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La imposición de sanciones severas como la expulsión o la revocatoria de los grados cuando se descubre el plagio académico —así sea la copia textual de una sola frase o un párrafo parafraseado sin atribución al autor original— debería ser un trámite rutinario como tantos otros que hay en las universidades colombianas. Desafortunadamente, no lo es.
En general, me esfuerzo bastante por entender las razones jurídicas enredadas de lo que ocurre en el país, pero en este caso me basta saber que, apelando a quién sabe qué derechos que ni existen ni son fundamentales, los estudiantes cuyos plagios se descubren tienen acceso a recursos legales capaces de forzar jurídicamente a profesores y hasta directivas de las universidades a que las sanciones impuestas sean mínimas o inexistentes. Por lo tanto, aplaudo la decisión de la Universidad Externado de solicitar al Consejo de Estado la revocatoria del título de maestría de la representante Jennifer Arias, actual presidenta de la Cámara de Representantes. Esta no debería ser una decisión difícil ni que requiriera una cierta dosis de valentía, pero en Colombia lo es, y la Universidad merece las calurosas felicitaciones de todos los académicos que son conscientes de la levedad con la cual los estudiantes y sus abogados esperan que se trate el plagio. A esto se une la frustración de intuir que algunos de nuestros mejores estudiantes son cómplices de estas actividades a través de la venta de tesis y trabajos. Más le valdrían a la sociedad con la mitad del talento pero con una conciencia íntegra.
Representante Arias: sus excusas son increíbles y vergonzosas. Especulo que, como sucede con los mentirosos habituales —no puedo evitar recordar a los que han llegado a mi oficina tratando de negar la evidencia que tenía delante de mis ojos—, quizás esté acostumbrada a que cuando miente con suficiente convicción le terminan creyendo. Pero, en esta ocasión, la atrapó el país entero. Renuncie.