Tras conocer que la Corte Constitucional tumbó la Ley de Financiamiento de 2018, el gobierno presentó al Congreso el mismo texto que había sido aprobado meses atrás, uno que bajaba los impuestos a las empresas y coloreaba de anaranjado a algunos sectores a los que les bajaba las cargas aún más que al resto. La justificación detrás de la reforma descansaba sobre la premisa (cierta) de que el sector empresarial colombiano tenía cargas impositivas muy altas y la hipótesis (discutible) de que reducirlas de esa manera beneficiaría a todo el país vía más ingresos. La reforma, además, reducía el recaudo futuro razón por la cual algunos empezaron a llamarla la Ley de Desfinanciamiento.
El país que aprobó la Ley caída, es distinto al que discute la nueva. El desempleo se ha acentuado, se abrió una brecha entre los ingresos de los trabajadores formales y los informales, la favorabilidad del presidente ha colapsado, el partido de gobierno se llevó un chasco en las elecciones locales y a eso se sumó la muestra de descontento popular más grande que haya vivido la generación del presidente.
El gobierno acordó modificaciones al texto en las comisiones económicas del Congreso. Lo que salió de ese horno no ataca ninguno de los problemas serios del estatuto tributario y además desfinancia al Estado aún más que la anterior: quita el impuesto a los inmuebles costosos; reduce el pequeño avance que había en progresividad al bajar de nuevo los impuestos a los dividendos; se inventa el embeleco del tres días sin IVA; le reduce la contribución a salud a las pensiones de salario mínimo (que, así nos duela reconocer, le llegan al cuartil de adultos mayores con más ingresos); y a pesar de que no hay IVA a la canasta familiar lo va a “devolver” al quintil más pobre. Queda de consuelo que esto último al menos es progresivo y que si funciona, algún día se podrá ampliar la base del IVA reembolsando a los más pobres.
Pero las crisis son también oportunidades; esta la estamos desperdiciando. Con el país en las calles pidiendo cambios, habría sido posible cerrar múltiples exenciones que grupos de poder han conseguido a lo largo del tiempo en los impuestos corporativos y a personas naturales y buscar un mayor recaudo que permita aliviar la tensión que subyace al descontento general. Esa tensión surge de la creciente clase media que siente que el Estado no está proveyendo los bienes y servicios que espera y un Estado que no tiene con qué cubrirlos.
Termino con una idea: el presidente ganó las elecciones con un programa que incluía reducirle las cargas a las empresas. Esa promesa tiene márgenes de ajuste: en lugar de concentrarse en cumplirla vía descuentos en la compra de bienes de capital, se puede cumplir bajando los costos parafiscales de la contratación de trabajadores. En lugar de sacar pecho porque subió la FBKF, una sigla que no le dice nada a la mayoría de ciudadanos, podríamos sacar pecho por crear más empleo formal y así conectarse mejor con un país que ya no es el mismo que votó por ese programa.
Twitter: @mahofste
Tras conocer que la Corte Constitucional tumbó la Ley de Financiamiento de 2018, el gobierno presentó al Congreso el mismo texto que había sido aprobado meses atrás, uno que bajaba los impuestos a las empresas y coloreaba de anaranjado a algunos sectores a los que les bajaba las cargas aún más que al resto. La justificación detrás de la reforma descansaba sobre la premisa (cierta) de que el sector empresarial colombiano tenía cargas impositivas muy altas y la hipótesis (discutible) de que reducirlas de esa manera beneficiaría a todo el país vía más ingresos. La reforma, además, reducía el recaudo futuro razón por la cual algunos empezaron a llamarla la Ley de Desfinanciamiento.
El país que aprobó la Ley caída, es distinto al que discute la nueva. El desempleo se ha acentuado, se abrió una brecha entre los ingresos de los trabajadores formales y los informales, la favorabilidad del presidente ha colapsado, el partido de gobierno se llevó un chasco en las elecciones locales y a eso se sumó la muestra de descontento popular más grande que haya vivido la generación del presidente.
El gobierno acordó modificaciones al texto en las comisiones económicas del Congreso. Lo que salió de ese horno no ataca ninguno de los problemas serios del estatuto tributario y además desfinancia al Estado aún más que la anterior: quita el impuesto a los inmuebles costosos; reduce el pequeño avance que había en progresividad al bajar de nuevo los impuestos a los dividendos; se inventa el embeleco del tres días sin IVA; le reduce la contribución a salud a las pensiones de salario mínimo (que, así nos duela reconocer, le llegan al cuartil de adultos mayores con más ingresos); y a pesar de que no hay IVA a la canasta familiar lo va a “devolver” al quintil más pobre. Queda de consuelo que esto último al menos es progresivo y que si funciona, algún día se podrá ampliar la base del IVA reembolsando a los más pobres.
Pero las crisis son también oportunidades; esta la estamos desperdiciando. Con el país en las calles pidiendo cambios, habría sido posible cerrar múltiples exenciones que grupos de poder han conseguido a lo largo del tiempo en los impuestos corporativos y a personas naturales y buscar un mayor recaudo que permita aliviar la tensión que subyace al descontento general. Esa tensión surge de la creciente clase media que siente que el Estado no está proveyendo los bienes y servicios que espera y un Estado que no tiene con qué cubrirlos.
Termino con una idea: el presidente ganó las elecciones con un programa que incluía reducirle las cargas a las empresas. Esa promesa tiene márgenes de ajuste: en lugar de concentrarse en cumplirla vía descuentos en la compra de bienes de capital, se puede cumplir bajando los costos parafiscales de la contratación de trabajadores. En lugar de sacar pecho porque subió la FBKF, una sigla que no le dice nada a la mayoría de ciudadanos, podríamos sacar pecho por crear más empleo formal y así conectarse mejor con un país que ya no es el mismo que votó por ese programa.
Twitter: @mahofste