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La “rumorología” fiscal está a la orden del día. Muchos mencionan la posibilidad de que el Gobierno no cumpla a final de año con la regla fiscal, que le pone coto al gasto público para que sea coherente con los ingresos del Estado y las metas de endeudamiento público.
En esos pasillos apuntan que el muy bajo recaudo de este año y unos recortes de gasto insuficientes —el ministro de Hacienda habla de recortar $33 billones de gasto público, pero algunos opinan que habría que acercarse a los $50 billones— llevarían a ese incumplimiento.
En otros pasillos el rumor apunta a que algunas calificadoras de riesgo nos bajarían otra vez la nota que tiene nuestra deuda pública, alejándonos un escalón más del umbral por encima del cual la deuda es considerada segura.
En esos pasillos, a la preocupación por el bajo recaudo y el insuficiente recorte les suman los nubarrones por la discusión del proyecto de descentralización —que podría dejar al Gobierno con más obligaciones de transferir recursos sin que quede claro que su gasto caería en esa proporción—, más otras alarmas como la crisis en el sector de la salud, en donde los recursos de un sistema cada vez más centralizado en el Gobierno tienen faltantes que se cuentan en varios billones.
El chisme ya lo estamos pagando. Por ejemplo, la semana anterior las tasas de interés que el mercado financiero demanda por la deuda pública colombiana relativa a la que paga el resto de los mercados emergentes en el exterior alcanzó su máximo en casi dos décadas. Ese ruido ya traspasado a los mercados financieros implica mayores esfuerzos de todos los colombianos en términos tributarios, con el antipático destino de pagar más intereses.
El Gobierno actual no tiene alas políticas suficientes para cuadrar la ecuación con otra reforma tributaria.
El ajuste tiene que venir por el lado de recortes en el gasto y debe incluir los de este año (y en un monto que, con proyecciones conservadoras, permita cumplir la regla fiscal en 2024) y, sobre todo, tiene que venir de la mano con un anuncio de un presupuesto para 2025 ajustado a la realidad económica, no construido sobre fantasías.
El presupuesto que el Gobierno le presentó hace unos meses al Congreso, que este rechazó, está totalmente fuera del alcance de los ingresos que habrá en 2025.
Mandar desde ya el mensaje claro de un ajuste en las cuentas de ambos años permitiría que los mercados financieros relajen las exigencias de altas tasas de interés sobre la deuda pública y sus reverberaciones sobre las tasas que pagamos los ciudadanos.
El anuncio de esos ajustes es imprescindible y urgente. Lo que está en juego es muy serio y la excusa del espejo retrovisor, tras más de dos años en el poder, ya perdió toda tracción: la salud fiscal de 2024 y 2025 es responsabilidad del Gobierno actual.
@mahofste