Miedo a los precios

Esta no es una columna sobre la inflación que, tanto y por buenas razones, preocupa a muchos. Tampoco versa sobre el rol del banco central en esta coyuntura ni sobre las buenas, malas y pésimas ideas que en el debate político se han esgrimido para controlar el aumento de precios.

Lo que señala la columna es el miedo omnipresente, una especie de cobardía endémica, para utilizar la influencia que el Estado puede ejercer sobre los precios de algunos bienes y servicios con objetivos de política pública. Ese miedo termina minando tanto esos objetivos como las finanzas públicas.

Van tres ejemplos para ilustrar el punto.

Está claro que Colombia debe avanzar hacia una transición energética en la que dejemos, paulatinamente, de usar combustibles fósiles en favor de energías más limpias. Muchos países han acompañado esos esfuerzos mediante el encarecimiento de los precios de venta de esos combustibles, lo que fuerza tanto un menor uso de esas fuentes como una búsqueda más activa de los sustitutos.

En Colombia, en cambio, este Gobierno ha mantenido los precios de los combustibles altamente subsidiados. El año pasado, por ejemplo, el subsidio a los combustibles fue de cerca del 30 % en relación con los precios de mercado: una cuenta, con cargo a nuestros impuestos, cercana a $10 billones. Para darle perspectiva al dato: con los montos de ese subsidio, a la vuelta de un par de años, habríamos podido pagar de contado una línea de metro completa en Bogotá.

Otro ejemplo: una ciudad como Bogotá tiene enormes problemas de congestión vehicular. En otros países con más vehículos por habitante, muchos lo dejan en casa no solo porque moverlo es más caro por los precios de los combustibles, sino, sobre todo, porque el parqueo es extremadamente costoso. En Bogotá, en lugar de encarecer el parqueo con impuestos o regulaciones como un mecanismo para que saquemos menos el carro, tenemos todo lo contrario: precios máximos para parqueaderos regulados por la Alcaldía. Así, tenemos gasolina y parqueaderos baratos, pero a cambio de pico y placa todo el día. Es decir, con una mano el Estado abarata la congestión y con la otra la prohíbe.

Y un tercer ejemplo: muchos países han encarecido el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, ante la abundante evidencia de su impacto negativo en la salud. La estrategia es similar a la del tabaco: encarecerlo como una manera de visibilizar sus daños. Pero en Colombia, a pesar de los esfuerzos del Gobierno pasado por poner en circulación esos impuestos saludables, la idea fue descartada en el trámite legislativo. Encarecer ese consumo no pegó.

Así, consumimos mucho más trancón, gasolina, contaminación, parqueaderos y comidas poco saludables de lo que, como sociedad, deberíamos. Y todo por un miedo a sincerar esos precios, poniéndolos al nivel de sus costos sociales.

@mahofste