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Hace unos meses la solución a los problemas de Colombia era una constituyente. Ahora, finalizando gobierno, es una consulta. Las dos pretenden tapar el caos, la falta de gestión y la corrupción asociada a un gobierno que dilapidó su oportunidad.
Para comenzar los tiempos no le alcanzan. La propuesta de consulta debe ser aprobada por el mismo Senado al que el presidente acusa de bloquearlo. Y por la Corte Constitucional. Si ello es así: ¿qué le hace pensar que la consulta estaría desbloqueada? Existe una razón: cualquiera en Colombia, incluido el presidente en su versión optimista, sabe que perdería cualquier consulta por demolición. Y entonces, de nuevo, ¿por qué la presenta? ¿Encuentra en ella una oportunidad de alterar -mediante la movilización violenta de sus amiguetes a quienes llama “el pueblo”- un calendario electoral en el que -de cumplirse- serían derrotados -él y sus pactos- abrumadoramente?
La propuesta de consulta es un engaño, pero no es inocua: pretende cambiar la agenda política y judicial, al poner sobre la mesa “la consulta” para superar un supuesto “bloqueo” en lugar de responder a las denuncias de corrupción en que se encuentran involucrados sus más altos funcionarios, incluidos el ministro del Interior; la canciller y la violación de topes en la misma elección presidencial. Al declarar el “bloqueo político” intenta descalificar al Congreso para realizar el control político y juzgar al presidente. Se trata de un elaborado engaño. En realidad -y el gobierno lo sabe- perdería cualquier consulta.
La sindicación de “bloqueo” al Congreso es un distractor. En el caso de la reforma a la salud, por ejemplo, el Senado representa el sentimiento ciudadano expresado en todos los estudios -nacionales e internacionales- y encuestas realizadas, sobre las que el gobierno pasó por encima olímpicamente. La destrucción del sistema de salud ha sido evidente como hemos sentido los pacientes. La nacionalización de hecho del sistema, con una mayoría de afiliados que hoy dependen del Estado, debería limitar al gobierno –por elemental vergüenza- para presentar nuevamente cualquier reforma.
¿Constituyente o consulta? En los dos casos, coincide en el método: la movilización popular como amenaza o realidad; “como nosotros sabemos hacerlo”, dijo el presidente, aunque no respete los derechos de los demás, como ya ocurría en el “estallido social”; como observamos la semana pasada con la estatua de Galán, o cuando unas guardias indígenas bien financiadas penetraron en Semana o asaltaron residencias de ciudadanos en Cali. ¿Quién podrá defender a quienes se declaren no petristas; es decir la mayoría de los colombianos? La CIDH, dijo ingenuamente la semana pasada el senador Miguel Ángel Pinto, luego de declarase amenazado con violencia por el propio presidente, haciéndonos recordar el momento en que una turba amedrentó a la Corte Suprema en el proceso de elección de Fiscal.
¿En verdad cree el presidente que en el proceso de consulta las guardias indígenas o incautos estudiantes reverdecerán los laureles del “estallido social” y lavarán la cara de un gobierno liderado por Benedetti, el de los 15.000 millones y sus compañeros o excompañeros que se encuentran en la cárcel o a punto de ingresar; siendo acusados por sus propios colegas, como en el caso del exministro Luis Carlos Reyes o la exconsejera presidencial Sandra Ortiz? En Colombia no hay tantos pendejos como para dejarse embolatar otra vez.