En los próximos días la Corte Constitucional anunciará, tras evaluar una avalancha de demandas en su contra, si la Ley de Financiamiento aprobada a finales de 2018 se cae o no. Dicha Ley reformó la estructura tributaria colombiana. Si bien la intención inicial pretendía aumentar el recaudo, lo aprobado terminó centrándose en reducirle los impuestos a las empresas. La Ley aprobó algunas fuentes de recursos que compensan las caídas en recaudo fruto de esas reducciones. Sin embargo, en el neto el recaudo del gobierno a partir de 2020 será casi idéntico con o sin Ley. Así, desde el punto de vista de recaudo agregado, que se caiga o no la Ley, no tendría grandes consecuencias porque la tarea de aumentarlo quedó mal hecha.
La caída de la Ley mandaría, eso sí, una pésima señal sobre la estabilidad de las reglas de juego: no solo se trata de un país que reforma sus reglas tributarias cada 18 meses en promedio sino que esas reformas se pueden caer. Fuera de esa señal, los empresarios que hayan puesto en marcha planes de inversión cuyos retornos descansen sobre el pilar de poder descontar el IVA de esas inversiones y contar con tarifas de renta futuras más bajas, se podrían ver seriamente afectados.
Dicho todo esto, es posible que una parte del gobierno considere buena noticia que la Ley no pase el examen constitucional. La reforma aprobada recaudó mucho menos de lo inicialmente previsto y las maniobras recientes encaminadas a hacer cambios contables en las finanzas públicas son un claro reflejo de que los recursos son insuficientes. Ya lo dijo el ministro de Hacienda: haría falta recaudar tres o cuatro puntos del PIB adicionales cada año para pagar las exigencias sociales.
El gobierno ha dicho que no pretende impulsar nuevas reformas tributarias. Así, entre la espada de los recursos insuficientes y la pared de la promesa gubernamental que asegura que no es necesario repensar de nuevo la estructura tributaria, que se caiga la Ley puede resultar siendo una bocanada de aire fresco que le permita al gobierno volver a discutir algunos aspectos y quizás aprovechar para aumentar el recaudo.
Aun manteniendo la filosofía general de bajarle las cargas tributarias al sector empresarial, que es la apuesta de fondo del gobierno, si la reforma vuelve a su escritorio puede ajustar el recaudo cerrando los boquetes de antaño y los nuevos que le dan tratamientos tributarios especiales a muchos sectores sin justificación. Tendría así, sin necesidad de renegar de sus promesas, sin necesidad de admitir que la situación fiscal es apremiante, una segunda oportunidad para corregir las cuentas. Eso pasaría a pocos meses de que las calificadoras de riesgo vuelvan a pasarnos al tablero, con el temor de muchos de que no pasaremos la materia. El sueño de todo estudiante tras entregar una tarea mal hecha: “corríjala y me la vuelve a entregar”.
Adenda: a la pregunta de qué le parecía la prima de Uribe, respondió el ministro Carrasquilla que le parecía una chica fatal. Tiene toda la razón. El mercado laboral está funcionando muy mal y lo que menos necesita son costos de contratación formal más elevados.
@mahofste
En los próximos días la Corte Constitucional anunciará, tras evaluar una avalancha de demandas en su contra, si la Ley de Financiamiento aprobada a finales de 2018 se cae o no. Dicha Ley reformó la estructura tributaria colombiana. Si bien la intención inicial pretendía aumentar el recaudo, lo aprobado terminó centrándose en reducirle los impuestos a las empresas. La Ley aprobó algunas fuentes de recursos que compensan las caídas en recaudo fruto de esas reducciones. Sin embargo, en el neto el recaudo del gobierno a partir de 2020 será casi idéntico con o sin Ley. Así, desde el punto de vista de recaudo agregado, que se caiga o no la Ley, no tendría grandes consecuencias porque la tarea de aumentarlo quedó mal hecha.
La caída de la Ley mandaría, eso sí, una pésima señal sobre la estabilidad de las reglas de juego: no solo se trata de un país que reforma sus reglas tributarias cada 18 meses en promedio sino que esas reformas se pueden caer. Fuera de esa señal, los empresarios que hayan puesto en marcha planes de inversión cuyos retornos descansen sobre el pilar de poder descontar el IVA de esas inversiones y contar con tarifas de renta futuras más bajas, se podrían ver seriamente afectados.
Dicho todo esto, es posible que una parte del gobierno considere buena noticia que la Ley no pase el examen constitucional. La reforma aprobada recaudó mucho menos de lo inicialmente previsto y las maniobras recientes encaminadas a hacer cambios contables en las finanzas públicas son un claro reflejo de que los recursos son insuficientes. Ya lo dijo el ministro de Hacienda: haría falta recaudar tres o cuatro puntos del PIB adicionales cada año para pagar las exigencias sociales.
El gobierno ha dicho que no pretende impulsar nuevas reformas tributarias. Así, entre la espada de los recursos insuficientes y la pared de la promesa gubernamental que asegura que no es necesario repensar de nuevo la estructura tributaria, que se caiga la Ley puede resultar siendo una bocanada de aire fresco que le permita al gobierno volver a discutir algunos aspectos y quizás aprovechar para aumentar el recaudo.
Aun manteniendo la filosofía general de bajarle las cargas tributarias al sector empresarial, que es la apuesta de fondo del gobierno, si la reforma vuelve a su escritorio puede ajustar el recaudo cerrando los boquetes de antaño y los nuevos que le dan tratamientos tributarios especiales a muchos sectores sin justificación. Tendría así, sin necesidad de renegar de sus promesas, sin necesidad de admitir que la situación fiscal es apremiante, una segunda oportunidad para corregir las cuentas. Eso pasaría a pocos meses de que las calificadoras de riesgo vuelvan a pasarnos al tablero, con el temor de muchos de que no pasaremos la materia. El sueño de todo estudiante tras entregar una tarea mal hecha: “corríjala y me la vuelve a entregar”.
Adenda: a la pregunta de qué le parecía la prima de Uribe, respondió el ministro Carrasquilla que le parecía una chica fatal. Tiene toda la razón. El mercado laboral está funcionando muy mal y lo que menos necesita son costos de contratación formal más elevados.
@mahofste