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Hay varias conversaciones relacionadas con la reforma pensional que no estamos entablando. Menciono aquí dos: la equidad en la edad de pensión entre hombres y mujeres, y la equidad intergeneracional.
Tres cuartas partes de los países de la OECD tienen edades de jubilación idénticas para hombres y mujeres. Si promediamos a través de los 38 países de la lista, vemos que las mujeres se pensionan a los 63,5 años y los hombres a los 64,4. En Colombia tenemos una diferencia de cinco años en la edad de pensión y en ambos casos esa edad está muy por debajo de esos promedios: 57 para mujeres y 62 para hombres.
Recientemente la Corte Constitucional declaró que si la edad de pensión entre unos y otros es distinta, el número de semanas de cotización requeridas también debía serlo (las reglas establecían un número de semanas de contribución igual). El Congreso, en las discusiones de reforma pensional, acogió esa sugerencia de reducir el número de semanas para las mujeres y propuso acortarlas aún más si tienen hijos: 50 semanas adicionales por cada uno. Hay múltiples estudios que muestran que las vidas laborales y de ingresos entre hombres y mujeres se separan cuando estas tienen hijos. Una compensación en semanas de cotización por hijo parece coherente con esa realidad. Lo que sí luce anacrónico es tener edades de pensión diferentes entre hombres y mujeres, y ese debate no lo estamos dando. Además de consideraciones de equidad, aquí hay un tema de sostenibilidad financiera. La reducción de semanas laborales y el bono por hijo podrían permitir que una mujer con tres hijos se pensione con tan solo 17 años de contribuciones. Estas corresponden al 16 % de los ingresos mensuales. Con esos aportes habría que financiar cerca de 30 años de pensión. Eso simplemente no suma, como la propia ministra de Trabajo lo advirtió en el debate en el Senado.
La reforma hace una cosa bien: corta de manera importante el monto máximo de pensión a cargo del Estado y, por tanto, de los subsidios a pensiones altas que hemos estado otorgando. Pero pasarán varias décadas en las que el sistema seguirá pagando las pensiones altas para unos pocos privilegiados calculadas con las reglas anteriores. Los jóvenes de hoy no la tendrán, pero sí deberán con sus impuestos seguir subvencionando a la generación previa que se autopremió con esas rentas con cargo a otras generaciones. Una forma de hacer más justo el reparto intergeneracional es poner a tributar las pensiones como ocurre en buena parte del mundo: en la fase de cotización ese ingreso está exento, pero paga impuestos como cualquier otra renta laboral cuando el retirado empieza a cobrar una pensión por encima de los montos a partir de los cuales se cobran impuestos de renta. Los recursos de esos impuestos deberían destinarse al fondo de ahorro pensional que la reforma constituye, de manera que los pensionados de ahora y de las siguientes décadas ayudemos a pagar la cuenta del sistema que nos privilegió a costa de nuestros hijos y nietos.