Vienen cinco meses agitados para la economía colombiana. Por un lado, discutiremos y habremos de aprobar el Presupuesto General de la Nación, aquel que decide el monto que gastará el gobierno en 2025 y los destinos de esos gastos. Aunque nunca se lleva los titulares del debate público, es una de las decisiones más importantes que tomamos como sociedad cada año: de qué tamaño queremos el Estado, qué roles le financiaremos, en cuánto nos endeudaremos.
Es esta ocasión ese debate es aún más relevante porque las cuentas públicas están maltrechas. Hemos acumulado una deuda pública muy alta, las calificadoras de riesgo consideran a Colombia un deudor riesgoso y para 2025 el recaudo programado está muy lejos de poder cubrir las propuestas de gasto del gobierno, según el proyecto presentado al Congreso. Aun si las cuentas salieran como el gobierno estima en el frente de ingresos, le faltan cerca de $12 billones para cubrir el gasto que propone. Sin embargo, es muy probable que el faltante sea incluso del doble de la cifra admitida en el presupuesto presentado. El gobierno propone tapar ese hueco con una reforma tributaria, un reto legislativo que luce imposible entrando al tercer año del mandato, con índices de popularidad muy bajos y luego de que destrozara la coalición de gobierno que le permitió en 2022 aumentar los impuestos.
El Congreso tiene la tarea de discutir con cuidado ese proyecto y debería mejorarlo en dos dimensiones. Por un lado, el monto debería ajustarse a los ingresos que habría sin reforma tributaria y sin dosis de optimismo en el recaudo. De otro lado, debe balancear mejor las cargas: la propuesta del gobierno es generosa con los gastos de funcionamiento y tacaña con la inversión. Esa ecuación debería salir invertida del debate parlamentario.
Durante estos meses la crisis en cámara lenta del desfinanciado sector de la salud tendrá nuevos capítulos que incluirán la decisión de la Supersalud ante la solicitud de retiro progresivo de Sura y las deudas que tienen en crisis a varios eslabones de la cadena de servicios. Habremos también de ver si la terca inflación que lleva meses anclada en cifras cercanas al 7 % reemprende su enfriamiento, abriendo espacio para que el Banco Central reduzca sus tasas de interés o si, por el contrario, resulta más testaruda de lo anticipado frenando esa normalización monetaria.
En el frente internacional se vienen las elecciones de Estados Unidos en las que está en juego mucho más de lo usual no solo para ese país sino para la geopolítica e incluso la salud planetaria. Habrá de resolverse en estos meses también la crisis venezolana. Cualquier resultado distinto a que Maduro y su corte dejen el poder le pondría la firma definitiva a que tenemos en nuestro vecino más importante una dictadura y además hundirá a la izquierda colombiana que ha mantenido un discurso tibio que los votantes locales solo perdonarían si tras bambalina este permite que llegue al poder el ganador legítimo de las elecciones.
X: @mahofste
Vienen cinco meses agitados para la economía colombiana. Por un lado, discutiremos y habremos de aprobar el Presupuesto General de la Nación, aquel que decide el monto que gastará el gobierno en 2025 y los destinos de esos gastos. Aunque nunca se lleva los titulares del debate público, es una de las decisiones más importantes que tomamos como sociedad cada año: de qué tamaño queremos el Estado, qué roles le financiaremos, en cuánto nos endeudaremos.
Es esta ocasión ese debate es aún más relevante porque las cuentas públicas están maltrechas. Hemos acumulado una deuda pública muy alta, las calificadoras de riesgo consideran a Colombia un deudor riesgoso y para 2025 el recaudo programado está muy lejos de poder cubrir las propuestas de gasto del gobierno, según el proyecto presentado al Congreso. Aun si las cuentas salieran como el gobierno estima en el frente de ingresos, le faltan cerca de $12 billones para cubrir el gasto que propone. Sin embargo, es muy probable que el faltante sea incluso del doble de la cifra admitida en el presupuesto presentado. El gobierno propone tapar ese hueco con una reforma tributaria, un reto legislativo que luce imposible entrando al tercer año del mandato, con índices de popularidad muy bajos y luego de que destrozara la coalición de gobierno que le permitió en 2022 aumentar los impuestos.
El Congreso tiene la tarea de discutir con cuidado ese proyecto y debería mejorarlo en dos dimensiones. Por un lado, el monto debería ajustarse a los ingresos que habría sin reforma tributaria y sin dosis de optimismo en el recaudo. De otro lado, debe balancear mejor las cargas: la propuesta del gobierno es generosa con los gastos de funcionamiento y tacaña con la inversión. Esa ecuación debería salir invertida del debate parlamentario.
Durante estos meses la crisis en cámara lenta del desfinanciado sector de la salud tendrá nuevos capítulos que incluirán la decisión de la Supersalud ante la solicitud de retiro progresivo de Sura y las deudas que tienen en crisis a varios eslabones de la cadena de servicios. Habremos también de ver si la terca inflación que lleva meses anclada en cifras cercanas al 7 % reemprende su enfriamiento, abriendo espacio para que el Banco Central reduzca sus tasas de interés o si, por el contrario, resulta más testaruda de lo anticipado frenando esa normalización monetaria.
En el frente internacional se vienen las elecciones de Estados Unidos en las que está en juego mucho más de lo usual no solo para ese país sino para la geopolítica e incluso la salud planetaria. Habrá de resolverse en estos meses también la crisis venezolana. Cualquier resultado distinto a que Maduro y su corte dejen el poder le pondría la firma definitiva a que tenemos en nuestro vecino más importante una dictadura y además hundirá a la izquierda colombiana que ha mantenido un discurso tibio que los votantes locales solo perdonarían si tras bambalina este permite que llegue al poder el ganador legítimo de las elecciones.
X: @mahofste