La universidad moderna instaurada a partir del siglo XIX se caracteriza por incorporar a su razón de ser la investigación científica y por tanto la producción de conocimiento, lo cual es posible gracias a la libertad de pensamiento y la capacidad de creación e invención. De esta forma, se abrió paso a un espectro mucho más amplio que la enseñanza de determinados saberes que constituyó el origen de la universidad entre los siglos XII y XIII.
La esencia de la universidad es la investigación, la construcción de conocimiento sobre los problemas de la humanidad. Tales conocimientos deben orientar los procesos formativos que se adelantan en programas de pregrado y posgrado. Es desafortunado e incoherente pensar que la enseñanza o las técnicas son las que orientan la investigación. En este marco de ideas, se puede analizar la inconveniencia del actual proyecto de ley número 195 de 2019 del Senado “Por medio del cual institutos y centros de investigación reconocidos por Colciencias, estarán autorizados a obtener registro calificado de programas académicos de maestría y doctorado y se dictan otras disposiciones”. Proyecto que desconoce la trayectoria de la universidad en materia investigativa para fundamentar y orientar la formación en programas de maestría y doctorado.
Si bien es cierto que el senador Carlos Andrés Trujillo González presentó dicho proyecto basado en un diagnóstico de la situación actual del país, haciendo alusión al rezago de la formación doctoral en Colombia frente a otros países del mundo, donde cuentan con 25 doctores por cada 100.000 habitantes, sin embargo, no tiene en cuenta que las universidades públicas en Colombia han realizado ingentes esfuerzos para aumentar la formación doctoral que registró un incremento entre el periodo 2014-2017 de un 532%, pasando de 609 estudiantes a 3.849. En el caso de los programas de maestría el aumento es de 292% pasando de 6.544 estudiantes a 25650. En el mismo periodo la universidad pública pasó de 834 grupos de investigación reconocidos por Colciencias a 2555. Las revistas indexadas aumentaron en un 63%.
Los indicadores anteriores hacen parte de los procesos de acreditación de alta calidad de instituciones y programas de posgrado que evidencia que las capacidades investigativas y por tanto formativas están en la universidad, no son una condición per se de institutos o centros aislados.
El proyecto de ley busca trasladar la oferta del servicio educativo a los centros e institutos de investigación reconocidos por Minciencias, bajo el argumento de la alta calidad científica que tales escenarios poseen, en lugar de fortalecer la capacidad financiera de las universidades. Dicha propuesta no tiene en consideración que tal calidad puede ser en capacidades científicas instaladas, como personal e infraestructura, pero no en capacidad para la formación de nuevos investigadores.
La investigación en las universidades no solo depende de la investigación de calidad o de la formación de investigadores, sino también de la docencia de la cual se nutre en una doble vía, lo que sin duda soporta el saber científico y técnico. Además, el vínculo entre investigación y docencia favorece el diálogo entre diferentes áreas del conocimiento y disciplinas, lo cual contribuye a la formación de futuros investigadores con una perspectiva integral e interdisciplinaria que les posibilita actuar sobre problemáticas complejas que demandan de respuestas oportunas y apropiadas. Además, en las universidades se materializan tres funciones claves: formación, investigación y extensión, lo que permite establecer un vínculo entre generación, apropiación y proyección social del conocimiento.
Por ello, la posibilidad de que los centros independientes de las universidades puedan ofrecer maestrías y doctorados no garantiza que las condiciones formativas sean las más adecuadas y, a nivel macro, contribuiría a una mayor desfinanciación de las universidades que verían la poca demanda que hay para el nivel posgradual desplazarse a centros que, en apariencia, cobran una matrícula más accesible.
A su vez, bajar los costos de la educación posgradual, pone en riesgo la calidad de la formación de los investigadores, la cual se busca fortalecer. Este tipo de competencia aumentaría el estado de crisis por el que atraviesa la universidad pública.
Las universidades públicas del país hemos presentado un importante crecimiento en relación al campo investigativo, aportando de manera significativa al desarrollo de proyectos de envergadura nacional e internacional que contribuyen a solucionar los problemas del país, a pesar de las limitaciones financieras producto del desfinanciamiento al que hemos estado abocadas a partir de la Ley 30 de 1992. Adicionalmente, hemos realizado un trabajo importante para la acreditación de programas de maestría y doctorado, así como la acreditación institucional, que pone de presente el cumplimiento de las exigencias de calidad establecidas por el Consejo Nacional de Acreditación, reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, lo cual no es equivalente a las posibilidades que tendría un centro o instituto para acceder a dichos procesos. Incluso, existen programas de maestría y doctorado que han avanzado aún más en acreditaciones internacionales y proceso de doble titulación, que se hacen posibles gracias a la trayectoria académica e investigativa de las instituciones a las que pertenecen.
En esa medida, el fortalecimiento y proyección de la investigación en el país no depende de la apertura de oferta posgradual de dudosa calidad, sino de la posibilidad de fortalecer a las instituciones de educación superior que, con esfuerzo, logran las condiciones de calidad necesarias para ofertar maestrías y doctorados. En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, por ejemplo, nuestro Doctorado Interinstitucional en Educación logró tener el mayor grado de reconocimiento con acreditación de alta calidad por un tiempo de 10 años. Este logro fue fruto del inmenso trabajo desarrollado por la comunidad académica durante años.
En ese sentido, como rector de la Universidad Pedagógica Nacional y como miembro del Sistema Universitario Estatal (SUE) insto a que se propongan iniciativas que contribuyan con la formación avanzada de los colombianos en los programas de posgrado, partiendo de la trayectoria académica y formativa que tienen las universidades en el país, fortaleciendo el cumplimiento de su misión.
* Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.
La universidad moderna instaurada a partir del siglo XIX se caracteriza por incorporar a su razón de ser la investigación científica y por tanto la producción de conocimiento, lo cual es posible gracias a la libertad de pensamiento y la capacidad de creación e invención. De esta forma, se abrió paso a un espectro mucho más amplio que la enseñanza de determinados saberes que constituyó el origen de la universidad entre los siglos XII y XIII.
La esencia de la universidad es la investigación, la construcción de conocimiento sobre los problemas de la humanidad. Tales conocimientos deben orientar los procesos formativos que se adelantan en programas de pregrado y posgrado. Es desafortunado e incoherente pensar que la enseñanza o las técnicas son las que orientan la investigación. En este marco de ideas, se puede analizar la inconveniencia del actual proyecto de ley número 195 de 2019 del Senado “Por medio del cual institutos y centros de investigación reconocidos por Colciencias, estarán autorizados a obtener registro calificado de programas académicos de maestría y doctorado y se dictan otras disposiciones”. Proyecto que desconoce la trayectoria de la universidad en materia investigativa para fundamentar y orientar la formación en programas de maestría y doctorado.
Si bien es cierto que el senador Carlos Andrés Trujillo González presentó dicho proyecto basado en un diagnóstico de la situación actual del país, haciendo alusión al rezago de la formación doctoral en Colombia frente a otros países del mundo, donde cuentan con 25 doctores por cada 100.000 habitantes, sin embargo, no tiene en cuenta que las universidades públicas en Colombia han realizado ingentes esfuerzos para aumentar la formación doctoral que registró un incremento entre el periodo 2014-2017 de un 532%, pasando de 609 estudiantes a 3.849. En el caso de los programas de maestría el aumento es de 292% pasando de 6.544 estudiantes a 25650. En el mismo periodo la universidad pública pasó de 834 grupos de investigación reconocidos por Colciencias a 2555. Las revistas indexadas aumentaron en un 63%.
Los indicadores anteriores hacen parte de los procesos de acreditación de alta calidad de instituciones y programas de posgrado que evidencia que las capacidades investigativas y por tanto formativas están en la universidad, no son una condición per se de institutos o centros aislados.
El proyecto de ley busca trasladar la oferta del servicio educativo a los centros e institutos de investigación reconocidos por Minciencias, bajo el argumento de la alta calidad científica que tales escenarios poseen, en lugar de fortalecer la capacidad financiera de las universidades. Dicha propuesta no tiene en consideración que tal calidad puede ser en capacidades científicas instaladas, como personal e infraestructura, pero no en capacidad para la formación de nuevos investigadores.
La investigación en las universidades no solo depende de la investigación de calidad o de la formación de investigadores, sino también de la docencia de la cual se nutre en una doble vía, lo que sin duda soporta el saber científico y técnico. Además, el vínculo entre investigación y docencia favorece el diálogo entre diferentes áreas del conocimiento y disciplinas, lo cual contribuye a la formación de futuros investigadores con una perspectiva integral e interdisciplinaria que les posibilita actuar sobre problemáticas complejas que demandan de respuestas oportunas y apropiadas. Además, en las universidades se materializan tres funciones claves: formación, investigación y extensión, lo que permite establecer un vínculo entre generación, apropiación y proyección social del conocimiento.
Por ello, la posibilidad de que los centros independientes de las universidades puedan ofrecer maestrías y doctorados no garantiza que las condiciones formativas sean las más adecuadas y, a nivel macro, contribuiría a una mayor desfinanciación de las universidades que verían la poca demanda que hay para el nivel posgradual desplazarse a centros que, en apariencia, cobran una matrícula más accesible.
A su vez, bajar los costos de la educación posgradual, pone en riesgo la calidad de la formación de los investigadores, la cual se busca fortalecer. Este tipo de competencia aumentaría el estado de crisis por el que atraviesa la universidad pública.
Las universidades públicas del país hemos presentado un importante crecimiento en relación al campo investigativo, aportando de manera significativa al desarrollo de proyectos de envergadura nacional e internacional que contribuyen a solucionar los problemas del país, a pesar de las limitaciones financieras producto del desfinanciamiento al que hemos estado abocadas a partir de la Ley 30 de 1992. Adicionalmente, hemos realizado un trabajo importante para la acreditación de programas de maestría y doctorado, así como la acreditación institucional, que pone de presente el cumplimiento de las exigencias de calidad establecidas por el Consejo Nacional de Acreditación, reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, lo cual no es equivalente a las posibilidades que tendría un centro o instituto para acceder a dichos procesos. Incluso, existen programas de maestría y doctorado que han avanzado aún más en acreditaciones internacionales y proceso de doble titulación, que se hacen posibles gracias a la trayectoria académica e investigativa de las instituciones a las que pertenecen.
En esa medida, el fortalecimiento y proyección de la investigación en el país no depende de la apertura de oferta posgradual de dudosa calidad, sino de la posibilidad de fortalecer a las instituciones de educación superior que, con esfuerzo, logran las condiciones de calidad necesarias para ofertar maestrías y doctorados. En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, por ejemplo, nuestro Doctorado Interinstitucional en Educación logró tener el mayor grado de reconocimiento con acreditación de alta calidad por un tiempo de 10 años. Este logro fue fruto del inmenso trabajo desarrollado por la comunidad académica durante años.
En ese sentido, como rector de la Universidad Pedagógica Nacional y como miembro del Sistema Universitario Estatal (SUE) insto a que se propongan iniciativas que contribuyan con la formación avanzada de los colombianos en los programas de posgrado, partiendo de la trayectoria académica y formativa que tienen las universidades en el país, fortaleciendo el cumplimiento de su misión.
* Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.