Sectores del mismo gobierno reconocen que el presupuesto de 2025 se encuentra desfinanciado, lo que ha generado un “forcejeo” natural en el Congreso. Desde el punto de vista económico y fiscal, presupuestos desfinanciados han tenido impactos desastrosos en otros países latinoamericanos. Malas experiencias imposibles de desconocer.
Con lo ocurrido con los ingresos sobreestimados en el presupuesto de 2024 debimos quedar curados. Demasiado pronto estamos en situación similar. Para que el Congreso apruebe el proyecto, el Gobierno ha recurrido a la burda maniobra de sugerir cambiar el techo de la regla fiscal. El instrumento creado por ley para impedir manipulación por parte de este o cualquier gobierno, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal había presentado un juicioso estudio al respecto. Nada de ideología, cálculo avanzado, cibernética o mecánica cuántica. Solo sumas y restas sin adornos como la situación, las calificadoras y los inversionistas exigen.
La economía no es una ciencia exacta, pero cuenta con disciplinas que nos permiten identificar la realidad y proyectar su evolución, como la contabilidad pública y privada, soporte de las Finanzas Públicas. Los principios contables públicos, las leyes de responsabilidad fiscal -como la regla fiscal-, y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) no admiten interpretación.
De aprobarse el presupuesto como se presentó afrontaríamos una espiral de hechos suficientemente probada: 1) aumento en la percepción de riesgo país; 2) alza en las tasas de interés (para compensar el riesgo); 3) fuga de capitales y reducción de la demanda de papeles del Estado; 4) devaluación; e 5) inflación generalizada.
Por ello vale recordar tres experiencias latinoamericanas recientes por parte de gobiernos que se reclamaron progresistas, pintaron pajaritos de oro -presupuestos desfinanciados- y en cambio llevaron sus países a la ruina.
El “default” en Argentina: antes de la crisis del 2001, el gobierno presentó presupuestos que no reflejaban la realidad económica del país, con ingresos inflados y gastos insostenibles. Esto llevó a una crisis de confianza entre los acreedores, quienes comenzaron a vender masivamente los bonos argentinos, lo que disparó las tasas de interés. El país entró en default, lo que generó una profunda recesión y una larga reestructuración de la deuda de la que no ha logrado salir. Luego de narrativas e historias, su capítulo más reciente es el efecto Milei.
Desde 1990 Ecuador enfrentó dificultades fiscales debido a presupuestos irreales y falta de confianza de los acreedores. Esto, combinado con una crisis bancaria, provocó que el país no pudiera cumplir con sus obligaciones de deuda externa. Los inversores internacionales retiraron su apoyo, aumentando las tasas de interés. En el año 2000, Ecuador optó por dolarizar su economía como medida de estabilización, después de una devaluación de la moneda y altos niveles de inflación.
La Venezuela del dictador Maduro presentó presupuestos con expectativas de ingresos muy por encima de lo que la economía podía generar, mientras acumulaba enormes gastos. El desplome de los ingresos del petróleo, principal fuente de recursos, junto con políticas económicas ideologizadas que afectaron la inversión y la actividad económica, llevaron a una caída en la recaudación. Los acreedores se enfrentaron a impagos y reestructuraciones forzadas de deuda, mientras el país cayó en default y la inflación se disparó. El Bolívar no volvió a ser el mismo. 28 % de su población debió migrar.
¿Ingresará Colombia a esta corta lista? ¿Por qué y para qué?