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La inclusión se ha convertido, en los últimos años, en un tema de interés nacional, centro del debate en varios escenarios del país para crear, desarrollar y mantener políticas que permitan la construcción de una sociedad más equitativa y justa. Pese a todos los esfuerzos, no ha sido posible garantizar que todos los grupos poblacionales, sin importar su condición física y social, gocen de las mismas oportunidades para integrarse y participar como ciudadanos.
Nuestra sociedad aún no ha superado el paradigma de la discapacidad, perpetuando procesos discriminatorios y estigmatizadores hacia aquellos grupos históricamente marginados. Muestra de ello es el reciente caso de discriminación contra el doctor Juan Carlos Jaime Fajardo, un profesional y académico con la más alta formación que, en lugar de ser motivo de orgullo para la institución donde labora por su capacidad intelectual y ejemplar superación, fue menospreciado y excluido a causa de su limitación visual, acto de persecución ante el cual la Universidad Pedagógica Nacional expresó su más profundo rechazo y solicitó a las autoridades educativas del Distrito Capital corregir la equivocada medida proferida por la institución educativa.
Combatir la exclusión no trata solamente de la reducción de la pobreza y la desigualdad social, sino también implica la creación de herramientas que atiendan las necesidades de grupos con condiciones específicas, permitiéndoles construir un proyecto de vida digno y acorde con sus capacidades. Asimismo, envuelve aspectos culturales referidos a cómo concebimos a los otros y cómo nos relacionamos con aquellos que consideramos diferentes, siendo este un aspecto crucial que debemos continuar trabajando y en el que la educación asume un papel primordial.
En ese sentido, es un deber ético aportar a la construcción de una sociedad inclusiva, en la cual no sólo se cuente con los recursos y herramientas necesarios para garantizar la formación de todas las personas, sino donde también se construya una cultura del cuidado y el respeto por el otro.
Esta apuesta concierne a todos los niveles de formación. Es por ello que en el contexto universitario, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) planteó el Acuerdo 2034, que considera la educación inclusiva como uno de los pilares para proyectar el sistema de educación superior, incrementar las tasas de accesibilidad, permanencia y graduación de su población estudiantil y disminuir sus altas tasas de deserción.
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), consciente de su papel no solo en la formación profesional de los maestros, sino de su rol como referencia en materia de educación, ha asumido con responsabilidad social el desafío de formar educadores que provienen de grupos étnicos, víctimas del conflicto armado, personas con limitaciones auditivas, visuales, físicas y/o motoras, habitantes de frontera, campesinos, entre otros, para crear ambientes de aprendizaje inclusivos con impacto social. En concordancia, ha formulado políticas incluyentes de admisión, mediante los Acuerdos del Consejo Académico 017 de 2017 y 008 de 2018, por los cuales establece el proceso de admisión para aspirantes pertenecientes a esos grupos.
La UPN también ha generado estrategias focalizadas para atender poblaciones con necesidades concretas. Un ejemplo de ello es el desarrollo del proyecto Manos y Pensamiento que, basado en las leyes 324 de 1996, 982 de 2005, 1346 de 2009 y el Decreto 1618 de 2013, propone una alternativa apropiada para la atención de estudiantes sordos y ofrece recomendaciones a los docentes, buscando de esta manera facilitar la interacción y comunicación de estos estudiantes con la comunidad universitaria. Allí se reconoce igualmente a los estudiantes sordos como integrantes de una cultura que cuenta con su propia lengua, signos e identidad y que debe ser respetada y valorada como tal. Existen otros grupos de investigación y experiencias significativas en la institución que dan cuenta del compromiso académico de la formadora de educadores con los procesos de inclusión; clara muestra de ello lo constituye el programa de Licenciatura en Educación Especial que en 50 años ha formado alrededor de 3.000 profesionales competentes en este campo. Asimismo, el Instituto Pedagógico Nacional de la UPN, desde 1968, es pionero en la atención a la población infantil y juvenil con déficit cognitivo y con manifestaciones relacionadas con el síndrome de Down.
La UPN también cuenta con el Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil que realiza un acompañamiento psicológico, psicosocial y emocional a los estudiantes de la Universidad desde una perspectiva de derechos e inclusión que reconoce la diversidad y la dignidad humana como elementos centrales para aumentar la retención escolar y disminuir la deserción de nuestros estudiantes.
Por todo lo anterior la Universidad fue reconocida por el Ministerio de Educación Nacional como una institución de educación superior que fomenta la educación inclusiva, galardón entregado en la Noche de los Mejores el pasado 10 de diciembre de 2018. Pero más allá de tan merecido reconocimiento público, los inmensos esfuerzos de nuestra institución buscan contribuir de forma efectiva a la construcción de una sociedad incluyente, en la que todos tengan acceso a educación de alta calidad, respetando la diversidad y los derechos fundamentales que les asisten a los ciudadanos.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.