Mil veces menor


La Corte Constitucional anuló la creación del Ministerio de la Igualdad. El tribunal encontró que el Congreso, al aprobar su creación, lo hizo sin un aval fiscal del Ministerio de Hacienda, un requisito cuando las leyes crean nuevos gastos para el Estado. En otras palabras, el Congreso aprobó un nuevo Ministerio sin saber cuánto nos costaría ni cómo cuadraría eso dentro de las restricciones presupuestales del Gobierno. Y no se trata de un gasto menor: el presupuesto del Ministerio es de $1,3 billones, cuatro veces más que el Ministerio de la Ciencia.

La señal que envió la Corte con la anulación es muy importante. Está muy bien legislar al son de los sueños que tengamos como sociedad, pero deben caber dentro de la vaca que financia las otras tareas y aspiraciones que ya aprobamos. Con el fallo de la Corte quedamos notificados: nuevas leyes sin aval fiscal correrán el riesgo de no pasar la prueba constitucional.

La tarea de ahora en adelante es asegurarse de que la presentación del aval fiscal no sea simplemente un trámite, ni un papel más que se anexa a los proyectos debatidos. El Ministerio de Hacienda tendrá una tarea muy importante, y en ocasiones compleja: calcular los costos de las iniciativas discutidas en el Congreso y decidir si caben en los presupuestos futuros.

Naturalmente, la tentación de cada gobierno será la de aprobar sus propias iniciativas. Y aquí es donde necesitamos contrapesos institucionales: el Congreso no debería simplemente verificar si el proyecto viene con aval fiscal, sino tener un equipo propio que le permita contrastar los números que en ocasiones pueden ser muy difíciles de estimar (por ejemplo, los costos de una reforma pensional tienen una enorme complejidad).

La buena noticia es que ese contrapeso, en el papel, ya lo tenemos. En 2019, el Congreso aprobó la creación de una oficina de asistencia técnica presupuestal del Congreso, una figura que existe en muchos países para dotar a los entes legislativos de estimaciones y cálculos que apoyen su proceso de decisiones y que sean independientes del propio gobierno. En el caso colombiano, la ley estableció una oficina pequeña (quizá demasiado para semejante tarea) de alrededor de 10 profesionales, que deben ser elegidos por concursos diseñados para mantener el carácter técnico del ente. Los recursos para financiar la oficina deben salir de los presupuestos del Congreso.

La mala noticia es que cinco años después de su aprobación, la oficina no se ha puesto en marcha, sigue siendo de papel. El llamado de la Corte a tomarse en serio los avales fiscales debería servir al Congreso para finalmente poner en marcha la oficina. Les empezarán a llegar proyecto a proyecto avales fiscales que requieren una contraparte técnica que los analice y, si es del caso, los controvierta. El costo de esa oficina es, literalmente, mil veces menor que el del Ministerio que aprobaron sin echar números.

@mahofste