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El Banco de la República ha pasado al tablero electoral. El hecho de que los cinco miembros independientes de su junta hayan sido escogidos por este Gobierno y una equivocada interpretación sobre las tareas del Banco, explican su sorprendente papel en los debates.
Sobre las tareas que la ley asigna al Banco: algunos argumentan que es necesario reformarlo porque su mandato legal solo le permite velar por una inflación baja. Esa interpretación es incorrecta: una sentencia de la Corte Constitucional de 1999 aclara que “si bien la finalidad primaria (…) del Banco es la estabilidad de los precios (…) esa institución no puede ser indiferente a otros objetivos de política económica (…) como (…) la búsqueda del pleno empleo o la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo”. De hecho, desde finales de 2019 el propio Banco encabeza sus informes de política monetaria constatando que “las acciones de política monetaria buscan conducir la inflación a una meta puntual y alcanzar el nivel máximo sostenible del producto y del empleo”.
Sobre la composición de la junta: las reglas de juego establecen que cada gobierno, a mitad de su mandato, puede cambiar a dos de los cinco miembros independientes. Sobre el papel, ese diseño garantiza que ningún gobierno pueda tener mayorías. Sin embargo, este Gobierno ha nombrado a la totalidad de los actuales miembros independientes. ¿Cómo? Lo ha podido hacer por una combinación de renuncias de codirectores y, cabe decirlo, un abuso del espíritu de las reglas en dos de los nombramientos.
Una de las primeras renuncias fue del codirector Zárate, atraído a un cargo dentro del propio Gobierno; Zárate, en todo caso, habría tenido que salir al momento de los cambios a mitad del mandato, pues se le vencía el tiempo máximo de permanencia. Al atraerlo al Gobierno antes de esa elección, el Gobierno abrió la puerta para escoger tres en lugar de dos codirectores. El segundo cambio que deja mal sabor ocurrió cuando, pocos días después de haber hecho los dos nombramientos a que tiene derecho, el Gobierno aceptó la renuncia de Galindo. Deja mal sabor porque los medios ya habían anunciado de tiempo atrás que ese miembro había manifestado que no seguiría en el cargo. Por respeto al espíritu de la ley, el Gobierno debería haber usado esa renuncia para uno de los dos nombramientos a los que tenía derecho.
Al margen de si creemos o no que el Gobierno usó las reglas de juego en contravía del espíritu de la ley, el hecho concreto es que, con una junta elegida en su totalidad por el saliente e impopular Gobierno, el Banco es percibido por algunos sectores políticos como un fortín del Centro Democrático. Esa percepción, condimentada por la errónea interpretación del mandato del Banco, puede abrir el camino a que el nuevo gobierno proponga reformas a la ley del Banco de la República y que estas cabalguen en el Legislativo montadas sobre esa animadversión política.
El Congreso puede pedirle rendición de cuentas a la junta del Banco si cree que sus acciones lo ameritan. Pero debemos tener claro que una reforma a la ley del Banco montada sobre una revancha partidista alimentada de argumentos equivocados no puede salir bien.
@mahofste