Jueces con las manos llenas de sangre

Álvaro Torres era un trabajador curtido del Banco de la República. A los 52 años, tenía la costumbre de llamar a casa cada vez que terminaba su jornada laboral para informar que estaba de regreso. El jueves 9 de agosto hizo su última comunicación. Ese día, según su hijo Andrés, después de colgar, tomó la avenida Circunvalar y se encontró con un trancón producto de una manifestación en la Universidad Distrital. Buscó una ruta alterna en su teléfono móvil y este lo llevó hasta el barrio La Paz. Grave error. El mapa lo condujo hacia una calle sin salida, un callejón lleno de grafitis desde donde intentó dar reversa para encontrar suficiente espacio y regresar, pero, según las autoridades, fue abordado por John Anderson Medina, de 23 años, que por robarle le disparó con arma de fuego y lo mató.

A pesar de su corta edad, Medina es un hampón profesional. Es el típico caso del delincuente reincidente en Bogotá. En los archivos reposan antecedentes por los delitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Un jíbaro asesino. Sin embargo, a pesar de su historial, andaba libre por las calles consumiendo droga y desfilando la ropa y los artículos que le robaba a la gente que atracaba.

El punto donde robaron al economista Torres es famoso en Bogotá. Hace más de 30 años, sí, 30 años, es una olla desde donde salen delincuentes a robar a los vehículos que quedan atrapados en los trancones que se producen en la Circunvalar, muchas veces producto de las protestas en la Central o la Distrital. La película es la misma: estudiantes salen a manifestarse, se arma el trancón, salen ladrones con piedras, ladrillos y pistolas; rompen vidrios de vehículos, roban, hieren y matan.

Lo preocupante es lo que sigue, un carrusel del gato y el ratón. La Policía actúa, encuentra a los delincuentes, los detiene y los presenta ante el sistema judicial, pero luego, producto de las leyes y la negligencia, quedan libres.

Los jueces que en el pasado dejaron libre a Medina tienen sus manos untadas de la sangre del economista Torres por haberse fijado en el derecho penal del acto y no en el autor. Pero no son los únicos, la reincidencia en Colombia es endémica. Según cifras de la Secretaría de Bogotá, entre 2013 y mayo del año pasado más de 26.000 personas fueron capturadas reincidiendo en la comisión de delitos y, según la Fiscalía, a escala nacional, uno de cada de tres reincidentes ha repetido actos delincuenciales más de dos veces.

El sistema es tan perverso que, según datos de la DIJIN, hay registros de por lo menos cuatro personas que han sido detenidas y puestas en libertad hasta 52 veces, pasando solo 19 días en prisión porque ya le conocen la comba al palo.

Para no continuar con este carrusel del horror, se requiere una reforma a la justicia urgente. El presidente Duque debe sumar a sus prioridades la elaboración de un nuevo sistema que se concentre en penas reales para los delincuentes, la eliminación de la casa por cárcel, la construcción de nuevos centros penitenciarios, ojalá levantados y manejados por privados, y programas de resocialización. Una reforma que se concentre en verdaderas medidas que contribuyan a la construcción de seguridad ciudadana y no que venga acompañada de micos, como los que tradicionalmente vienen colgados de los cambios imperiosos que necesita nuestra sociedad.

En el caso de Medina, seguramente los jueces se defenderán diciendo que se apegaron a la ley y que no se puede considerar reincidente a una persona que no haya sido condenada. Es hora de que esto empiece a cambiar, pues Colombia no puede seguir siendo el país donde el que la hace no paga.