Los derechos humanos en Colombia: nuevamente en alerta roja
Durante los últimos dos meses nuestro país ha presenciado una movilización social histórica y sin precedentes. Las medidas de confinamiento, restricciones establecidas a causa de la pandemia, así como el temor y riesgo al contagio del COVID-19 no lograron impedir que miles de jóvenes, trabajadores, indígenas y campesinos en diferentes lugares del territorio nacional alzaran sus voces de protesta en contra de proyectos de ley que no responden a las necesidades de la población, exigiendo de manera paralela la garantía de derechos fundamentales. No obstante, la respuesta de la Fuerza Pública para imponer el orden y disolver las manifestaciones, así como la apatía del Gobierno nacional para reconocer, atender y detener esas situaciones han encendido las alarmas a nivel nacional e internacional sobre la difícil situación que atraviesa el país en materia de derechos humanos.
Los datos de organizaciones sociales que han realizado seguimiento a estas situaciones indican que entre el 28 de abril y el 26 de junio del 2021 ocurrieron al menos 4.687 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública, dentro de los que se contemplan 44 homicidios cuyo presunto agresor es un miembro de la Fuerza Pública y otros 29 en proceso de verificación, 1.617 víctimas de violencia física, 82 víctimas de agresiones oculares, 228 víctimas de disparos de arma de fuego, 28 víctimas de violencia sexual, 9 víctimas de violencia basada en género, 2.005 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 784 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas y 35 casos de uso de armas Venom por parte del Esmad.
En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó entre el 8 y el 10 de junio una visita de trabajo en nuestro país, con el fin de observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril. Durante la visita, la Comisión se reunió con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, incluyendo autoridades gubernamentales de distintos niveles de los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; representantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, agrupaciones, sindicatos y otros representantes de sectores afectados por las protestas.
Dentro de los hallazgos encontrados, la CIDH expresó su extrema preocupación por la pérdida de vidas en el marco de las protestas, que según fuentes oficiales ascienden a 43 muertes, estando 17 asociadas directamente con las manifestaciones, pero según los reportes de organizaciones sociales la cifra supera los 70 decesos. Al respecto, la comisión destacó especialmente el caso de Lucas Villa, quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir ocho disparos; el de Sebastián Quintero, quien falleció el pasado 15 de mayo en Popayán, tras recibir el impacto de una granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de la Fuerza Pública, y el de Jhon Erik Larrahondo, quien murió en Cali el 23 de mayo por el accionar de un arma de fuego.
En suma, la CIDH alertó sobre la gravedad de las denuncias de personas que permanecen desaparecidas, sobre todo cuando algunas de las 276 reportadas han aparecido sin vida, citando el caso del líder social Cristian Torres, quien apareció muerto el 14 de mayo en el municipio de Leiva, en el departamento de Nariño. De igual manera, expresó su preocupación por los actos de violencia sexual, agresiones físicas contra civiles, el uso excesivo de la fuerza y la utilización inadecuada del armamento antidisturbios en contra de los manifestantes. Asimismo, condenó los actos violentos contra agentes del Estado, los eventos vandálicos que produjeron cuantiosas pérdidas materiales, así como los ataques a misiones médicas que interfirieron con la atención oportuna de pacientes en estado crítico, citando particularmente el caso del fallecimiento de la bebé que se transportaba en una ambulancia detenida y que no pudo ser trasladada oportunamente el 23 de mayo en la ciudad de Buenaventura.
La CIDH rechazó de manera categórica la estigmatización de la protesta social y, especialmente, de los manifestantes pertenecientes a pueblos étnicos e integrantes de la minga indígena, quienes fueron agredidos con armas de fuego por civiles el 9 de mayo en Cali. Recordó el importante papel de los medios de comunicación, así como el que reviste el derecho de reunión para el funcionamiento de la democracia, haciendo un llamado sobre la necesidad de tolerar las perturbaciones de la vida cotidiana que se puedan generar, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia el derecho de reunión pacífica, ya que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación, no convierte en violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas.
De igual manera, cuando esas perturbaciones se prolonguen en el tiempo, resaltó la necesidad de que el Estado asuma una postura que facilite los mecanismos de diálogo, contemplando como última opción el uso de la fuerza, por lo que la Comisión llama al Gobierno colombiano a establecer canales de comunicación efectivos que permitan tramitar los conflictos, así como a investigar con diligencia todos los casos de violencia de parte de la Fuerza Pública, a fin de sancionar debidamente a los responsables y restituir oportunamente a las víctimas.
Es importante recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sucedió en un contexto en el que millones de personas habían muerto a causa de la Segunda Guerra Mundial y muchos de los sobrevivientes se encontraban en extrema pobreza y sin hogar. Así, esta declaratoria ha buscado la construcción de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia, defendiendo que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Colombia, como país miembro de las Naciones Unidas, ha asumido el compromiso de promover los derechos humanos en su población, hecho que se evidenció en la construcción de la Constitución Política de 1991 y que se veía con buenos ojos en el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Sin embargo, como ha pasado en muchos casos, aún hace falta un largo recorrido para que aquello que se encuentra en el papel pueda cumplirse a cabalidad. Este sería el mejor homenaje para conmemorar los 30 años de la Carta Magna que rige el rumbo de nuestra frágil e inconclusa democracia.
* Rector de la Universidad Pedagógica Nacional
Durante los últimos dos meses nuestro país ha presenciado una movilización social histórica y sin precedentes. Las medidas de confinamiento, restricciones establecidas a causa de la pandemia, así como el temor y riesgo al contagio del COVID-19 no lograron impedir que miles de jóvenes, trabajadores, indígenas y campesinos en diferentes lugares del territorio nacional alzaran sus voces de protesta en contra de proyectos de ley que no responden a las necesidades de la población, exigiendo de manera paralela la garantía de derechos fundamentales. No obstante, la respuesta de la Fuerza Pública para imponer el orden y disolver las manifestaciones, así como la apatía del Gobierno nacional para reconocer, atender y detener esas situaciones han encendido las alarmas a nivel nacional e internacional sobre la difícil situación que atraviesa el país en materia de derechos humanos.
Los datos de organizaciones sociales que han realizado seguimiento a estas situaciones indican que entre el 28 de abril y el 26 de junio del 2021 ocurrieron al menos 4.687 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública, dentro de los que se contemplan 44 homicidios cuyo presunto agresor es un miembro de la Fuerza Pública y otros 29 en proceso de verificación, 1.617 víctimas de violencia física, 82 víctimas de agresiones oculares, 228 víctimas de disparos de arma de fuego, 28 víctimas de violencia sexual, 9 víctimas de violencia basada en género, 2.005 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 784 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas y 35 casos de uso de armas Venom por parte del Esmad.
En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó entre el 8 y el 10 de junio una visita de trabajo en nuestro país, con el fin de observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril. Durante la visita, la Comisión se reunió con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, incluyendo autoridades gubernamentales de distintos niveles de los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; representantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, agrupaciones, sindicatos y otros representantes de sectores afectados por las protestas.
Dentro de los hallazgos encontrados, la CIDH expresó su extrema preocupación por la pérdida de vidas en el marco de las protestas, que según fuentes oficiales ascienden a 43 muertes, estando 17 asociadas directamente con las manifestaciones, pero según los reportes de organizaciones sociales la cifra supera los 70 decesos. Al respecto, la comisión destacó especialmente el caso de Lucas Villa, quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir ocho disparos; el de Sebastián Quintero, quien falleció el pasado 15 de mayo en Popayán, tras recibir el impacto de una granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de la Fuerza Pública, y el de Jhon Erik Larrahondo, quien murió en Cali el 23 de mayo por el accionar de un arma de fuego.
En suma, la CIDH alertó sobre la gravedad de las denuncias de personas que permanecen desaparecidas, sobre todo cuando algunas de las 276 reportadas han aparecido sin vida, citando el caso del líder social Cristian Torres, quien apareció muerto el 14 de mayo en el municipio de Leiva, en el departamento de Nariño. De igual manera, expresó su preocupación por los actos de violencia sexual, agresiones físicas contra civiles, el uso excesivo de la fuerza y la utilización inadecuada del armamento antidisturbios en contra de los manifestantes. Asimismo, condenó los actos violentos contra agentes del Estado, los eventos vandálicos que produjeron cuantiosas pérdidas materiales, así como los ataques a misiones médicas que interfirieron con la atención oportuna de pacientes en estado crítico, citando particularmente el caso del fallecimiento de la bebé que se transportaba en una ambulancia detenida y que no pudo ser trasladada oportunamente el 23 de mayo en la ciudad de Buenaventura.
La CIDH rechazó de manera categórica la estigmatización de la protesta social y, especialmente, de los manifestantes pertenecientes a pueblos étnicos e integrantes de la minga indígena, quienes fueron agredidos con armas de fuego por civiles el 9 de mayo en Cali. Recordó el importante papel de los medios de comunicación, así como el que reviste el derecho de reunión para el funcionamiento de la democracia, haciendo un llamado sobre la necesidad de tolerar las perturbaciones de la vida cotidiana que se puedan generar, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia el derecho de reunión pacífica, ya que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación, no convierte en violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas.
De igual manera, cuando esas perturbaciones se prolonguen en el tiempo, resaltó la necesidad de que el Estado asuma una postura que facilite los mecanismos de diálogo, contemplando como última opción el uso de la fuerza, por lo que la Comisión llama al Gobierno colombiano a establecer canales de comunicación efectivos que permitan tramitar los conflictos, así como a investigar con diligencia todos los casos de violencia de parte de la Fuerza Pública, a fin de sancionar debidamente a los responsables y restituir oportunamente a las víctimas.
Es importante recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sucedió en un contexto en el que millones de personas habían muerto a causa de la Segunda Guerra Mundial y muchos de los sobrevivientes se encontraban en extrema pobreza y sin hogar. Así, esta declaratoria ha buscado la construcción de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia, defendiendo que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Colombia, como país miembro de las Naciones Unidas, ha asumido el compromiso de promover los derechos humanos en su población, hecho que se evidenció en la construcción de la Constitución Política de 1991 y que se veía con buenos ojos en el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Sin embargo, como ha pasado en muchos casos, aún hace falta un largo recorrido para que aquello que se encuentra en el papel pueda cumplirse a cabalidad. Este sería el mejor homenaje para conmemorar los 30 años de la Carta Magna que rige el rumbo de nuestra frágil e inconclusa democracia.
* Rector de la Universidad Pedagógica Nacional