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Varios congresistas del Centro Democrático han propuesto una política de bonos escolares que les daría a los estudiantes de colegios públicos los recursos necesarios para matricularse en colegios privados. Rechazar esta propuesta por simple animadversión hacia quienes la hacen (como parece estar sucediendo) sería un error que les costaría el acceso a una mejor educación y a un futuro más próspero a millones de niños, que hoy estudian en escuelas públicas.
En la última década del siglo pasado, el Programa de Ampliación de Cobertura en Educación Secundaria (PACES) otorgó bonos de este tipo a alrededor de 125.000 jóvenes colombianos de estratos 1 y 2. Dado que había más interesados en el programa que cupos, se tomó la decisión de otorgar los bonos a través de una lotería, realizando sin querer un experimento comparable a los llevados a cabo por los ganadores del Premio Nobel en Economía del año pasado, que han transformado la manera de evaluar la efectividad de los programas antipobreza. De hecho, uno de los laureados, Michael Kremer, hizo parte del equipo de investigadores gracias al cual sabemos que los bonos escolares para estudiantes de bajos recursos en Colombia mejoraron el desempeño académico de los niños, aumentaron su probabilidad de graduación y mejoraron sus oportunidades laborales, permitiéndoles obtener ingresos 10 % más altos en la edad adulta que quienes perdieron la lotería. Los ingresos adicionales de estos trabajadores son siete veces mayores que el aumento en costos para el Estado por concepto de los bonos.
Es frecuente –y razonable– dudar de la eficacia de programas similares a este con base en experiencias de otros países, como Estados Unidos, donde los beneficios de involucrar al sector privado en la provisión de educación pública no han sido claros. Pero, en este caso, no necesitamos recurrir a evidencia descontextualizada para formular nuestra política pública: tenemos evidencia de la más alta calidad, proveniente de nuestro país y directamente aplicable a nuestros problemas.