN, el cual se encuentra en constitución, se espera gestar la elaboración de un documento que consigne lo ocurrido en cada uno de los casos presentados en la Universidad Pedagógica en el marco del conflicto. El reconocimiento de la verdad permite sanar y necesitamos sanar el dolor para poder transformarlo en decisiones que apunten a la construcción de un mejor futuro y de un mejor país.

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ha acompañado los procesos de investigación, socialización y apropiación desarrollados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición dentro sus funciones legales, con el fin de esclarecer los hechos asociados a desapariciones de personas, asesinatos, estigmatizaciones y persecuciones ocurridas en el marco del conflicto colombiano, con el fin de generar recomendaciones que, en su implementación, permitan la reparación de las víctimas y, sobre todo, la garantía de no repetición de estos hechos que han violado de manera sistemática los derechos fundamentales de los seres humanos en nuestro país.

Como se ha establecido en el Decreto 588 de 2017 de la Presidencia de la República, esta Comisión está pensada en el marco de la finalización del conflicto armado y de la construcción de una paz justa y duradera, estando también enmarcada en la ley de justicia restaurativa. Su trabajo ha sido arduo, sistemático y actualmente se encuentra en etapa de cierre. Su continuidad dependerá de la voluntad política del Gobierno o de la Corte Constitucional para apoyar e impulsar esta importante iniciativa de manera permanente. Por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en el que solicita extender siete meses la vigencia de la Comisión, considerando que el periodo de esta institución va hasta noviembre de este año.

La UPN, en coherencia con su compromiso histórico en la construcción de una sociedad con justicia social y en paz, se unió al ejercicio que ha venido desarrollando la Comisión; en ese sentido, el año pasado tuvimos la oportunidad de ser los anfitriones del evento Conversando de verdad, que tuvo como centro el análisis de varios casos como los falsos positivos, la muerte de jóvenes por parte de las Farc, el caso de uno de nuestros egresados asesinado por paramilitares, entre otras violaciones de derechos ocurridos en el país.

Este año, entre el 1° y el 3 de septiembre, la Comisión de la Verdad propició el encuentro El conflicto armado en las universidades: generaciones que no se rinden, desarrollado en la Universidad Industrial de Santander con el objetivo de entregar un informe sobre las afectaciones que han vivido profesores, estudiantes y trabajadores de las universidades públicas de Colombia, como un capítulo especial en donde se destaca la estigmatización de la universidad pública, el papel de los movimientos estudiantiles, las desapariciones y asesinatos de líderes estudiantiles, profesorales y de trabajadores ocurridos desde la década del 60 del siglo pasado hasta el 2011.

El reconocimiento de la verdad y las situaciones ocurridas en el conflicto interno del país que han afectado a las universidades y sus comunidades resulta fundamental para la restitución de las víctimas y para la garantía de no repetición. En este ejercicio, las universidades necesitamos emprender apuestas estratégicas vinculadas directamente con nuestras tareas misionales de docencia, investigación y proyección social, como una manera concreta de avanzar hacia la construcción de la paz justa y duradera con la que todos soñamos.

En tal sentido, consideramos que un primer elemento de acción está relacionado con la investigación y la generación de conocimiento, pues es necesario apoyar y fortalecer los grupos que trabajan las temáticas de historia, memoria, conflicto y verdad, rescatando fuentes documentales y testimonios que nos permiten comprender las causas estructurales del conflicto, que han derivado en persecuciones, estigmatizaciones y restricciones de las libertades democráticas de los estamentos de nuestras comunidades universitarias. Es necesario continuar apoyando a los profesores y grupos de investigación para que puedan robustecer el trabajo que nos posibilite seguir consolidando la verdad que requiere el país, pero, además, reconocer que investigadores y profesores también han sufrido la estigmatización, la persecución, desaparición e incluso la muerte.

Un segundo elemento está relacionado con fortalecer los procesos formativos que se llevan a cabo en cada una de nuestras instituciones, que se alimentan de estos estudios; es decir, potencializar las cátedras existentes en nuestras universidades orientadas hacia la paz y la memoria. Es necesario que, como instituciones públicas de educación superior, continuemos invirtiendo en esas cátedras de paz y de formación, las cuales pueden nutrirse de los informes y documentos producidos por la Comisión de la Verdad, para que estos sean considerados como referentes en las transformaciones curriculares de los distintos programas de formación de los profesionales de nuestro país. Esta formación no se limita únicamente a lo disciplinar, siendo necesaria la formación política y el pensamiento crítico.

Un tercer elemento a tener en cuenta consiste en la articulación de la formación y la investigación con los problemas de las comunidades en sus territorios. Precisamente, una de las causas de la persecución, estigmatización y muerte ha sido que los estudiantes y profesores han luchado partiendo de las realidades y necesidades de los diferentes contextos; es necesario continuar aportando a las diversas comunidades del país en la defensa de la vida digna y la justicia social.

Estos tres elementos son esenciales para que los aportes de la Comisión de la Verdad permeen la cultura política de la vida universitaria y enriquezcan la razón de ser de la universidad como escenario plural y democrático, en el cual es posible discutir libremente los complejos problemas del país, ofreciendo alternativas de transformación. Lo anterior implica defender la autonomía universitaria, la libertad de pensamiento, de cátedra e investigación.

La presencia del conflicto armado en las universidades públicas del país ha sido una trágica realidad. En el caso de la Universidad Pedagógica hemos sufrido la pérdida de varios miembros de nuestra comunidad, como es el caso del profesor Darío Betancourt Mejía Echeverry, víctima de desaparición forzada el 30 de abril de 1999 en Bogotá y del que solo se hallaron algunos de sus restos en septiembre de ese año; del egresado Carlos Pedraza, integrante del proyecto Nunca Más del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y fundador del proceso social Pensamiento Colectivo, quien fue desaparecido y asesinado en enero de 2015; el caso de Eduardo Loffsner Torres, trabajador y miembro del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, que estuvo detenido entre 1979 y 1983 por su oposición al Estatuto de Seguridad promovido por el gobierno de Julio César Turbay y fue desaparecido en 1986, o el de los estudiantes Lizaida María Ruiz Borja, licenciada en Lenguas Modernas, Daniel Andrés Garzón Riveros y Óscar Danilo Arcos, estudiantes de la licenciatura de Ciencias Sociales, quienes fallecieron en marzo de 2012 por una explosión. Nuestras víctimas están presentes en la construcción histórica y artística de nuestra universidad representada en el patio de la memoria del edificio P y en los murales existentes en la calle 72 y carrera 11 de nuestras instalaciones.

Dentro del Centro de Educación para la Paz (CEPAZ) de la UPN, el cual se encuentra en constitución, se espera gestar la elaboración de un documento que consigne lo ocurrido en cada uno de los casos presentados en la Universidad Pedagógica en el marco del conflicto. El reconocimiento de la verdad permite sanar y necesitamos sanar el dolor para poder transformarlo en decisiones que apunten a la construcción de un mejor futuro y de un mejor país.

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.