Este paro iniciado el 28A (abril) rebasó los cálculos de todo el mundo por cuanto más que paro propiamente tal, que sí lo hubo, fue ante todo estallido social y, por momentos, huelga de masas, desobediencia civil, levantamiento popular, inclusive hubo asomos de doble poder: sitios donde no ordenaba el gobierno sino las resistencias, las primeras líneas.
A través de los días fueron emergiendo y quedando como protagonistas del estallido social los jóvenes nini entre 15 y 25 años: los que no tienen ni comida, ni trabajo, ni educación, ni salud, ni futuro y que, además, ya no soportaban el encierro por el Covid19. Si se quedaban en casa podían morir, si salían a la calle también en manos de la policía. Optaron por la dignidad.
El país y el mundo saben del camino que los jóvenes tomaron: la protesta legítima, pacífica, radical, alegre, llena de expresividad cultural, movidos por “justa rabia”. Y sabe el país y el mundo que el gobierno de Uribe-Duque no respondió con empatía y diálogo sino con “asistencia militar” (Decreto 575), ESMAD desbordado excediendo el uso de la fuerza, paramilitarismo urbano, arremetida nocturna quitando la luz y la señal de internet y de celulares… Crimen y terror de Estado.
El gobierno no accedió al diálogo serio con el Comité Nacional de Paro CNP, tampoco con los jóvenes. Negó dar garantías a una protesta convocada legal y pacíficamente. Forzado por las circunstancias, es decir, por la fuerza del movimiento, desistió de la reforma tributaria, la compra de aviones de guerra, la reforma regresiva de la salud, y cambió algunos ministros mientras atornilló a otros. Pero no tomó el toro por los cuernos para reconocer los déficits crónicos, estructurales, a los que se referían los seis asuntos del Pliego de Emergencia presentado desde junio de 2020, en realidad desde el 21N (noviembre de 2019).
Enorme el costo del no diálogo en vidas y en recursos para el país. Violación de los derechos humanos de los manifestantes por la fuerza pública, más grave que en Chile 2019. Lo constató in situ la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en la segunda semana de junio. Error gigantesco: reconocer la protesta de labios para afuera y no tramitarla mediante el diálogo. El gobierno violó la Constitución, incumplió fallos de la justicia, desoyó voces autorizadas en la comunidad nacional e internacional, desatendió el más elemental sentido común.
No se cumplió el ciclo de la protesta en democracia: peticiones, movilización, diálogo, negociación, acuerdo y cumplimiento. Ni se intentó siquiera. Se subestimó la indignación generada por el manejo impúdico de la pandemia con favorecimiento para los bancos y cinturón apretado -¡hasta la asfixia!- para empresas pequeñas y medianas; desempleo, hambre y muerte para la gente del rebusque y la precariedad. La pandemia se dispara en medio de la reactivación económica. Crimen sistémico del capitalismo neoliberal.
¿Se puede pensar que una conmoción de esa gravedad y magnitud, inédita en 200 años, sea ajena a la política? ¿Confrontar el mal gobierno no es político per se? ¿Condenable que la multitud burlada en su justo reclamo, con la cual el gobierno no quiso dialogar, piense que en 2022 hay que cambiar un gobierno que no escucha por uno que escuche? ¿Es impropio convertir el reclamo social desoído en bandera política? ¿Basta verter los puntos del pliego de emergencia en proyectos de ley?
Lo normal y necesario es que la política, toda la política, todos los partidos y líderes políticos, todos los aspirantes a curules en Cámara y Senado, todos los candidatos y candidatas a la presidencia de la república, cada uno desde su óptica, le digan al país, a los electores, manifestantes y no manifestantes, cómo leen el paro, cómo asumen la solución a los problemas planteados, cómo responden a las justas aspiraciones de la gente y especialmente de la juventud en rebeldía. Ineludible responsabilidad.
Cuando se ha oído tan fuerte el rugido del constituyente primario (Héctor Peña), la voz del soberano, esto es, del poder que está en el origen de todas las representaciones e instituciones, no se puede esquivar la respuesta.
Nótese que sondeos de opinión hechos en diferentes momentos dieron al paro altísimos índices de favorabilidad: la víspera, final de abril, según Datexco, la favorabilidad general era del 73%, el 10 de mayo, según el Centro Nacional de Consultoría, la favorabilidad entre los jóvenes era del 81% y el 25 de mayo la favorabilidad general, según Invamer, transcurrido un mes de paro, era del 89%. En contraste, según las mismas encuestadoras, la del gobierno ronda dramáticamente por debajo del 20%.
Una gran demanda de otra política es la que está dejando la conmoción vivida entre abril y junio. El Comité de Paro y los jóvenes han logrado una gran victoria al poner sobre la mesa una agenda de país: otra forma de tributar: con más carga para quien más tiene; otra forma de gastar el dinero público: con prioridad para lo social; otra forma de ejercer el monopolio de la fuerza: con garantías reales para todos; otra forma de hacer política: sin exclusión; otra forma de relacionarnos con el mundo: sin afectar la naturaleza; otra forma de vivir: sin imposiciones, sin patriarcalismo, con igualdad…
No se pueden negar las conexidades fácticas entre paro y política, ni se puede estigmatizar que se busquen soluciones en el plano político a lo que no las tuvo en el diálogo social, pero ello tampoco se puede convertir en ocasión de manipulación y oportunismo electorero. Colombia entera está ávida de escuchar de los actores políticos palabras serias sobre futuros posibles. La política por definición es una perspectiva, un anuncio, un referente utópico.
Hay que responder a la expectativa de los jóvenes. Pero no precisamente para decirles qué hacer; hay que escucharlos, captar su sentir y perspectivas de acción. Estas contundentes palabras, escuchadas en TV, de un joven caleño de primera línea son para pensar: “Lo que queremos es cambiar de raíz este país en su forma política”.
Este paro iniciado el 28A (abril) rebasó los cálculos de todo el mundo por cuanto más que paro propiamente tal, que sí lo hubo, fue ante todo estallido social y, por momentos, huelga de masas, desobediencia civil, levantamiento popular, inclusive hubo asomos de doble poder: sitios donde no ordenaba el gobierno sino las resistencias, las primeras líneas.
A través de los días fueron emergiendo y quedando como protagonistas del estallido social los jóvenes nini entre 15 y 25 años: los que no tienen ni comida, ni trabajo, ni educación, ni salud, ni futuro y que, además, ya no soportaban el encierro por el Covid19. Si se quedaban en casa podían morir, si salían a la calle también en manos de la policía. Optaron por la dignidad.
El país y el mundo saben del camino que los jóvenes tomaron: la protesta legítima, pacífica, radical, alegre, llena de expresividad cultural, movidos por “justa rabia”. Y sabe el país y el mundo que el gobierno de Uribe-Duque no respondió con empatía y diálogo sino con “asistencia militar” (Decreto 575), ESMAD desbordado excediendo el uso de la fuerza, paramilitarismo urbano, arremetida nocturna quitando la luz y la señal de internet y de celulares… Crimen y terror de Estado.
El gobierno no accedió al diálogo serio con el Comité Nacional de Paro CNP, tampoco con los jóvenes. Negó dar garantías a una protesta convocada legal y pacíficamente. Forzado por las circunstancias, es decir, por la fuerza del movimiento, desistió de la reforma tributaria, la compra de aviones de guerra, la reforma regresiva de la salud, y cambió algunos ministros mientras atornilló a otros. Pero no tomó el toro por los cuernos para reconocer los déficits crónicos, estructurales, a los que se referían los seis asuntos del Pliego de Emergencia presentado desde junio de 2020, en realidad desde el 21N (noviembre de 2019).
Enorme el costo del no diálogo en vidas y en recursos para el país. Violación de los derechos humanos de los manifestantes por la fuerza pública, más grave que en Chile 2019. Lo constató in situ la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en la segunda semana de junio. Error gigantesco: reconocer la protesta de labios para afuera y no tramitarla mediante el diálogo. El gobierno violó la Constitución, incumplió fallos de la justicia, desoyó voces autorizadas en la comunidad nacional e internacional, desatendió el más elemental sentido común.
No se cumplió el ciclo de la protesta en democracia: peticiones, movilización, diálogo, negociación, acuerdo y cumplimiento. Ni se intentó siquiera. Se subestimó la indignación generada por el manejo impúdico de la pandemia con favorecimiento para los bancos y cinturón apretado -¡hasta la asfixia!- para empresas pequeñas y medianas; desempleo, hambre y muerte para la gente del rebusque y la precariedad. La pandemia se dispara en medio de la reactivación económica. Crimen sistémico del capitalismo neoliberal.
¿Se puede pensar que una conmoción de esa gravedad y magnitud, inédita en 200 años, sea ajena a la política? ¿Confrontar el mal gobierno no es político per se? ¿Condenable que la multitud burlada en su justo reclamo, con la cual el gobierno no quiso dialogar, piense que en 2022 hay que cambiar un gobierno que no escucha por uno que escuche? ¿Es impropio convertir el reclamo social desoído en bandera política? ¿Basta verter los puntos del pliego de emergencia en proyectos de ley?
Lo normal y necesario es que la política, toda la política, todos los partidos y líderes políticos, todos los aspirantes a curules en Cámara y Senado, todos los candidatos y candidatas a la presidencia de la república, cada uno desde su óptica, le digan al país, a los electores, manifestantes y no manifestantes, cómo leen el paro, cómo asumen la solución a los problemas planteados, cómo responden a las justas aspiraciones de la gente y especialmente de la juventud en rebeldía. Ineludible responsabilidad.
Cuando se ha oído tan fuerte el rugido del constituyente primario (Héctor Peña), la voz del soberano, esto es, del poder que está en el origen de todas las representaciones e instituciones, no se puede esquivar la respuesta.
Nótese que sondeos de opinión hechos en diferentes momentos dieron al paro altísimos índices de favorabilidad: la víspera, final de abril, según Datexco, la favorabilidad general era del 73%, el 10 de mayo, según el Centro Nacional de Consultoría, la favorabilidad entre los jóvenes era del 81% y el 25 de mayo la favorabilidad general, según Invamer, transcurrido un mes de paro, era del 89%. En contraste, según las mismas encuestadoras, la del gobierno ronda dramáticamente por debajo del 20%.
Una gran demanda de otra política es la que está dejando la conmoción vivida entre abril y junio. El Comité de Paro y los jóvenes han logrado una gran victoria al poner sobre la mesa una agenda de país: otra forma de tributar: con más carga para quien más tiene; otra forma de gastar el dinero público: con prioridad para lo social; otra forma de ejercer el monopolio de la fuerza: con garantías reales para todos; otra forma de hacer política: sin exclusión; otra forma de relacionarnos con el mundo: sin afectar la naturaleza; otra forma de vivir: sin imposiciones, sin patriarcalismo, con igualdad…
No se pueden negar las conexidades fácticas entre paro y política, ni se puede estigmatizar que se busquen soluciones en el plano político a lo que no las tuvo en el diálogo social, pero ello tampoco se puede convertir en ocasión de manipulación y oportunismo electorero. Colombia entera está ávida de escuchar de los actores políticos palabras serias sobre futuros posibles. La política por definición es una perspectiva, un anuncio, un referente utópico.
Hay que responder a la expectativa de los jóvenes. Pero no precisamente para decirles qué hacer; hay que escucharlos, captar su sentir y perspectivas de acción. Estas contundentes palabras, escuchadas en TV, de un joven caleño de primera línea son para pensar: “Lo que queremos es cambiar de raíz este país en su forma política”.