Durante el primer gobierno de Santos el Congreso colombiano aprobó reformar la manera en que las regalías se distribuyen a los territorios. El grueso de los recursos que las explotaciones mineras debían aportar en regalías se invertía en las propias regiones donde esa explotación tenía lugar. El gobierno de Santos propuso que las regalías llegaran a todo el territorio nacional, especialmente a los rincones más pobres, sin importar si eran o no municipios productores de esos minerales.
El entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, se inventó una analogía para explicar las pretensiones de la reforma: en lugar de dejar la mermelada en una equina -la de los productores mineros- se repartiría por toda la tostada nacional (con el tiempo, el significado original de esa “mermelada” cambiaría de sentido en la conversación nacional asociándose a prácticas clientelistas).
Aquella reforma es útil para analizar algunos aspectos de la discusión actual que propone empujar la descentralización forzando al Gobierno Nacional a distribuir un porcentaje mayor de sus ingresos a los entes territoriales. Esa discusión ha causado alarma entre muchos analistas por los riesgos financieros que involucra forzar al Gobierno a ceder una tajada grande de sus ingresos sin que quede claro qué tareas dejaría de hacer para no duplicar los gastos estatales.
Pues bien, la reforma de la mermelada es un buen laboratorio. En aquella ocasión muchos municipios empezaron a recibir recursos caídos del cielo con las nuevas reglas sobre repartición de regalías, de la misma manera en que ahora muchos empezarán a recibir más recursos por el cambio en las reglas de transferencias del Gobierno Central a los entes territoriales.
Junto con Brigitte Castañeda, estudiante doctoral, y mi colega Andrés Álvarez, de la Universidad de los Andes, hemos estudiado qué ocurrió con el recaudo tributario local en los municipios que empezaron a recibir más recursos de regalías tras la reforma. Nuestros resultados son descorazonadores: por cada peso adicional en regalías que llegó a un municipio, el recaudo propio cayó en el mismo monto. La caída se explica por reducciones en el recaudo de impuestos prediales y de industria y comercio. Pareciera que, ante la llegada gratuita de recursos, los esfuerzos por parte de los gobernantes locales por cobrar impuestos en sus comunidades se cayeron y en el neto una fuente de recursos —el maná del cielo en forma de regalías— reemplazó al esfuerzo tributario propio.
Más mermelada —con su significado original— al reducir el esfuerzo tributario local puede afectar la gobernanza y el uso de esos recursos públicos: la rendición de cuentas a las comunidades tiene una connotación distinta si la plata salió de sus bolsillos a si cayó del cielo. Una discusión seria sobre la distribución del recaudo del Gobierno Central a las regiones debería vincularse a esfuerzos de recaudo locales propios y, por tanto, la verdadera descentralización tiene que pasar por la una y otra vez aplazada reforma tributaria de los entes territoriales.
Durante el primer gobierno de Santos el Congreso colombiano aprobó reformar la manera en que las regalías se distribuyen a los territorios. El grueso de los recursos que las explotaciones mineras debían aportar en regalías se invertía en las propias regiones donde esa explotación tenía lugar. El gobierno de Santos propuso que las regalías llegaran a todo el territorio nacional, especialmente a los rincones más pobres, sin importar si eran o no municipios productores de esos minerales.
El entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, se inventó una analogía para explicar las pretensiones de la reforma: en lugar de dejar la mermelada en una equina -la de los productores mineros- se repartiría por toda la tostada nacional (con el tiempo, el significado original de esa “mermelada” cambiaría de sentido en la conversación nacional asociándose a prácticas clientelistas).
Aquella reforma es útil para analizar algunos aspectos de la discusión actual que propone empujar la descentralización forzando al Gobierno Nacional a distribuir un porcentaje mayor de sus ingresos a los entes territoriales. Esa discusión ha causado alarma entre muchos analistas por los riesgos financieros que involucra forzar al Gobierno a ceder una tajada grande de sus ingresos sin que quede claro qué tareas dejaría de hacer para no duplicar los gastos estatales.
Pues bien, la reforma de la mermelada es un buen laboratorio. En aquella ocasión muchos municipios empezaron a recibir recursos caídos del cielo con las nuevas reglas sobre repartición de regalías, de la misma manera en que ahora muchos empezarán a recibir más recursos por el cambio en las reglas de transferencias del Gobierno Central a los entes territoriales.
Junto con Brigitte Castañeda, estudiante doctoral, y mi colega Andrés Álvarez, de la Universidad de los Andes, hemos estudiado qué ocurrió con el recaudo tributario local en los municipios que empezaron a recibir más recursos de regalías tras la reforma. Nuestros resultados son descorazonadores: por cada peso adicional en regalías que llegó a un municipio, el recaudo propio cayó en el mismo monto. La caída se explica por reducciones en el recaudo de impuestos prediales y de industria y comercio. Pareciera que, ante la llegada gratuita de recursos, los esfuerzos por parte de los gobernantes locales por cobrar impuestos en sus comunidades se cayeron y en el neto una fuente de recursos —el maná del cielo en forma de regalías— reemplazó al esfuerzo tributario propio.
Más mermelada —con su significado original— al reducir el esfuerzo tributario local puede afectar la gobernanza y el uso de esos recursos públicos: la rendición de cuentas a las comunidades tiene una connotación distinta si la plata salió de sus bolsillos a si cayó del cielo. Una discusión seria sobre la distribución del recaudo del Gobierno Central a las regiones debería vincularse a esfuerzos de recaudo locales propios y, por tanto, la verdadera descentralización tiene que pasar por la una y otra vez aplazada reforma tributaria de los entes territoriales.