El gobierno volvió a presentar al Congreso la reforma tributaria que la Corte tumbó y cuyas disposiciones dejarán de tener efecto a partir de 2020. En el texto nuevamente radicado, el primer argumento que esgrime el gobierno para defenderlo es que “la propuesta normativa pretende potenciar el crecimiento económico”.
Curiosamente, dentro del articulado se incluye una sobretasa al sector financiero, que lo fuerza a pagar más impuestos sobre sus utilidades que al resto de sectores. En el debate que aprobó esa ley en 2018, el argumento para empujar esa sobretasa es que ese sector crecía mucho y tenía altas utilidades. Extraña una ley que pretende potenciar el crecimiento económico castigando a los que crecen más.
Este castigo tributario al sector financiero es un caso más de una larga lista de esfuerzos legislativos de vieja data. Ahora se trata de ponerlos a tributar más; en el pasado buena parte de la artillería se enfocó en prohibir o limitar cobros por diferentes servicios financieros que presta el sector. La antipatía ciudadana ante los bancos encuentra con frecuencia eco en el Congreso.
El informe sobre la economía colombiana que acaba de presentar la OCDE pone de presente que los márgenes de intermediación, es decir, la diferencia entre la tasa que el sector financiero cobra por los préstamos y la que paga por los depósitos, es muy alta en Colombia: esa cifra en los países de la OCDE es menor al 3 % y en Colombia ronda el 8 %. Incluso comparado con pares de la región, como Brasil y México, el indicador colombiano es muy elevado.
Propone la OCDE dos estrategias para mejorarlo. Por un lado, revisar las reglas de juego que dificultan la entrada de nuevos jugadores al sector financiero. Deja entrever la organización que hay un problema de competencia en el sector bancario colombiano, dominado por tres instituciones. Así mismo, dice que fuera del problema de competencia, persisten regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sector y encarecen el costo del crédito.
Haría bien el Estado colombiano, en cabeza del Minhacienda, el Banco de la República, la Superfinanciera y Fogafín, en estudiar el tema y remover las barreras que puedan estar generando baja competencia y encareciendo la operación financiera. Esa sería una contribución al crecimiento económico mucho mejor enfocada que ponerle sobretasas a los sectores que crecen mucho ahora o llenar el estatuto de exenciones naranjas en búsqueda de aquellos que podrían hacerlo en el futuro.
La antipatía que las tasas de interés y tarifas financieras generan en la sociedad estimulan la creatividad legislativa contra el sector bancario y dan origen a una gran paradoja: esas reglas de juego —que prohíben cobros, limitan precios, fuerzan inversiones e imponen sobrecargas tributarias— hacen menos atractiva la entrada de competidores, consolidan la dominancia por parte de muy pocos actores, lo cual termina en más antipatía contra éste y nuevas rondas de creatividad parlamentaria. Un mal equilibrio para todos.
@mahofste
El gobierno volvió a presentar al Congreso la reforma tributaria que la Corte tumbó y cuyas disposiciones dejarán de tener efecto a partir de 2020. En el texto nuevamente radicado, el primer argumento que esgrime el gobierno para defenderlo es que “la propuesta normativa pretende potenciar el crecimiento económico”.
Curiosamente, dentro del articulado se incluye una sobretasa al sector financiero, que lo fuerza a pagar más impuestos sobre sus utilidades que al resto de sectores. En el debate que aprobó esa ley en 2018, el argumento para empujar esa sobretasa es que ese sector crecía mucho y tenía altas utilidades. Extraña una ley que pretende potenciar el crecimiento económico castigando a los que crecen más.
Este castigo tributario al sector financiero es un caso más de una larga lista de esfuerzos legislativos de vieja data. Ahora se trata de ponerlos a tributar más; en el pasado buena parte de la artillería se enfocó en prohibir o limitar cobros por diferentes servicios financieros que presta el sector. La antipatía ciudadana ante los bancos encuentra con frecuencia eco en el Congreso.
El informe sobre la economía colombiana que acaba de presentar la OCDE pone de presente que los márgenes de intermediación, es decir, la diferencia entre la tasa que el sector financiero cobra por los préstamos y la que paga por los depósitos, es muy alta en Colombia: esa cifra en los países de la OCDE es menor al 3 % y en Colombia ronda el 8 %. Incluso comparado con pares de la región, como Brasil y México, el indicador colombiano es muy elevado.
Propone la OCDE dos estrategias para mejorarlo. Por un lado, revisar las reglas de juego que dificultan la entrada de nuevos jugadores al sector financiero. Deja entrever la organización que hay un problema de competencia en el sector bancario colombiano, dominado por tres instituciones. Así mismo, dice que fuera del problema de competencia, persisten regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sector y encarecen el costo del crédito.
Haría bien el Estado colombiano, en cabeza del Minhacienda, el Banco de la República, la Superfinanciera y Fogafín, en estudiar el tema y remover las barreras que puedan estar generando baja competencia y encareciendo la operación financiera. Esa sería una contribución al crecimiento económico mucho mejor enfocada que ponerle sobretasas a los sectores que crecen mucho ahora o llenar el estatuto de exenciones naranjas en búsqueda de aquellos que podrían hacerlo en el futuro.
La antipatía que las tasas de interés y tarifas financieras generan en la sociedad estimulan la creatividad legislativa contra el sector bancario y dan origen a una gran paradoja: esas reglas de juego —que prohíben cobros, limitan precios, fuerzan inversiones e imponen sobrecargas tributarias— hacen menos atractiva la entrada de competidores, consolidan la dominancia por parte de muy pocos actores, lo cual termina en más antipatía contra éste y nuevas rondas de creatividad parlamentaria. Un mal equilibrio para todos.
@mahofste