El exministro Mauricio Cárdenas lanzó hace poco esta hipótesis: el gobierno colombiano acorralado por la mala situación económica, la baja popularidad y una ideología que dificulta los acuerdos pragmáticos, sacrificará la estabilidad fiscal en 2024. Cárdenas duda que el gobierno cumpla los límites del gasto público que establece la regla fiscal colombiana.
El propio gobierno y su coalición habían dado señales en esa dirección. El ministro de Hacienda había indicado que consideraba necesario reformar la regla fiscal. Tres representantes a la Cámara que apoyan al gobierno habían citado a una audiencia pública para analizar la regla fiscal. (Cabe decir que allí el representante Racero afirmó que contario a la tesis de Cárdenas el propósito de la audiencia no era abrir el camino para incumplir la regla fiscal). Y para terminar de reforzar la hipótesis de Cárdenas, el director del DNP habló al final de la semana de la intención de hacer más flexible la regla fiscal.
Haría bien el equipo económico del gobierno enviando un mensaje unificado cancelando cualquier discusión sobre relajar la regla o incumplirla. Cito seis razones que justifican esa afirmación. Primero, el tamaño del gasto público está en máximos históricos. En segundo lugar, la deuda pública del gobierno ha venido aumentando de manera sistemática durante la última década y también está cerca de los máximos históricos. En tercer lugar, el déficit total del gobierno será de más de 4 puntos del PIB el año entrante—esto bajo el escenario optimista del gobierno sobre sus propios ingresos. En cuarto lugar, de cada cuatro pesos que pagamos en impuestos los colombianos, uno se va a pagar los intereses de la deuda pública. Relajar la política fiscal no haría sino aumentar esa cuenta. En quinto lugar, Colombia perdió la calificación de inversión en su deuda pública durante la pandemia. Esa nota sigue bajo ceros y sin perspectiva de subir. En sexto lugar, la tasa de interés que paga Colombia por su deuda pública es mucho mayor que la que pagábamos antes de la pandemia y nuestra ventaja relativa a las tasas de interés de la deuda pública del resto de América Latina se ha venido perdiendo. Los mercados financieros nos miran con más recelo y nos están pidiendo compensaciones más altas por asumir la deuda colombiana en sus portafolios.
Ninguno de estos indicadores nos da espacio para relajar o incumplir la regla fiscal. Al contrario, mejorarlos requeriría una regla más estricta que la que tenemos, una que empuje la deuda en el largo plazo a cifras significativamente menores a las actuales.
Todos los gobiernos, este incluido, tienen causas nobles sobre las que quisieran volcar su billetera: infraestructura, pobreza, cambio climático, educación, seguridad, pensiones, justicia, salud y un largo etcétera. Pero el gobierno les haría un flaco favor a esas causas si pone en riesgo la estabilidad fiscal. Sin esta, hasta la última de las causas nobles por las que lucha el Estado sufriría retrocesos.
Twitter: @mahofste.
El exministro Mauricio Cárdenas lanzó hace poco esta hipótesis: el gobierno colombiano acorralado por la mala situación económica, la baja popularidad y una ideología que dificulta los acuerdos pragmáticos, sacrificará la estabilidad fiscal en 2024. Cárdenas duda que el gobierno cumpla los límites del gasto público que establece la regla fiscal colombiana.
El propio gobierno y su coalición habían dado señales en esa dirección. El ministro de Hacienda había indicado que consideraba necesario reformar la regla fiscal. Tres representantes a la Cámara que apoyan al gobierno habían citado a una audiencia pública para analizar la regla fiscal. (Cabe decir que allí el representante Racero afirmó que contario a la tesis de Cárdenas el propósito de la audiencia no era abrir el camino para incumplir la regla fiscal). Y para terminar de reforzar la hipótesis de Cárdenas, el director del DNP habló al final de la semana de la intención de hacer más flexible la regla fiscal.
Haría bien el equipo económico del gobierno enviando un mensaje unificado cancelando cualquier discusión sobre relajar la regla o incumplirla. Cito seis razones que justifican esa afirmación. Primero, el tamaño del gasto público está en máximos históricos. En segundo lugar, la deuda pública del gobierno ha venido aumentando de manera sistemática durante la última década y también está cerca de los máximos históricos. En tercer lugar, el déficit total del gobierno será de más de 4 puntos del PIB el año entrante—esto bajo el escenario optimista del gobierno sobre sus propios ingresos. En cuarto lugar, de cada cuatro pesos que pagamos en impuestos los colombianos, uno se va a pagar los intereses de la deuda pública. Relajar la política fiscal no haría sino aumentar esa cuenta. En quinto lugar, Colombia perdió la calificación de inversión en su deuda pública durante la pandemia. Esa nota sigue bajo ceros y sin perspectiva de subir. En sexto lugar, la tasa de interés que paga Colombia por su deuda pública es mucho mayor que la que pagábamos antes de la pandemia y nuestra ventaja relativa a las tasas de interés de la deuda pública del resto de América Latina se ha venido perdiendo. Los mercados financieros nos miran con más recelo y nos están pidiendo compensaciones más altas por asumir la deuda colombiana en sus portafolios.
Ninguno de estos indicadores nos da espacio para relajar o incumplir la regla fiscal. Al contrario, mejorarlos requeriría una regla más estricta que la que tenemos, una que empuje la deuda en el largo plazo a cifras significativamente menores a las actuales.
Todos los gobiernos, este incluido, tienen causas nobles sobre las que quisieran volcar su billetera: infraestructura, pobreza, cambio climático, educación, seguridad, pensiones, justicia, salud y un largo etcétera. Pero el gobierno les haría un flaco favor a esas causas si pone en riesgo la estabilidad fiscal. Sin esta, hasta la última de las causas nobles por las que lucha el Estado sufriría retrocesos.
Twitter: @mahofste.