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En solo tres años la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no solo está obteniendo más resultados en la revelación de los hechos del conflicto armado que los que dio la justicia ordinaria en medio siglo, sino que además está moviendo procesos que llevaban décadas durmiendo el sueño de los injustos.
Hace unos años los detractores del proceso de paz sacaban pecho diciendo que la JEP sería una máquina de impunidad frente al descomunal trabajo que había realizado la justicia ordinaria para investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el conflicto. Quizá lo pensarían frente a la justicia de Estados Unidos, de Suiza o de Suecia, porque la realidad es que en Colombia las cifras oficiales indican que el nivel de impunidad llega a más del 90 %.
En su más reciente informe, la Corporación Excelencia por la Justicia ha revelado que el 74 % de las denuncias se archivan, es decir, que quedan en la impunidad. Del resto apenas se profiere sentencia condenatoria en el 2 % de los casos. Es decir que o los colombianos somos mentirosos compulsivos que denunciamos hechos falsos en el 98 % de los casos, o definitivamente la impunidad es la regla. Los casos representativos confirman esta cruda realidad: ni siquiera se ha logrado establecer quiénes fueron los autores intelectuales de los asesinatos de Rafael Uribe, Jorge Eliecer Gaitán, Guadalupe Salcedo, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez, Manuel Cepeda, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo; la toma del Palacio de Justicia y la masacre de las bananeras.
El nivel de impunidad es tan grande en Colombia que ahora se están sacando leyes para que los delitos no prescriban, porque la justicia no es capaz de tramitar procesos en el ya amplio término de prescripción de este tipo de delitos que está entre 20 y 50 años. Ante este panorama, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha proferido más de 20 sentencias reconociendo el incumplimiento sistemático de los deberes del Estado colombiano de sus obligaciones de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los derechos humanos.
Al lado de esta cruda realidad, en poco tiempo la JEP ha venido logrando grandes avances en el esclarecimiento de hechos: 1. Se triplicó el número de falsos positivos descubiertos, que pasaron de 2.248 a 6.402; 2. Se han encontrado e identificado decenas de desaparecidos en todo el país; 3. Las Farc reconocieron la comisión de secuestros; 4. Se escuchó a los máximos responsables del reclutamiento de miles de niños y niñas en el conflicto; y 5. Se recibió la declaración de los máximos líderes de las Farc sobre los homicidios de Álvaro Gómez, Pablo Guarín, Hernando Pizarro, el general Fernando Landazábal, Jesús Antonio Bejarano y José Fedor Rey, por solo poner algunos ejemplos.
Contra muchos pronósticos y en poco tiempo, la JEP no solamente ha demostrado avances en esclarecimiento de los hechos, sino que está ayudando a mover a la justicia ordinaria. En el caso del Álvaro Gómez, que llevaba años en el olvido, la Fiscalía llamó a testimonio a varias personas a raíz de las declaraciones de Lozada en la JEP. Iván Márquez, Jesús Santrich y otros disidentes están siendo investigados por crímenes con el enfoque de macrocriminalidad que utiliza la JEP y en el caso de la UP las autoridades avanzan para tener por fin algunas condenas contra los responsables.
La situación de impunidad en Colombia es tan grave que solo podrá solucionarse con el trabajo mancomunado de las dos justicias que ya están dando ejemplo a nuestro país sobre cómo podemos superar las diferencias para lograr superarla.