Además de la compleja situación global que afronta una democracia cada vez más asediada por el autoritarismo, el deterioro de los partidos Liberal y Conservador en Colombia es consecuencia de un proceso de varias décadas que pudo comenzar con lo que en su momento se llamó, desprevenidamente, la “operación avispa”. Lo que observamos ahora podría parecerse más a una operación para su liquidación.
Durante el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen comenzamos a tener noticias de rupturas al interior de los partidos históricos, motivadas en intercambios de favores. Entonces aparecía como una situación inédita, luego de la violencia y el Frente Nacional. Sucesivas reformas políticas, inocuas o decididamente perjudiciales, han hecho que esa tendencia, con el paso del tiempo, tienda a empeorar.
La política democrática se refiere a construir consensos entre diferentes intereses. Para alcanzar esos espacios de intersección las partes realizan intercambios; transacciones. En el largo plazo se trata de obtener y mantener equilibrios a partir de reglas. La Constitución y las leyes, de las cuales es parte importante el funcionamiento transparente, libre y autónomo de los partidos.
No se trata de satanizar el intercambio de favores, un proceso más explícito, diáfano y común, en las democracias parlamentarias. Allí se intercambian, de manera pública y transparente, apoyos políticos por asientos en el gabinete, luego de buscar consensos entre programas y principios diversos. Otra cosa es, por supuesto, el intercambio de favores que no persigue el bienestar de los electores sino el enriquecimiento personal o beneficio particular de algunos parlamentarios, un hecho repetido y constatable en la política colombiana. Los partidos se han desecho, pero no por falta de ideas o programas sino por cada vez más novedosas formas de corrupción y ambiciones personales. Las instituciones, los partidos, en cambio, han sido castigados por la opinión quedando con el pecado. El género, claro está, ha sido para algunos congresistas a título personal.
En Colombia nos encontramos en un punto de quiebre en que la tradición, los principios que frecuentemente evocan; la misma historia y los cuerpos directivos de los partidos se encuentran arrinconadas por el poder arrollador del ejecutivo. Un sector importante de los partidos liberal y conservador se ha alineado con el gobierno -el otro histórico partido, el del presupuesto– “por debajo de la mesa” y su jefe pareciera más el ministro Velasco que los directores César Gaviria y Efraín Cepeda, quien debió renunciar para quedarse. Antes que acuerdos programáticos o de principios, o consensos al interior de las bancadas, hemos observado acuerdos fácticos secretos que resultan, a la luz de reglas y principios, inexplicables, en un hecho que podría ser la estocada contra la supervivencia política de las dos colectividades. Los acuerdos por debajo de la mesa, dada la magnitud de intereses y asuntos tratados, solo conducen a la desinstitucionalización.
¿Cuántos electores se alejarán de los partidos que, en la práctica, confrontan principios como el respeto a la participación del sector privado y una supuesta estatización, sin planes ni perspectivas, a ultranza, afectando a una mayoría de ciudadanos como sucede en la proyectada reforma a la salud, de ser aprobada? Cargos y presupuestos serán para los congresistas seducidos al detal, el pasivo les quedará a los partidos que no tienen propietarios sino pasajeros.
En el gobierno del cambio las prácticas de mala política, tantas veces cuestionadas, siguen siendo las mismas, aumentadas. Una larga lista de nuevas embajadas y el manejo discrecional más la concentración en personas y no en instituciones o procesos, del manejo del presupuesto, constituyen la única novedad. Con el tiempo no solo los partidos históricos sino el mismo Pacto Histórico -como ya ocurrió en las elecciones regionales- seguirán recibiendo los dividendos respectivos.
Además de la compleja situación global que afronta una democracia cada vez más asediada por el autoritarismo, el deterioro de los partidos Liberal y Conservador en Colombia es consecuencia de un proceso de varias décadas que pudo comenzar con lo que en su momento se llamó, desprevenidamente, la “operación avispa”. Lo que observamos ahora podría parecerse más a una operación para su liquidación.
Durante el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen comenzamos a tener noticias de rupturas al interior de los partidos históricos, motivadas en intercambios de favores. Entonces aparecía como una situación inédita, luego de la violencia y el Frente Nacional. Sucesivas reformas políticas, inocuas o decididamente perjudiciales, han hecho que esa tendencia, con el paso del tiempo, tienda a empeorar.
La política democrática se refiere a construir consensos entre diferentes intereses. Para alcanzar esos espacios de intersección las partes realizan intercambios; transacciones. En el largo plazo se trata de obtener y mantener equilibrios a partir de reglas. La Constitución y las leyes, de las cuales es parte importante el funcionamiento transparente, libre y autónomo de los partidos.
No se trata de satanizar el intercambio de favores, un proceso más explícito, diáfano y común, en las democracias parlamentarias. Allí se intercambian, de manera pública y transparente, apoyos políticos por asientos en el gabinete, luego de buscar consensos entre programas y principios diversos. Otra cosa es, por supuesto, el intercambio de favores que no persigue el bienestar de los electores sino el enriquecimiento personal o beneficio particular de algunos parlamentarios, un hecho repetido y constatable en la política colombiana. Los partidos se han desecho, pero no por falta de ideas o programas sino por cada vez más novedosas formas de corrupción y ambiciones personales. Las instituciones, los partidos, en cambio, han sido castigados por la opinión quedando con el pecado. El género, claro está, ha sido para algunos congresistas a título personal.
En Colombia nos encontramos en un punto de quiebre en que la tradición, los principios que frecuentemente evocan; la misma historia y los cuerpos directivos de los partidos se encuentran arrinconadas por el poder arrollador del ejecutivo. Un sector importante de los partidos liberal y conservador se ha alineado con el gobierno -el otro histórico partido, el del presupuesto– “por debajo de la mesa” y su jefe pareciera más el ministro Velasco que los directores César Gaviria y Efraín Cepeda, quien debió renunciar para quedarse. Antes que acuerdos programáticos o de principios, o consensos al interior de las bancadas, hemos observado acuerdos fácticos secretos que resultan, a la luz de reglas y principios, inexplicables, en un hecho que podría ser la estocada contra la supervivencia política de las dos colectividades. Los acuerdos por debajo de la mesa, dada la magnitud de intereses y asuntos tratados, solo conducen a la desinstitucionalización.
¿Cuántos electores se alejarán de los partidos que, en la práctica, confrontan principios como el respeto a la participación del sector privado y una supuesta estatización, sin planes ni perspectivas, a ultranza, afectando a una mayoría de ciudadanos como sucede en la proyectada reforma a la salud, de ser aprobada? Cargos y presupuestos serán para los congresistas seducidos al detal, el pasivo les quedará a los partidos que no tienen propietarios sino pasajeros.
En el gobierno del cambio las prácticas de mala política, tantas veces cuestionadas, siguen siendo las mismas, aumentadas. Una larga lista de nuevas embajadas y el manejo discrecional más la concentración en personas y no en instituciones o procesos, del manejo del presupuesto, constituyen la única novedad. Con el tiempo no solo los partidos históricos sino el mismo Pacto Histórico -como ya ocurrió en las elecciones regionales- seguirán recibiendo los dividendos respectivos.