Para afrontar desafíos y problemas propios del gobierno –una compleja tarea que requiere conciliar los ámbitos político, administrativo y social, sin perder el cauce institucional y el sentido de las proporciones- este recurre a la ideología y a la movilización que utilizó para lograr el triunfo electoral, anunciando una estrategia de “radicalización” basada en la creación de nuevas estructuras de poder. ¿Conseguirá con ella las hasta ahora esquivas mayorías en el Congreso o, más bien, las arrollará? ¿Logrará modificar, intempestivamente, normas, procedimientos y tiempos propios del sistema político que permitieron su elección y ahora parecen obstáculos o estorbos?
Ante sus escasos logros, las más recientes decisiones del gobierno, un endurecimiento de sus acciones para colocarse a tono con sus advertencias en la plaza pública, buscan acortar terreno, haciendo uso de la autoridad con que fue investido, pero corriendo el riesgo de excederla. Desde su inicio se ha notado incómodo con las diferentes expresiones de los contrapesos, incluso con los retos propios de administración que debe afrontar cualquier gobierno.
La semana pasada, un Petro que viene enfrentado con periodistas, gremios y medios, debió intentar limar asperezas de nuevo con el Congreso cuyo presidente le solicitó, públicamente, respeto. Por su parte, el presidente de Fedegán, quien le viene acompañando en los diálogos de paz, se vio abocado a reclamar por las características del proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura, “por medio del cual se promueve la movilización y organización campesina por la reforma agraria”.
Partiendo del supuesto según el cual los procedimientos y formas de organización del Estado son insuficientes, se propone la creación de comités municipales y territoriales para la reforma agraria en la perspectiva de convocar a otras organizaciones y sectores populares. Se trata, abiertamente, de nuevas estructuras de poder. El proyecto intenta convocar y financiar, desde el Estado, a la movilización campesina. Una manera de concretar y aglutinar, utilizando los recursos públicos, diferentes formas de presionar al Congreso a otras ramas del poder y a la ciudadanía.
El país necesita una reforma agraria que logre reivindicar los derechos de los campesinos sin atropellar los de los demás, lo que crearía nuevas formas de conflicto. En lugar de confrontar se trata de armonizar diferentes intereses. El decreto, siguiendo el tono de los discursos presidenciales, abre la puerta a la confrontación. En oposición a ello el consenso en democracia suele ser lento, pero pacífico y perdurable.
Hace décadas hemos establecido -también lo hacen los acuerdos de paz- que la solución al problema agrario pasa por la redistribución de tierras. No es fácil conseguir recursos para su financiación o lograr las capacidades de gestión necesarias, pero este no es un problema ideológico sino uno de administración, si partimos del principio de que la Constitución y el derecho a la propiedad deben ser respetados a riesgo de “resucitar” la violencia de los años 50, como advierte el mismo presidente, frecuentemente.
El más grave obstáculo para lograr la “Paz total”, sabemos, no son ni la inexistencia del movimiento campesino, lo que intenta solucionarse por decreto, ni la falta de tierras. Tampoco el evidente retraso tecnológico del sector. Mientras el comercio de drogas sea ilegal y los programas de sustitución de cultivos no igualen su rentabilidad los campesinos llevaran la peor parte. Lamentablemente el decreto no se refiere al asunto. Tampoco apunta a resolver los problemas de administración que hacen dispendioso y lento el proceso de compra de tierras. De acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Tierras, les han ofrecido 764.000 hectáreas factibles de ser compradas, pero solo se han gestionado alrededor de 33.000. Este problema no se soluciona con movilizaciones sino con administración, aunque el proyecto de decreto no lo considere.
Los comités para la defensa de la revolución, en Cuba, o los colectivos chavistas, por cierto, fueron creados, en su momento, con propósitos similares a los que ahora se invocan.
Posdata: La convocatoria al movimiento campesino antes de elecciones, en la que deben involucrarse “todas las entidades de toda la administración”, coincide, por si alguien no lo notó, con las elecciones regionales