Las políticas públicas de un Estado no debieran bailar al son de un calendario electoral. No quisiéramos, por ejemplo, que las decisiones de contratación de funcionarios se inflaran previo a unas elecciones, tampoco que el gasto en obras públicas se decida de acuerdo con ese calendario, ni que las decisiones difíciles se aplacen ante la cercanía de unas elecciones o que el Banco Central decida bajar la tasa de interés o evite apretarla lo suficiente con un ojo puesto en dichas fechas. Tratando de evitar el uso electoral de los recursos y las decisiones públicas, tenemos diseños institucionales, como la Ley de Garantías y un Banco Central independiente. Sin embargo, así haya reglas de juego pensadas para evitar las interferencias electorales en las decisiones de las políticas públicas, algo va del dicho al hecho.
Tal vez acto de mayor desfachatez reciente en el que el Gobierno ha puesto su poder al servicio de sus intereses electorales son los tres días sin IVA. Esos días son de entrada una pésima idea, una especie de carnaval tributario en los que suspendemos temporalmente el pacto social de contribuir al financiamiento de los bienes públicos. Pero a ese desastre conceptual se suma que el Gobierno tiene discrecionalidad para escoger en cuáles días del año se aplican. En 2022, dos de los tres carnavales tributarios coincidirán con fines de semana electorales. Tremenda coincidencia.
Otro frente en que el Gobierno está claramente tomando decisiones en función de ese calendario es en el precio de la gasolina. Si bien Ecopetrol la factura a precios de mercado, el Gobierno tiene mecanismos para evitar que la volatilidad de los precios internacionales de los hidrocarburos se pase al precio del consumidor. Sin embargo, una cosa es limar los picos y valles de los precios y otra distinta es subsidiarlos. Es claro que el Gobierno ha aplazado la sincerada de los precios de esos combustibles al consumidor y que ese proceso no está desligado del calendario electoral. Como sociedad, ese cálculo cortoplacista tiene un enorme costo: los recursos de ese subsidio del año pasado, sumados a los de este -donde luce muy poco probable que con ese calendario en la mira nos digamos la verdad en esos precios- habrían alcanzado para pagar el equivalente a un par de líneas de metro de Bogotá. Urge repensar esa discrecionalidad.
Y por el lado monetario también hay suspicacias. La semana pasada el Banco de la República subió la tasa de interés. Lo hizo, sin embargo, en una cuantía sustancialmente menor a la esperada por el mercado financiero. En mi opinión, acertó el Banco al ser cauteloso en el ajuste. Pero, como el consenso de los analistas apuntaba a que se requería un apretón más fuerte, se oyen voces que interpretan el tímido incremento, no como un acto de sabiduría monetaria, sino como un aplazamiento de los fuertes ajustes que se requerirían ahora, para no hacerlos coincidir con las elecciones. El hecho de que el Gobierno haya escogido a la totalidad de los miembros de la junta del Banco de la República, abona esa teoría.
@mahofste
Las políticas públicas de un Estado no debieran bailar al son de un calendario electoral. No quisiéramos, por ejemplo, que las decisiones de contratación de funcionarios se inflaran previo a unas elecciones, tampoco que el gasto en obras públicas se decida de acuerdo con ese calendario, ni que las decisiones difíciles se aplacen ante la cercanía de unas elecciones o que el Banco Central decida bajar la tasa de interés o evite apretarla lo suficiente con un ojo puesto en dichas fechas. Tratando de evitar el uso electoral de los recursos y las decisiones públicas, tenemos diseños institucionales, como la Ley de Garantías y un Banco Central independiente. Sin embargo, así haya reglas de juego pensadas para evitar las interferencias electorales en las decisiones de las políticas públicas, algo va del dicho al hecho.
Tal vez acto de mayor desfachatez reciente en el que el Gobierno ha puesto su poder al servicio de sus intereses electorales son los tres días sin IVA. Esos días son de entrada una pésima idea, una especie de carnaval tributario en los que suspendemos temporalmente el pacto social de contribuir al financiamiento de los bienes públicos. Pero a ese desastre conceptual se suma que el Gobierno tiene discrecionalidad para escoger en cuáles días del año se aplican. En 2022, dos de los tres carnavales tributarios coincidirán con fines de semana electorales. Tremenda coincidencia.
Otro frente en que el Gobierno está claramente tomando decisiones en función de ese calendario es en el precio de la gasolina. Si bien Ecopetrol la factura a precios de mercado, el Gobierno tiene mecanismos para evitar que la volatilidad de los precios internacionales de los hidrocarburos se pase al precio del consumidor. Sin embargo, una cosa es limar los picos y valles de los precios y otra distinta es subsidiarlos. Es claro que el Gobierno ha aplazado la sincerada de los precios de esos combustibles al consumidor y que ese proceso no está desligado del calendario electoral. Como sociedad, ese cálculo cortoplacista tiene un enorme costo: los recursos de ese subsidio del año pasado, sumados a los de este -donde luce muy poco probable que con ese calendario en la mira nos digamos la verdad en esos precios- habrían alcanzado para pagar el equivalente a un par de líneas de metro de Bogotá. Urge repensar esa discrecionalidad.
Y por el lado monetario también hay suspicacias. La semana pasada el Banco de la República subió la tasa de interés. Lo hizo, sin embargo, en una cuantía sustancialmente menor a la esperada por el mercado financiero. En mi opinión, acertó el Banco al ser cauteloso en el ajuste. Pero, como el consenso de los analistas apuntaba a que se requería un apretón más fuerte, se oyen voces que interpretan el tímido incremento, no como un acto de sabiduría monetaria, sino como un aplazamiento de los fuertes ajustes que se requerirían ahora, para no hacerlos coincidir con las elecciones. El hecho de que el Gobierno haya escogido a la totalidad de los miembros de la junta del Banco de la República, abona esa teoría.
@mahofste