La reforma tributaria que se está planteando llegaría en el peor momento y afectaría de manera profunda a la clase media colombiana.
Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, el Producto Interno Bruto del país cayó un 6,8 % el año pasado. Algunos sectores como el turismo, los servicios, los restaurantes, el entretenimiento y el transporte estuvieron casi totalmente parados. Otros como la prestación de servicios, los textiles o la educación tuvieron las peores crisis de su historia. Como resultado de esta situación las tasas de desempleo subieron a casi el 20 % a nivel nacional.
La crisis ha golpeado de manera especialmente fuerte a la clase media, pues el cierre de miles de empresas ha generado la bancarrota de muchos pequeños empresarios y la quiebra de cientos de miles de profesionales independientes, abogados, economistas, ingenieros, profesionales de la salud, administradores de empresas y contadores que no han podido conseguir clientes. Muchas familias acomodadas han tenido que sacar sus hijos de la universidad, cambiarlos de colegio o reducir considerablemente sus gastos subsistiendo con ahorros o préstamos de sus familiares.
Sin embargo, en vez de buscarse medidas para ayudar a este sector de la población, los puntos fundamentales de la propuesta de reforma tributaria afectarán especialmente a la clase media, pues implicarían la ampliación del IVA del 19 % en productos de la canasta familiar, la modificación en los umbrales para declarar renta para que más personas de clase media paguen este impuesto y la eliminación de algunos beneficios enfocados en este sector como los aportes a cuentas AFC o los planes especiales de medicina.
El aumento del porcentaje pagado por IVA a productos de la canasta familiar solamente empobrecería a más personas y haría más compleja la subsistencia de colombianos que han perdido sus trabajos. Adicionalmente, el ofrecimiento de devolver el pago del IVA por esos productos a los más pobres tiene numerosos problemas: 1. Los sistemas para el establecimiento del nivel económico de las familias colombianas tienen enormes inconvenientes de fraudes, tal como sucede con el SISBEN (en el cual falta incluir cientos de miles de personas mientras hay muchas otras que no reportan ingresos para seguir recibiendo subsidios); 2. Existe un alto riesgo de politización de esas devoluciones en las regiones en plena época de elecciones; y 3. Al tener en cuenta solo exclusiones para los más pobres se generaría un enorme impacto en una clase media ya suficientemente golpeada por la pandemia, pues recibiría el golpe más fuerte de la reforma al no tener devoluciones ni ingresos para compensar el aumento.
La ampliación del umbral para el pago de renta no se enfoca en el sector social que percibe mayores ingresos en Colombia, sino en aumentar el número de personas que pagan ese impuesto a un sector cada vez más amplio de la clase media. Para los millones de personas que hacen parte de ese sector implicaría pagar mensualmente un nuevo gasto de casi un salario mensual en momentos de crisis y desempleo.
Finalmente, la propuesta de reducir los beneficios para el pago del impuesto de renta afectaría a personas que ahorran en cuentas AFC para tener algún día una vivienda, por lo cual eliminar este beneficio resulta regresivo y no tiene mayor impacto fiscal.
Los resultados de la propuesta de reforma tributaria son claros: el empobrecimiento de la clase media y el riesgo de politización de las devoluciones del IVA. 2021 no es un año para hacer reformas tributarias. Hacer estos ajustes haría cada vez más lenta la recuperación económica y le daría un golpe final a la clase media colombiana que tanto ha sufrido por la pandemia.
La reforma tributaria que se está planteando llegaría en el peor momento y afectaría de manera profunda a la clase media colombiana.
Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, el Producto Interno Bruto del país cayó un 6,8 % el año pasado. Algunos sectores como el turismo, los servicios, los restaurantes, el entretenimiento y el transporte estuvieron casi totalmente parados. Otros como la prestación de servicios, los textiles o la educación tuvieron las peores crisis de su historia. Como resultado de esta situación las tasas de desempleo subieron a casi el 20 % a nivel nacional.
La crisis ha golpeado de manera especialmente fuerte a la clase media, pues el cierre de miles de empresas ha generado la bancarrota de muchos pequeños empresarios y la quiebra de cientos de miles de profesionales independientes, abogados, economistas, ingenieros, profesionales de la salud, administradores de empresas y contadores que no han podido conseguir clientes. Muchas familias acomodadas han tenido que sacar sus hijos de la universidad, cambiarlos de colegio o reducir considerablemente sus gastos subsistiendo con ahorros o préstamos de sus familiares.
Sin embargo, en vez de buscarse medidas para ayudar a este sector de la población, los puntos fundamentales de la propuesta de reforma tributaria afectarán especialmente a la clase media, pues implicarían la ampliación del IVA del 19 % en productos de la canasta familiar, la modificación en los umbrales para declarar renta para que más personas de clase media paguen este impuesto y la eliminación de algunos beneficios enfocados en este sector como los aportes a cuentas AFC o los planes especiales de medicina.
El aumento del porcentaje pagado por IVA a productos de la canasta familiar solamente empobrecería a más personas y haría más compleja la subsistencia de colombianos que han perdido sus trabajos. Adicionalmente, el ofrecimiento de devolver el pago del IVA por esos productos a los más pobres tiene numerosos problemas: 1. Los sistemas para el establecimiento del nivel económico de las familias colombianas tienen enormes inconvenientes de fraudes, tal como sucede con el SISBEN (en el cual falta incluir cientos de miles de personas mientras hay muchas otras que no reportan ingresos para seguir recibiendo subsidios); 2. Existe un alto riesgo de politización de esas devoluciones en las regiones en plena época de elecciones; y 3. Al tener en cuenta solo exclusiones para los más pobres se generaría un enorme impacto en una clase media ya suficientemente golpeada por la pandemia, pues recibiría el golpe más fuerte de la reforma al no tener devoluciones ni ingresos para compensar el aumento.
La ampliación del umbral para el pago de renta no se enfoca en el sector social que percibe mayores ingresos en Colombia, sino en aumentar el número de personas que pagan ese impuesto a un sector cada vez más amplio de la clase media. Para los millones de personas que hacen parte de ese sector implicaría pagar mensualmente un nuevo gasto de casi un salario mensual en momentos de crisis y desempleo.
Finalmente, la propuesta de reducir los beneficios para el pago del impuesto de renta afectaría a personas que ahorran en cuentas AFC para tener algún día una vivienda, por lo cual eliminar este beneficio resulta regresivo y no tiene mayor impacto fiscal.
Los resultados de la propuesta de reforma tributaria son claros: el empobrecimiento de la clase media y el riesgo de politización de las devoluciones del IVA. 2021 no es un año para hacer reformas tributarias. Hacer estos ajustes haría cada vez más lenta la recuperación económica y le daría un golpe final a la clase media colombiana que tanto ha sufrido por la pandemia.