Los riesgos de la decisión de la "Mata Hari" frente a la JEP

Una de las ventajas de la JEP es que contempla múltiples mecanismos para revisar sus decisiones. Uno de ellos es la posibilidad de impugnación de sus providencias ante la Sección de Apelación, la cual tiene la gran responsabilidad de estudiar la decisión que amnistió a la Mata Hari, cuyos riesgos pueden afectar gravemente el sistema de justicia contemplado en el Acuerdo de Paz:

Riesgo jurídico. Como lo señaló Juanita Goebertus, una de las mayores expertas en el tema y defensora del Acuerdo de Paz, resulta muy complicado señalar que no es un crimen de guerra realizar un ataque con un arma que causa víctimas indiscriminadas en una zona en la cual se puede afectar a civiles. Difícilmente se puede pensar que un ataque como éste pueda cumplir con los principios de distinción (cuando se utiliza un carrobomba que puede afectar a cualquier persona que pase por la zona), de precaución (cuando al lado se encontraba una universidad) o de proporcionalidad (cuando se terminó afectando a decenas de personas).

Riesgo de desestructuración del sistema. El trámite aplicable en la JEP para la concesión de una amnistía no puede aplicarse a los hechos más graves sucedidos en el conflicto armado. La sociedad espera una investigación exhaustiva de los crímenes de guerra, lo cual no puede hacerse en los tiempos récord de solo tres meses (prorrogables por solo otros tres) establecidos para la aprobación de una amnistía. En la estructura de la JEP las decisiones sobre los hechos más relevantes del conflicto deben ser adoptadas por el Tribunal para la Paz luego de haberse practicado pruebas, escuchado a las víctimas, tomado versiones voluntarias de los involucrados y haberse emitido resoluciones de conclusiones. Permitir que eso se haga de manera expres en un proceso de amnistía desestructura todo el sistema.

Riesgo frente a los derechos de las víctimas. Si el proceso de la JEP se canaliza a través de amnistías el aporte a la verdad será mínimo. Mientras en los demás procesos existen numerosas oportunidades de aporte a la verdad como las versiones voluntarias y la contrastación por las víctimas, en el proceso para la concesión de amnistías a duras penas se pueden hacer entrevistas y la participación de las víctimas es mínima.

Riesgo de colapso. La decisión puede generar un tsunami de solicitudes de amnistías que puede hacer colapsar el modelo de la JEP. Las Farc utilizaron carrobombas y armas que generan efectos indiscriminados en muchos casos, por lo cual este precedente puede generar solicitudes masivas de amnistías por ataques de las Farc como éste, lo cual puede afectar todos los procesos, pues las amnistías son tramitadas únicamente por una de las siete salas de la JEP, que no daría abasto para decidir el maremoto de peticiones que se viene.

En conclusión, la Sección de Apelación de la JEP tiene la gran responsabilidad ante el país de revisar cuanto antes esta decisión que puede dejar dejar grandes goteras en un sistema que está generando grandes resultados para las víctimas y para la paz de Colombia.

Una de las ventajas de la JEP es que contempla múltiples mecanismos para revisar sus decisiones. Uno de ellos es la posibilidad de impugnación de sus providencias ante la Sección de Apelación, la cual tiene la gran responsabilidad de estudiar la decisión que amnistió a la Mata Hari, cuyos riesgos pueden afectar gravemente el sistema de justicia contemplado en el Acuerdo de Paz:

Riesgo jurídico. Como lo señaló Juanita Goebertus, una de las mayores expertas en el tema y defensora del Acuerdo de Paz, resulta muy complicado señalar que no es un crimen de guerra realizar un ataque con un arma que causa víctimas indiscriminadas en una zona en la cual se puede afectar a civiles. Difícilmente se puede pensar que un ataque como éste pueda cumplir con los principios de distinción (cuando se utiliza un carrobomba que puede afectar a cualquier persona que pase por la zona), de precaución (cuando al lado se encontraba una universidad) o de proporcionalidad (cuando se terminó afectando a decenas de personas).

Riesgo de desestructuración del sistema. El trámite aplicable en la JEP para la concesión de una amnistía no puede aplicarse a los hechos más graves sucedidos en el conflicto armado. La sociedad espera una investigación exhaustiva de los crímenes de guerra, lo cual no puede hacerse en los tiempos récord de solo tres meses (prorrogables por solo otros tres) establecidos para la aprobación de una amnistía. En la estructura de la JEP las decisiones sobre los hechos más relevantes del conflicto deben ser adoptadas por el Tribunal para la Paz luego de haberse practicado pruebas, escuchado a las víctimas, tomado versiones voluntarias de los involucrados y haberse emitido resoluciones de conclusiones. Permitir que eso se haga de manera expres en un proceso de amnistía desestructura todo el sistema.

Riesgo frente a los derechos de las víctimas. Si el proceso de la JEP se canaliza a través de amnistías el aporte a la verdad será mínimo. Mientras en los demás procesos existen numerosas oportunidades de aporte a la verdad como las versiones voluntarias y la contrastación por las víctimas, en el proceso para la concesión de amnistías a duras penas se pueden hacer entrevistas y la participación de las víctimas es mínima.

Riesgo de colapso. La decisión puede generar un tsunami de solicitudes de amnistías que puede hacer colapsar el modelo de la JEP. Las Farc utilizaron carrobombas y armas que generan efectos indiscriminados en muchos casos, por lo cual este precedente puede generar solicitudes masivas de amnistías por ataques de las Farc como éste, lo cual puede afectar todos los procesos, pues las amnistías son tramitadas únicamente por una de las siete salas de la JEP, que no daría abasto para decidir el maremoto de peticiones que se viene.

En conclusión, la Sección de Apelación de la JEP tiene la gran responsabilidad ante el país de revisar cuanto antes esta decisión que puede dejar dejar grandes goteras en un sistema que está generando grandes resultados para las víctimas y para la paz de Colombia.