Las discusiones periódicas con los camioneros suelen tener dos puntos de discordia, ambos alrededor de precios: el primero, cuánto les cuesta a los trasportadores un insumo, y el segundo, cuánto les pagamos por sus servicios.
El insumo, el que ha acaparado por estos días la atención de todo el país —menos del presidente, ocupado pensando en teorías conspirativas de espionaje— es el acpm. La razón de esa atención se debe al hecho de que en Colombia su precio lo fija el Gobierno. Si se rigiera como debería ser, por leyes de oferta y demanda, no tendríamos esta discusión, de la misma manera en que no tenemos paros de panaderos cuando la harina sube de precio.
El segundo —el precio del servicio de la movilización de la carga— también resulta conflictivo, porque desde el gobierno de Samper tenemos montados esquemas que pretenden que el Gobierno cumpla un rol en su determinación. Volviendo al panadero, no solo tendríamos al Gobierno decidiendo cuánto le cobran por la harina, sino cuánto le debemos pagar por el pan. Naturalmente, el Estado no tiene manera de hacer bien la tarea de definir esos precios, de mantenerlos al día, de verificar su cumplimiento. Al igual que con el insumo, este precio debería regirse por leyes de oferta y demanda, y la tarea del Estado debía limitarse a asegurar que haya una apropiada competencia, sin prácticas anticompetitivas en ninguna de las dos partes contratantes -generadores de carga y transportadores-.
En donde sí debería haber un rol activo del Gobierno es en velar por una red de carreteras de primer nivel que permita que esa carga se mueva de manera eficaz por la geografía nacional (pero al presidente le parece que esa es una inversión para ricos), en garantizar la seguridad (en la que hemos tenido serios retrocesos) y la libre movilidad de los vehículos. Sobre este último punto, los camioneros llevan tiempo quejándose, con razón, de lo que ellos mismos terminaron haciendo ahora y que se ha vuelto parte del paisaje nacional: el derecho a la protesta convertido también en un derecho a impedir la movilidad de otros. Hay que poner de nuevo en el radar nacional la vulneración de los derechos de terceros cuando hay bloqueos y las tareas estatales en defensa de esos derechos.
Y, finalmente, el paro dejó al desnudo un pésimo trabajo de este Gobierno. Desde la elección del momento para subir el precio del acpm -esto debió hacerse al comienzo
del Gobierno, cuando tenían altos índices de popularidad- hasta lo que parece una absoluta falta de estrategia en una negociación que tenían que saber que venía en camino: en las primeras horas del paro ya habían prometido frenar las alzas futuras del acpm renunciando así a dos terceras partes de la tarea. Los camioneros no aceptaron, y a partir de ahí ya estábamos solo discutiendo las migajas del restante tercio. Eso no suma: el país paralizado varios días por una tajada de ese tercio, otra ronda de erosión de gobernabilidad, otra pelea perdida, otra tanda en la que los que pasaron por encima del resto de la ciudadanía obtuvieron réditos con cargo al bolsillo de todos.
X: @mahofste
Las discusiones periódicas con los camioneros suelen tener dos puntos de discordia, ambos alrededor de precios: el primero, cuánto les cuesta a los trasportadores un insumo, y el segundo, cuánto les pagamos por sus servicios.
El insumo, el que ha acaparado por estos días la atención de todo el país —menos del presidente, ocupado pensando en teorías conspirativas de espionaje— es el acpm. La razón de esa atención se debe al hecho de que en Colombia su precio lo fija el Gobierno. Si se rigiera como debería ser, por leyes de oferta y demanda, no tendríamos esta discusión, de la misma manera en que no tenemos paros de panaderos cuando la harina sube de precio.
El segundo —el precio del servicio de la movilización de la carga— también resulta conflictivo, porque desde el gobierno de Samper tenemos montados esquemas que pretenden que el Gobierno cumpla un rol en su determinación. Volviendo al panadero, no solo tendríamos al Gobierno decidiendo cuánto le cobran por la harina, sino cuánto le debemos pagar por el pan. Naturalmente, el Estado no tiene manera de hacer bien la tarea de definir esos precios, de mantenerlos al día, de verificar su cumplimiento. Al igual que con el insumo, este precio debería regirse por leyes de oferta y demanda, y la tarea del Estado debía limitarse a asegurar que haya una apropiada competencia, sin prácticas anticompetitivas en ninguna de las dos partes contratantes -generadores de carga y transportadores-.
En donde sí debería haber un rol activo del Gobierno es en velar por una red de carreteras de primer nivel que permita que esa carga se mueva de manera eficaz por la geografía nacional (pero al presidente le parece que esa es una inversión para ricos), en garantizar la seguridad (en la que hemos tenido serios retrocesos) y la libre movilidad de los vehículos. Sobre este último punto, los camioneros llevan tiempo quejándose, con razón, de lo que ellos mismos terminaron haciendo ahora y que se ha vuelto parte del paisaje nacional: el derecho a la protesta convertido también en un derecho a impedir la movilidad de otros. Hay que poner de nuevo en el radar nacional la vulneración de los derechos de terceros cuando hay bloqueos y las tareas estatales en defensa de esos derechos.
Y, finalmente, el paro dejó al desnudo un pésimo trabajo de este Gobierno. Desde la elección del momento para subir el precio del acpm -esto debió hacerse al comienzo
del Gobierno, cuando tenían altos índices de popularidad- hasta lo que parece una absoluta falta de estrategia en una negociación que tenían que saber que venía en camino: en las primeras horas del paro ya habían prometido frenar las alzas futuras del acpm renunciando así a dos terceras partes de la tarea. Los camioneros no aceptaron, y a partir de ahí ya estábamos solo discutiendo las migajas del restante tercio. Eso no suma: el país paralizado varios días por una tajada de ese tercio, otra ronda de erosión de gobernabilidad, otra pelea perdida, otra tanda en la que los que pasaron por encima del resto de la ciudadanía obtuvieron réditos con cargo al bolsillo de todos.
X: @mahofste