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Nos adentramos en el segundo semestre del año, el que también marcará el inicio del segundo tiempo del gobierno Duque. Será definitorio: durante ese semestre habrá un inventario más claro de los daños de la pandemia y también estará en juego el legado del gobierno: será su última oportunidad de hacer reformas de calado. La complejísima coyuntura puede ser vista como una excusa para la inacción—todos estamos muy ocupados atendiendo temas de la emergencia—o como una oportunidad sin igual para atacar problemas estructurales de nuestras reglas de juego. Ojalá sea lo segundo.
Saldremos de esta crisis con una tasa de desempleo enorme, un problema fiscal de proporciones nunca vistas en nuestra historia reciente, un colapso del tejido empresarial, un retroceso de décadas en avances de pobreza y distribución de ingreso, unas brechas educacionales ampliadas y un comercio internacional averiado.
Bastarán pequeñas cerillas aquí y allá para generar un gran incendio nacional en el que se entremezcle esa coyuntura con el enorme descontento que salió a las calles a finales del año pasado, blandió noche tras noche cacerolas y paralizó durante semanas al país. Esa combinación puede, de nuevo, ser un camino que lleve al gobierno a enconcharse en una esquina política y defender el statu quo o como una oportunidad única para aprovechar que los engranajes de lo que Álvaro Gómez llamaba “el régimen” pueden estar debilitados y podemos construir las bases para una mejor sociedad.
Abordar el problema fiscal será inaplazable: ante la magnitud de los faltantes lucirá inaceptable, como nunca antes, defender las exenciones, los descuentos con nombre propio, los huecos y la poca progresividad del esquema. Atado a esa senda fiscal viene el tema pensional. El gobierno ha estudiado el tema, pero no se ha atrevido a proponer la reforma en el Congreso. Con la dramática caída en el recaudo, el tamaño presente y futuro de los egresos pensionales a cargo del presupuesto nacional que subsidia las pensiones de muy pocos adultos mayores tendrá una nueva ronda de debates nacionales. Atado al tema pensional, habremos de discutir nuestras reglas de juego laborales. En el desempleo estará la quinta parte de nuestros trabajadores y en la informalidad andará más de la mitad de aquellos privilegiados con una ocupación. La pertinencia de los parafiscales, la falta de un seguro de desempleo efectivo, el tamaño del salario mínimo, si el financiamiento de la salud debe venir atado al ingreso laboral, cómo se entretejen esas decisiones con los programas sociales del gobierno, si vale la pena unificarlos en un ingreso mínimo garantizado como el que ahora muchos proponen, si este debe o no ser universal, cómo éste se amarra a la discusión pensional, son todas discusiones que habrían de copar los debates nacionales.
El gobierno debería tener listo para la segunda legislatura del año un paquete ambicioso de ajustes que incluyan estos temas. Lo sucedido en el primer tiempo no da muchas señales de optimismo. Pero quizás la pandemia resulte en una especie de charla técnica antes del segundo tiempo, que resalte los problemas de fondo y en la urgencia de abordarlos.
Twitter: @mahofste