La vida no es un sofisma

Finalizando el periodo presidencial, no tenemos un nuevo sistema, pero la salud de los colombianos está hoy en riesgo por el gobierno. Los resultados están a la vista. Deberían ser suficientes para que el presidente salga de su “jaula de cristal”; se entere de lo que ocurre en dispensarios, clínicas y hospitales y proteja la vida de los colombianos.

El proyecto de reforma ha fracasado por diferentes razones, entre ellas, la carencia de estudios que demostraran su conveniencia siendo imposible hacer tangibles sus costos y beneficios. Desde el comienzo, la propuesta gubernamental contradecía las encuestas y la evidencia. Fracasó, porque antes del chu chu chú, el sistema –con defectos– funcionaba. Fracasó, en razón a que el gobierno no tenía ni tiene capital político, ahora disminuido por la inminencia del fin de su periodo y conocidos escándalos de corrupción. También fracasó porque será difícil encontrar una fórmula superior al aseguramiento solidario, en que se fundamenta el sistema, en sociedades con recursos siempre escasos.

El supuesto de una contradicción entre lo público y lo privado –utilizado como discurso político– ha sido motivo suficiente para proponer la estatización. No lo es, sin embargo, para modelos como la Nueva Gestión Pública y el Gobierno Abierto, que han mejorado la calidad de vida de las personas en todo el mundo, como lo hizo el sistema de salud en Colombia al alcanzar la universalidad. La participación del sector privado en los asuntos públicos ha hecho posibles innumerables objetivos sociales de diferentes tipos de gobierno.

El falso dilema según el cual “la salud es un derecho y no un negocio”, además de engañar a personas con insuficiente información o educación, desconoce enormes realidades. Las empresas obtienen utilidades que han resultado, en innumerables situaciones y países, inferiores a los costos de la ineficiencia y la corrupción en que deviene la mala política. Para no ir más lejos, la escasez de medicamentos y la falta de atención son mucho más notorias hoy en las prestadoras del servicio administradas por el gobierno que en las EPS sobrevivientes cuyo conocimiento y experiencia debe ser aprovechado en lugar de satanizado.

Más que conocer quiénes son los propietarios de las empresas de salud, en lo que parece empeñado el gobierno, a los pacientes les interesa que les presten un buen servicio o, como están las cosas, alguno. Las denuncias por acaparamiento a empresas, que, por su naturaleza, deben tener inventarios de medicamentos, pueden servir como disculpa en una perspectiva electoral, pero no resuelven los problemas.

A cambio de más promesas se requieren medidas de emergencia para conjurar una inminente crisis humanitaria. No debemos permitir que el sistema se termine de destruir. Es posible superar su deterioro financiero, luego de largos periodos de pagos insuficientes, como lo ha reconocido y exigido la Corte Constitucional. La salud pública, contrario a lo que piensa el ministro Jaramillo, no es un problema de este gobierno, si no de Estado, y no se refiere solamente a la salud de sus partidarios, si no de todos los colombianos. A falta de flujo de caja, por la difícil situación de las finanzas públicas a que hemos llegado, el Estado puede convertirse en garante de las deudas del sistema, como comienzo de solución.

El gobierno está descubriendo que administrar un país como Colombia es más complejo que proponer, en abstracto, una revolución. Debe hacerse responsable por lo que ocurre con el sector de la salud. A las personas que requieren tratamientos, medicamentos, exámenes y atención, no les puede responder con más narrativas, historias y discursos. La vida humana es objetiva y tangible. Transcurre más allá de sofismas en las redes. Sin atención médica, la gente no solo puede ser objeto de manipulación por parte de magos y malos políticos: se deteriora y muere.

@herejesyluis