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Durante tres años los colombianos hemos escuchado cómo los opositores al Acuerdo de Paz han señalado que la JEP es una máquina de producir impunidad. Los más radicales han alegado que con la Jurisdicción Especial para la Paz no habría justicia, pues los responsables de crímenes muy graves no irían a la cárcel. Esa premisa se creó bajo el mito de que la justicia ordinaria había tenido grandes avances en el juzgamiento de los delitos cometidos por la guerrilla y que gran parte de los miembros de las Farc habían sido juzgados y capturados.
Sin embargo, no puede haber nada más alejado de la realidad. La justicia no logró llevar a prisión a los miembros del Secretariado de las Farc, pues ninguno de ellos fue capturado ni estaba cumpliendo su pena en el momento de la firma del Acuerdo de Paz. Pero ello es solo uno de los problemas de la justicia ordinaria. El comienzo de los procesos era una verdadera pesadilla pues no se lograba identificar autores individuales, teniendo en cuenta que las incursiones de las Farc se realizaban con escuadras de muchos hombres, sin que se pudiera establecer quién disparó, quién dio la orden y quiénes participaron. La violencia en los territorios hizo que fuera casi imposible recaudar pruebas, realizar exhumaciones y obtener testimonios. Y, por si fuera poco, la mayoría de fiscales y jueces en los territorios estaban fuertemente amenazados y muchos de ellos fueron asesinados o desplazados antes de emitir decisiones contundentes. El resultado de estas dificultades de la justicia es evidente: en 50 años de investigaciones judiciales los logros en verdad, justicia y reparación fueron muy escasos.
La paradoja de esta situación es que, gracias a la supuesta máquina de impunidad de la JEP, por fin se están empezando a develar miles de crímenes cometidos por las Farc y la fuerza pública. Los hallazgos de decenas de fosas comunes en toda Colombia demuestran que en materia de desapariciones la JEP ha hecho más en unos meses que la justicia ordinaria en muchos años. Pero los avances no solo son en ese punto. Los miembros del Secretariado de las Farc, que nunca habían siquiera pisado un estrado judicial, ya están empezando a reconocer su participación en crímenes muy graves y están revelando quiénes fueron los ejecutores materiales y los autores intelectuales de secuestros, asesinatos y desplazamientos.
Las víctimas, que durante décadas fueron excluidas de los procesos judiciales, por fin se están escuchando en las regiones más apartadas de Colombia y, pese a que hay que hacer ajustes, los primeros avances se empiezan a notar. Ver a indígenas, campesinos y afrodescendientes que sufrieron profundamente el conflicto yendo a audiencias sobre los delitos que sufrieron es algo que no se veía en la justicia ordinaria.
La semana pasada salió el informe de la Fiscalía de la CPI sobre Colombia y señala esta situación. Mientras poco o nada dice de la justicia ordinaria, le dedica muchas páginas a analizar punto por punto todos los avances de la JEP y resalta los retos que tiene el próximo año. La propia fiscal Bensouda, quien para los opositores del Acuerdo era el coco de la justicia transicional, acepta el trabajo de la JEP y resalta sus avances.
La paradoja de esta situación es que la que para muchos era una máquina de impunidad está descubriendo la impunidad de la justicia ordinaria. Cada semana se está anunciando el descubrimiento de nuevas fosas, cadáveres y confesiones que no habrían sido posibles en un proceso ordinario, lo que demuestra que hay que darle la oportunidad a la JEP para que muestre resultados.