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Caminando en 2010 por las calles de Caracas con una cámara filmando el paseo, el presidente Chávez iba señalando con su dedo diversos edificios y, sin dudarlo un instante, ordenaba expropiarlos uno detrás del otro.
Caminando en 2010 por las calles de Caracas con una cámara filmando el paseo, el presidente Chávez iba señalando con su dedo diversos edificios y, sin dudarlo un instante, ordenaba expropiarlos uno detrás del otro. A su alrededor sus seguidores aplaudían las órdenes: la arbitrariedad estatal en su máxima expresión.
Once años después, al otro lado de la frontera, la Superintendencia de Sociedades de Colombia sometió a la figura de control a la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos S.A. La empresa tiene un rol relevante en la economía colombiana. Genera cerca de 600 empleos directos, ventas anuales que bordean el billón de pesos al año y abastece, según reportes de prensa, a la mitad de la demanda total de fertilizantes de Colombia.
Indica la Super que procede así “tras identificarse situaciones susceptibles de mejora, en sus proceso económicos, jurídicos y administrativos”. ¿En serio? ¿Situaciones susceptibles de mejora? Si ese es el argumento, absolutamente todas las organizaciones de Colombia deberían ser deberían ser sometidas a esa figura: en ninguna se acabarán nunca las oportunidades de mejora en tales frentes.
La historia, claro, tiene otros trasfondos. La empresa es venezolana. De su Estado, para ser precisos. Eso, hoy por hoy, es una fuente de confusión. El gobierno colombiano no reconoce al de su vecino país (ese que el presidente Duque dijo al comienzo de su gobierno iba a caer en cuestión de horas) sino a un gobierno interino que no manda en Venezuela. En medio de esa confusión, como ocurre con muchos otros activos del Estado venezolano en el exterior, la empresa terminó siendo manejada por la oposición. (Sin importar las simpatías ideológicas que cada quién tenga con ese grupo, no hay duda de que una empresa manejada por un grupo político en el exterior es un potencial nido de corrupción: a quién le rinde cuentas, al bolsillo de quién van a dar las utilidades, a quién y con qué criterio contratan, etc).
La oposición y el gobierno venezolanos han entablado desde hace algunas semanas una serie de diálogos. Los activos estatales venezolanos en el exterior han estado en el centro de sus discusiones. El presidente Maduro mencionó explícitamente a Monómeros como un punto a tratar en esos diálogos: pidió que sea devuelta a su gobierno y su producción destinada a la economía venezolana.
