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Al iniciar el tercer debate del proyecto de reforma a la salud quienes siguen proponiendo su estatización a ultranza podrían estudiar -si no lo padecieron- el desastre del Seguro Social en el pasado. Pero si ello no resulta suficiente podrían dar una mirada a lo que está ocurriendo con una mayoría de ciudadanos cuya salud hoy se encuentra en manos de decisiones gubernamentales.
Si no es posible que las experiencias, los datos, el criterio de las asociaciones científicas y el sentir de los usuarios se considere y no solo la voluntad de un gobierno sin capital político que ya se encuentra finalizando periodo, valdría la pena pensar en una consulta -como se propuso tantas veces desde esta columna- para preguntar a los colombianos sobre lo que pasó y debe pasar con su sistema de salud. También podría pensarse en aprovechar el espacio de la consulta que ha propuesto el gobierno.
Si ello no ocurre sus consecuencias estarán en el centro de las elecciones de 2026. El presidente saliente y su candidato a reemplazarlo deberán explicar lo sucedido, incluida la renuencia a acatar de manera expedita las decisiones de la Corte Constitucional. Recordemos que los estudios realizados en 2022 y comienzos de 2023 coincidían en que más de un 70 % de colombianos consideraban que el sistema era de aceptable a excelente, una cifra fácilmente contrastable con lo que ocurre ahora.
De acuerdo con cifras oficiales, las entidades en manos del gobierno, es decir las EPS intervenidas -ASMET SALUD, 1.568.000 afiliados; COOSALUD, 3.379.000; EMSSANAR, 1.707.000; FAMISANAR, 2.726.000; NUEVA, 11.649.000; S.O.S. EPS, 749.000; SANITAS, 5.796.000; SAVIA SALUD, 1.665.000- más las que por su naturaleza -regímenes de excepción- se consideran públicas, 2.246.000, representan mucho más de la mitad del total de afiliados al sistema.
No es necesario esperar su estatización formal mediante una nueva ley. Para una mayoría de usuarios sus decisiones están ya en manos oficiales. Las quejas y reclamos, de acuerdo con cifras publicadas por el programa Así Vamos en Salud, se incrementaron un 101 % en 2024, comparado con 2022. En Sanitas y Nueva EPS las quejas aumentaron casi un 50 % luego de su intervención. Por su parte, el número de tutelas aumentó un 34 % en el último año. Al sistema proyectado no le hacen falta más pruebas, aunque es posible consultar a los maestros cuyo régimen especial pretendía convertirse en modelo.
En la intención de transformar el día en noche y la noche en día se ha intentado generalizar el criterio según el cual la participación privada es sinónimo de corrupción. Deliberadamente confunden las utilidades obtenidas por las empresas -fundamento de la sociedad contemporánea y el progreso social en democracia- con actos ilegales, mientras la experiencia nacional y mundial ha demostrado por décadas los beneficios sociales de la participación privada en la ejecución de políticas públicas. Esta participación ha sido promovida y certificada por entidades como la CEPAL, la OEA, la OCDE, la Unión Europea y la ONU.
El sistema, evidentemente, necesita reformas. La crisis financiera lo ha puesto en evidencia. Pero dejarlo en manos de los políticos, al estatizarlo, jamás será una solución. Lo mínimo que podemos esperar de nuestros congresistas, invocando su condición de seres humanos, es que no aprueben una reforma convertida en bandera electorera. Una supuesta disputa entre privatización y estatización o izquierdas vs. derechas para ocultar el boicot a un sistema que, con desequilibrios financieros y otros defectos, funcionaba para una mayoría de colombianos. El colofón de un atropello a la vista de todos.
Posdata: En tiempos del Seguro Social se popularizó entre sus usuarios una historia según la cual un ciudadano llegó al cielo en febrero de 1985.Al registrar su entrada San Pedro, muy serio, le requirió: un momento. Usted figura en el plan celestial para fallecer en 2020, dijo. El usuario respondió: Así es, excelencia, pero usted no conoce la corrupción e ineficiencia del seguro social.
