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El nuevo proyecto de reforma tributaria cede ante las exigencias populares y echa para atrás buena parte de los recortes de impuestos a las empresas impulsados por el Gobierno en 2018 y 2019. Pero la concesión llega con un endulzante para los evasores de impuestos más ricos del país: una nueva amnistía (“normalización tributaria”) que les permite regresar a la legalidad a un costo mucho menor que los impuestos que pagaría un contribuyente honesto.
La estrategia varía según el evasor, pero puede funcionar así: una empresa colombiana crea una filial en un paraíso fiscal, donde tributa el 0 % de sus utilidades. La filial le provee servicios falsos a la empresa colombiana, que le generan utilidades que no pagan impuestos. Los servicios falsos se registran como costos de la empresa colombiana, que evade el impuesto del 31 % sobre las utilidades falazmente registradas como costos. Finalmente, la filial consigna el pago de esos servicios ficticios en una cuenta escondida en el exterior. Sabiendo que con cada reforma tributaria viene un borrón y cuenta nueva, el evasor cruza los dedos y se despierta este 20 de julio celebrando el nuevo proyecto de ley: puede contarle al Estado que estaba escondiendo activos en una isla tropical y pagar el 17 % sobre las “utilidades” de la filial del paraíso fiscal. Pero esperen: ¡aún hay más! La base gravable puede ser apenas el 50 % del valor de mercado de los activos ocultos. Es decir, el empresario honesto paga 31 %, mientras que el evasor podría terminar pagando el 8,5 %.
Los pobres no crean empresas en las Islas Caimán, pero se ha demostrado que por lo menos 1.200 de los 3.000 colombianos más ricos le han ocultado activos a la DIAN —y exactamente cero están en la cárcel por ello—. Ojalá las celebraciones patrias nos permitan reflexionar si la existencia de reglas de juego especiales para los más ricos nos acercan a ser el país que queremos.