La inflación colombiana sigue sin encontrar techo, como tampoco lo ha hecho en Europa, Estados Unidos ni en las principales economías de América Latina. El control de la inflación suele ser del resorte de la política monetaria, pero cifras tan altas son fértiles para que los gobiernos y políticos asuman que también deben participar del menú antiinflacionario. En Colombia hay pocas políticas que el Gobierno debería considerar en esta coyuntura y un abanico enorme de malas ideas que debería evitar.
En el frente de buenas prácticas, destaco tres. La primera, ya implementada por el Gobierno, una reducción de aranceles para los insumos agrícolas, buscando frenar el crecimiento de los precios de los alimentos que representan buena parte del arreón inicial de la inflación. Eso no va a tumbar mágicamente la inflación total, pero podría ayudar a que el incremento no se centre justo donde más les duele a los sectores pobres de la población. La segunda, una reducción del déficit fiscal. Colombia incrementó de manera vigorosa su gasto público durante la pandemia, pero ese impulso a la demanda ya no es necesario. Y la tercera, incrementar el valor de las ayudas sociales focalizadas, teniendo en cuenta que la inflación de la población pobre ha sido de 11,3 % en los últimos doce meses.
En el frente de las malas ideas el abanico es amplio. Lo encabeza la tentación de hacer sobreajustes en los salarios regulados por el Gobierno. Esa medida aceleraría la espiral inflacionaria y sería regresiva, porque la mitad de los trabajadores del país, justo aquellos con menos ingresos, no recibe salarios formales. Esos incrementos se irían a la otra mitad, la más privilegiada.
La lista de malas ideas continúa, como lo ha propuesto una campaña política, por poner aranceles a los alimentos y otros bienes con el argumento de que así aumentaría la oferta local y bajarían los precios. Eso es una falacia: al tener menos competencia externa, la oferta total sería menor y tendría precios más altos.
Otros proponen prohibir algunas exportaciones. Otra pésima idea que cerraría las puertas de las ventas externas, que con tanto esfuerzo hemos ido abriendo. La lista de las malas ideas antiinflacionarias también incluye la tentación de los gobiernos de decretar precios máximos. Además de abrir un frente policial fértil para la corrupción, terminaría generando mercados negros e incluso sacando del mercado la producción de bienes cuyos precios decretados no cubren los costos. La lista de malas ideas la cierra la propuesta de dolarizar la economía: esa es una decisión que tiene profundas consecuencias, que van desde la economía hasta la propia identidad del país. Sería una necedad tomar esa decisión sobre la base de la inflación de unos pocos meses.
Pd: esta nota incluye varios argumentos que junto con mi colega David Pérez-Reyna analizamos en “El retorno de la inflación”, Nota Macroeconómica n.° 42, Edición Especial Debate Electoral, Universidad de los Andes, que será publicada la semana entrante.
@mahofste
La inflación colombiana sigue sin encontrar techo, como tampoco lo ha hecho en Europa, Estados Unidos ni en las principales economías de América Latina. El control de la inflación suele ser del resorte de la política monetaria, pero cifras tan altas son fértiles para que los gobiernos y políticos asuman que también deben participar del menú antiinflacionario. En Colombia hay pocas políticas que el Gobierno debería considerar en esta coyuntura y un abanico enorme de malas ideas que debería evitar.
En el frente de buenas prácticas, destaco tres. La primera, ya implementada por el Gobierno, una reducción de aranceles para los insumos agrícolas, buscando frenar el crecimiento de los precios de los alimentos que representan buena parte del arreón inicial de la inflación. Eso no va a tumbar mágicamente la inflación total, pero podría ayudar a que el incremento no se centre justo donde más les duele a los sectores pobres de la población. La segunda, una reducción del déficit fiscal. Colombia incrementó de manera vigorosa su gasto público durante la pandemia, pero ese impulso a la demanda ya no es necesario. Y la tercera, incrementar el valor de las ayudas sociales focalizadas, teniendo en cuenta que la inflación de la población pobre ha sido de 11,3 % en los últimos doce meses.
En el frente de las malas ideas el abanico es amplio. Lo encabeza la tentación de hacer sobreajustes en los salarios regulados por el Gobierno. Esa medida aceleraría la espiral inflacionaria y sería regresiva, porque la mitad de los trabajadores del país, justo aquellos con menos ingresos, no recibe salarios formales. Esos incrementos se irían a la otra mitad, la más privilegiada.
La lista de malas ideas continúa, como lo ha propuesto una campaña política, por poner aranceles a los alimentos y otros bienes con el argumento de que así aumentaría la oferta local y bajarían los precios. Eso es una falacia: al tener menos competencia externa, la oferta total sería menor y tendría precios más altos.
Otros proponen prohibir algunas exportaciones. Otra pésima idea que cerraría las puertas de las ventas externas, que con tanto esfuerzo hemos ido abriendo. La lista de las malas ideas antiinflacionarias también incluye la tentación de los gobiernos de decretar precios máximos. Además de abrir un frente policial fértil para la corrupción, terminaría generando mercados negros e incluso sacando del mercado la producción de bienes cuyos precios decretados no cubren los costos. La lista de malas ideas la cierra la propuesta de dolarizar la economía: esa es una decisión que tiene profundas consecuencias, que van desde la economía hasta la propia identidad del país. Sería una necedad tomar esa decisión sobre la base de la inflación de unos pocos meses.
Pd: esta nota incluye varios argumentos que junto con mi colega David Pérez-Reyna analizamos en “El retorno de la inflación”, Nota Macroeconómica n.° 42, Edición Especial Debate Electoral, Universidad de los Andes, que será publicada la semana entrante.
@mahofste