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El más reciente episodio de la disputa entre la canciller y el ministro del Interior inevitablemente recuerda las amenazas de Benedetti a la señora Sarabia acerca de 15.000 millones que -dijo el hoy ministro- ingresaron a la campaña del hoy presidente. Este insiste en que el Consejo Nacional Electoral no lo puede investigar, pese a la decisión previa del Consejo de Estado. La acción de tutela que debe resolver la Corte Constitucional, además de tramitar el derecho legal de un ciudadano – presidente, aunque ya se encuentre finalizando su periodo, cumple la función de medir la temperatura de una Corte a punto de reemplazar a dos de sus miembros.
Cualquiera sea la decisión de la Corte, el manejo de tiempos en la investigación del CNE conduce a una decisión extemporánea. Se han surtido todas las apelaciones, impedimentos, recusaciones y demoras posibles. La paquidermia de esa entidad, conformada por magistrados postulados por diferentes partidos, solo es comparable con la histórica “diligencia” de la Comisión de Acusaciones. Confirma que el presidente no ha tenido oposición real, como se ha sostenido reiteradamente desde esta columna. Si la tuviera seguramente ya la habría ejercido, lo que no ha sucedido pese a tanta “papaya”.
El río ha sonado mucho y sigue sonando, pero las piedras se tiran desde el propio gobierno, como en las peleas Sarabia-Benedetti- Leyva. La oposición la han ejercido los propios funcionarios del gobierno y el entorno cercano al presidente. ¿Serían estos sobre los que advertía de la intención de tumbarlo? ¿Serían los exministros Velasco y Bonilla o la exconsejera Ortiz, en los judiciales por denuncias de sus propios compañeros? Petro no ha tenido una oposición política consistente, pero sus colaboradores parecen competir por perjudicarlo, como el país observó en el consejo de ministros del 4 de febrero. Ello no le ha impedido convertirse en un presidente “quejetas”, un recurso que le funciona con sus incautos seguidores.
El país afronta una crisis fiscal y son inminentes otras de energía y salud pública, a las que el gobierno no ha prestado mayor atención. En cambio el presidente ha sido eficiente al gestionar la llagada de sus alfiles a cargos claves mostrando en ello gran interés y eficiencia. Su amigo Echeverri es nuevo magistrado del CNE y para el caso que nos ocupa, el magistrado Fernández quien fuera jefe jurídico de Petro, es el encargado -sin ruborizarse- de mover la acción de tutela. Ahora el presidente ha ternado a su abogado ante el CNE, doctor Carvajal, para la Corte Constitucional. La acción de tutela se refiere al ejercicio de un derecho. En las actuales circunstancias, es una manera de “calibrar” a la actual Corte.
La Corte Constitucional es, por su esencia, la más política de todas las instancias judiciales. Es el guardián de una Constitución, precisamente, política. Pero sus miembros representan el interés de todos los colombianos y no solo de quien los nominó o seleccionó. A menos que se pretenda transformar en la corte del presidente saliente, quien ha advertido hasta la saciedad que irá hasta donde el pueblo –al que él confunde con su minoría de seguidores- lo lleve, sin advertir que es solo hasta que la Constitución y la ley se lo permitan. Hasta el 7 de agosto del próximo año. Para establecerlo no se necesitan globos sonda. ¿Qué intentará medir el presidente?
