Movilización social antirracista e incluyente

Durante las últimas semanas, alrededor del mundo y a pesar de la pandemia, se han presentado múltiples manifestaciones que demandan la garantía de derechos fundamentales para ciudadanos afrodescendientes, el final del racismo y del abuso policial. Aunque en parte el detonante fue la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano asesinado por un oficial blanco en un procedimiento policial en mayo de este año en Minnesota, Estados Unidos, en realidad, la movilización masiva en diferentes ciudades del mundo surgió como una respuesta al racismo estructural, a los constantes actos de discriminación, violencia y marginación de todo tipo que deben soportar los ciudadanos afrodescendientes.

Este clamor desesperado no es reciente, tiene cientos de años de vigencia. Desde el siglo XVI cuando fueron invadidos, secuestrados y traficados como esclavos en barcos transatlánticos, y puestos en el continente americano en donde fueron obligados a trabajar inhumanamente en diversas labores como la agricultura, la construcción, las minas y el servicio doméstico. A lo largo del tiempo las comunidades afrodescendientes han tenido que resistir y buscar vías para tener una vida digna edificando nuevos territorios, como por ejemplo San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de América, fundado por negros cimarrrones que declararon su libertad en el siglo XVII frente al Nuevo Reino de Granada.

Incluso después de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX y de las diferentes luchas no violentas por los derechos civiles y por la igualdad ante la ley para las minorías, a mediados del siglo XX aún era común presenciar eventos de linchamiento a ciudadanos afrodescendientes con motivo de su color de piel. A lo largo de la historia, han sido múltiples las acciones tanto estatales como particulares que han vulnerado la integridad y los derechos fundamentales de los pueblos afrodescendientes, y que se han quedado arraigadas de manera profunda en el lenguaje, la cultura y la organización social de los diferentes países.

Para el caso de Colombia, los procesos de resistencia, originados desde el tiempo de la Colonia con la creación de San Basilio de Palenque y los diferentes movimientos en defensa de los derechos civiles, no han logrado cambiar el profundo comportamiento racista que aún persiste en nuestra sociedad a pesar de nuestro marcado mestizaje. Si bien en la Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993 el Estado reconoce la diversidad étnica presente en los diferentes territorios y garantiza los derechos de estas poblaciones, aún falta mucho para que la materialización de esas leyes sea una realidad en los territorios ribereños y urbanos.

Solo por mencionar algunos datos, en Colombia el 30% de la población afrodescendiente se encuentra en condición de pobreza, el 14,3% es analfabeta, el 20% no cuenta con agua potable, 81% trabaja de manera informal y solo el 50% tiene acceso a servicios de salud. El 12,5% de las víctimas del conflicto armado pertenecen a comunidades afro. Diferentes estudios han demostrado desventajas en el mercado de trabajo relacionadas con el color de piel y la forma del cabello.

Cada una de estas cifras evidencia que la población afrodescendiente, al igual que diferentes comunidades étnicas de nuestro país, se encuentran lejos de tener garantizados sus derechos y de estar en las mismas condiciones para realizar su proyecto de vida. El caso de la educación no es la excepción, pues desafortunadamente continúa siendo marcada por la exclusión, especialmente de las minorías étnicas, sociales y culturales.

En ese escenario, la universidad como institución académica debe ser un escenario de reflexión, de análisis, pero sobre todo de movilización de transformaciones culturales y sociales que permitan que todas las reivindicaciones sociales buscadas y “alcanzadas” por estas poblaciones a lo largo de la historia puedan convertirse en una realidad. Es allí también en donde nuestras acciones y normas deben garantizar el acceso y permanencia de estudiantes de comunidades étnicas y poblaciones vulnerables, como una posibilidad real para concretar sus proyectos de vida y para apoyar a sus comunidades.

Así, desde la Universidad Pedagógica Nacional hemos realizado un trabajo arduo para consolidar políticas institucionales que permitan materializar la inclusión de las poblaciones afrocolombiana, indígena, ROM y víctimas del conflicto, el cual fue reconocido por el Ministerio de Educación Nacional en la noche de los mejores en 2018 y muestra una posibilidad para trabajar, como institución académica, por el respeto a la diversidad y rechazar la exclusión, la marginalización y la violencia, mucho más cuando es perpetrada por instituciones o miembros de instituciones que deben defender la vida, la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.

Durante las últimas semanas, alrededor del mundo y a pesar de la pandemia, se han presentado múltiples manifestaciones que demandan la garantía de derechos fundamentales para ciudadanos afrodescendientes, el final del racismo y del abuso policial. Aunque en parte el detonante fue la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano asesinado por un oficial blanco en un procedimiento policial en mayo de este año en Minnesota, Estados Unidos, en realidad, la movilización masiva en diferentes ciudades del mundo surgió como una respuesta al racismo estructural, a los constantes actos de discriminación, violencia y marginación de todo tipo que deben soportar los ciudadanos afrodescendientes.

Este clamor desesperado no es reciente, tiene cientos de años de vigencia. Desde el siglo XVI cuando fueron invadidos, secuestrados y traficados como esclavos en barcos transatlánticos, y puestos en el continente americano en donde fueron obligados a trabajar inhumanamente en diversas labores como la agricultura, la construcción, las minas y el servicio doméstico. A lo largo del tiempo las comunidades afrodescendientes han tenido que resistir y buscar vías para tener una vida digna edificando nuevos territorios, como por ejemplo San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de América, fundado por negros cimarrrones que declararon su libertad en el siglo XVII frente al Nuevo Reino de Granada.

Incluso después de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX y de las diferentes luchas no violentas por los derechos civiles y por la igualdad ante la ley para las minorías, a mediados del siglo XX aún era común presenciar eventos de linchamiento a ciudadanos afrodescendientes con motivo de su color de piel. A lo largo de la historia, han sido múltiples las acciones tanto estatales como particulares que han vulnerado la integridad y los derechos fundamentales de los pueblos afrodescendientes, y que se han quedado arraigadas de manera profunda en el lenguaje, la cultura y la organización social de los diferentes países.

Para el caso de Colombia, los procesos de resistencia, originados desde el tiempo de la Colonia con la creación de San Basilio de Palenque y los diferentes movimientos en defensa de los derechos civiles, no han logrado cambiar el profundo comportamiento racista que aún persiste en nuestra sociedad a pesar de nuestro marcado mestizaje. Si bien en la Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993 el Estado reconoce la diversidad étnica presente en los diferentes territorios y garantiza los derechos de estas poblaciones, aún falta mucho para que la materialización de esas leyes sea una realidad en los territorios ribereños y urbanos.

Solo por mencionar algunos datos, en Colombia el 30% de la población afrodescendiente se encuentra en condición de pobreza, el 14,3% es analfabeta, el 20% no cuenta con agua potable, 81% trabaja de manera informal y solo el 50% tiene acceso a servicios de salud. El 12,5% de las víctimas del conflicto armado pertenecen a comunidades afro. Diferentes estudios han demostrado desventajas en el mercado de trabajo relacionadas con el color de piel y la forma del cabello.

Cada una de estas cifras evidencia que la población afrodescendiente, al igual que diferentes comunidades étnicas de nuestro país, se encuentran lejos de tener garantizados sus derechos y de estar en las mismas condiciones para realizar su proyecto de vida. El caso de la educación no es la excepción, pues desafortunadamente continúa siendo marcada por la exclusión, especialmente de las minorías étnicas, sociales y culturales.

En ese escenario, la universidad como institución académica debe ser un escenario de reflexión, de análisis, pero sobre todo de movilización de transformaciones culturales y sociales que permitan que todas las reivindicaciones sociales buscadas y “alcanzadas” por estas poblaciones a lo largo de la historia puedan convertirse en una realidad. Es allí también en donde nuestras acciones y normas deben garantizar el acceso y permanencia de estudiantes de comunidades étnicas y poblaciones vulnerables, como una posibilidad real para concretar sus proyectos de vida y para apoyar a sus comunidades.

Así, desde la Universidad Pedagógica Nacional hemos realizado un trabajo arduo para consolidar políticas institucionales que permitan materializar la inclusión de las poblaciones afrocolombiana, indígena, ROM y víctimas del conflicto, el cual fue reconocido por el Ministerio de Educación Nacional en la noche de los mejores en 2018 y muestra una posibilidad para trabajar, como institución académica, por el respeto a la diversidad y rechazar la exclusión, la marginalización y la violencia, mucho más cuando es perpetrada por instituciones o miembros de instituciones que deben defender la vida, la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.