A finales de 2023, cuando había discusiones sobre una licitación para la producción de pasaportes y en medio de advertencias de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sobre el costo que el propio Estado habría de pagar en el futuro si se seguía una ruta conceptuada como ilegal, el entonces Canciller Leyva, en un acto de desprecio por los ciudadanos contribuyentes, anotó que lo notificaran en la tumba cuando llegara esa cuenta de cobro futura por las decisiones que tomaba él ahora.
Algo similar ocurre con las discusiones sobre la reforma pensional. El gobierno envió un documento al Congreso dando su visto bueno desde el punto de vista fiscal a la reforma. Las cifras de esos cálculos debieran ser conservadoras, pero no los son. Por ejemplo, la reforma propone que parte de las contribuciones se vaya a un fondo de ahorro que manejaría el Banco de la República. La dosis de optimismo es que el durante la vida útil del fondo, Hacienda cree que este daría rendimientos muy superiores a los que han dado los fondos de pensiones en años recientes (y que de hecho son altos en el contexto internacional). Para ponerlo en cifras concretas, Hacienda cuenta con que esos rendimientos aportarían a las cuentas casi 200 billones de pesos.
Aun imaginando las cuentas con ese color rosa, los estimativos apuntan a que cada año, mientras no agotemos los recursos de ese fondo de ahorro, la reforma costará tres billones de pesos y que, cuando se acabe a la vuelta de unas décadas el ahorro, esa cuenta se acercará a 30 billones por año. La única posible explicación por la cual Hacienda le da el visto bueno fiscal a ese cambio es que se está centrando en el corto plazo, apostando a que tres billones se pueden acomodar dentro de las maltrechas cuentas del Estado. Pero ¿y la cuenta de 30 billones por año del futuro?
El proyecto de reforma discutido comete una tremenda injusticia intergeneracional. Nos estamos aprobando unas reglas de juego pensionales caras en el presente e impagables en el futuro, heredándole a nuestros hijos y nietos una cuenta por pagar inabordable. ¿Cómo puede el gobierno darle luz verde fiscal a esto? ¿No debería tener en cuenta la totalidad de la senda de gastos prometida y no solo la de corto plazo? Tan claro tiene el gobierno que esa cuenta no se podrá pagar que la propia ministra de Trabajo ha aceptado que se requerirá un cambio de reglas a vuelta de unos años.
Gobierno y Congreso tendrían que abordar la parte difícil de la discusión, la que involucra subir la bajísima edad de pensión colombiana, igualar la de hombres y mujeres dejando prendido el bono por hijo para estas últimas y reducir el umbral de cotización a Colpensiones a 1.5 salarios mínimos. Cualquier otra decisión es ponerse a tono con el Canciller y decirle a nuestros hijos y nietos que nos notifiquen en la tumba por la fiesta que financiamos, sin preguntarles, con cargo a sus ingresos.
X: @mahofste
A finales de 2023, cuando había discusiones sobre una licitación para la producción de pasaportes y en medio de advertencias de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sobre el costo que el propio Estado habría de pagar en el futuro si se seguía una ruta conceptuada como ilegal, el entonces Canciller Leyva, en un acto de desprecio por los ciudadanos contribuyentes, anotó que lo notificaran en la tumba cuando llegara esa cuenta de cobro futura por las decisiones que tomaba él ahora.
Algo similar ocurre con las discusiones sobre la reforma pensional. El gobierno envió un documento al Congreso dando su visto bueno desde el punto de vista fiscal a la reforma. Las cifras de esos cálculos debieran ser conservadoras, pero no los son. Por ejemplo, la reforma propone que parte de las contribuciones se vaya a un fondo de ahorro que manejaría el Banco de la República. La dosis de optimismo es que el durante la vida útil del fondo, Hacienda cree que este daría rendimientos muy superiores a los que han dado los fondos de pensiones en años recientes (y que de hecho son altos en el contexto internacional). Para ponerlo en cifras concretas, Hacienda cuenta con que esos rendimientos aportarían a las cuentas casi 200 billones de pesos.
Aun imaginando las cuentas con ese color rosa, los estimativos apuntan a que cada año, mientras no agotemos los recursos de ese fondo de ahorro, la reforma costará tres billones de pesos y que, cuando se acabe a la vuelta de unas décadas el ahorro, esa cuenta se acercará a 30 billones por año. La única posible explicación por la cual Hacienda le da el visto bueno fiscal a ese cambio es que se está centrando en el corto plazo, apostando a que tres billones se pueden acomodar dentro de las maltrechas cuentas del Estado. Pero ¿y la cuenta de 30 billones por año del futuro?
El proyecto de reforma discutido comete una tremenda injusticia intergeneracional. Nos estamos aprobando unas reglas de juego pensionales caras en el presente e impagables en el futuro, heredándole a nuestros hijos y nietos una cuenta por pagar inabordable. ¿Cómo puede el gobierno darle luz verde fiscal a esto? ¿No debería tener en cuenta la totalidad de la senda de gastos prometida y no solo la de corto plazo? Tan claro tiene el gobierno que esa cuenta no se podrá pagar que la propia ministra de Trabajo ha aceptado que se requerirá un cambio de reglas a vuelta de unos años.
Gobierno y Congreso tendrían que abordar la parte difícil de la discusión, la que involucra subir la bajísima edad de pensión colombiana, igualar la de hombres y mujeres dejando prendido el bono por hijo para estas últimas y reducir el umbral de cotización a Colpensiones a 1.5 salarios mínimos. Cualquier otra decisión es ponerse a tono con el Canciller y decirle a nuestros hijos y nietos que nos notifiquen en la tumba por la fiesta que financiamos, sin preguntarles, con cargo a sus ingresos.
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