Cuando en 2002 el presidente Uribe tomó posesión de su cargo, el precio del petróleo rondaba los US$25 por barril. Durante su primer mandato, el promedio de ese precio saltó a US$43, y durante el segundo a US$75, el triple del precio que heredó. Esa tendencia dio para que, durante el primer gobierno de Santos, éste incluyera el petróleo en su plan de gobierno como una de las locomotoras que propulsarían el desarrollo del país. Durante un tiempo, la apuesta funcionó: hasta mediados de 2014, el barril de petróleo se pagó en promedio a US$107.
Tras un ciclo de incrementos en precios tan prolongado no es sorprendente que tanto el Gobierno como los ciudadanos nos acostumbráramos a los buenos vientos de cola. Nuestro ingreso creció entre 2005 y 2013 al 4,8 % y las proyecciones empezaron a contar con aumentos similares en el futuro. Algunos funcionarios y analistas de la época incluso hablaron de tasas de crecimiento sostenido de más de 6 %, si a ese buen viento se le sumaban los dividendos de la paz que empezaba a cuajar. Por el lado de los ingresos estatales, la bonanza que creímos perenne también dejó huella. En 2014, la quinta parte de los ingresos del Gobierno provenía del petróleo.
Pero ahora sabemos que esos vientos podían cambiar de rumbo. Lo hicieron de manera dramática a partir de la segunda mitad de 2014. Los ingresos que el Gobierno recibía del sector de hidrocarburos se evaporaron, nuestra tasa de cambio perdió dos terceras partes de su valor y los sueños de crecer al 6 % se desvanecieron.
La caída en los precios de petróleo fue manejada con acierto por el Gobierno y el banco central: a diferencia de la crisis de 1998-99, los colombianos no tendremos un anecdotario personal extenso para nuestros hijos y nietos sobre la quiebra de bancos, el desempleo de dos dígitos, la entrega de casas en dación de pago y un largo etcétera de penurias que quince años antes sí nos acompañaron a muchos. Pero las cuentas fiscales quedaron maltrechas y nuestros ingresos están creciendo a la mitad de la tasa con la que alcanzamos a ilusionarnos.
La reciente crisis también rescató una vieja lección que no debimos haber olvidado: es mala idea que las rentas petroleras aporten una porción relevante de los ingresos estatales, que financien gastos recurrentes y que no tengamos mecanismos de ahorro que se activen cuando los precios del petróleo suben. A pesar de que las heridas del golpe de 2014 todavía no han sanado del todo, poco a poco los cantos de sirena de los recuperados precios del petróleo han llegado a oídos del Gobierno y del Congreso. Percibo que hace carrera una preocupante tentación a aplazar las reformas difíciles e impopulares, aquellas que solo se pueden hacer al comienzo de un gobierno. La tentación viene propulsada por un nuevo viento de cola petrolero: los planes fiscales de 2019 se hicieron con el barril a US$65 y esta semana el precio superó los US$80. ¿Se atará el Gobierno al mástil?
@mahofste
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Cuando en 2002 el presidente Uribe tomó posesión de su cargo, el precio del petróleo rondaba los US$25 por barril. Durante su primer mandato, el promedio de ese precio saltó a US$43, y durante el segundo a US$75, el triple del precio que heredó. Esa tendencia dio para que, durante el primer gobierno de Santos, éste incluyera el petróleo en su plan de gobierno como una de las locomotoras que propulsarían el desarrollo del país. Durante un tiempo, la apuesta funcionó: hasta mediados de 2014, el barril de petróleo se pagó en promedio a US$107.
Tras un ciclo de incrementos en precios tan prolongado no es sorprendente que tanto el Gobierno como los ciudadanos nos acostumbráramos a los buenos vientos de cola. Nuestro ingreso creció entre 2005 y 2013 al 4,8 % y las proyecciones empezaron a contar con aumentos similares en el futuro. Algunos funcionarios y analistas de la época incluso hablaron de tasas de crecimiento sostenido de más de 6 %, si a ese buen viento se le sumaban los dividendos de la paz que empezaba a cuajar. Por el lado de los ingresos estatales, la bonanza que creímos perenne también dejó huella. En 2014, la quinta parte de los ingresos del Gobierno provenía del petróleo.
Pero ahora sabemos que esos vientos podían cambiar de rumbo. Lo hicieron de manera dramática a partir de la segunda mitad de 2014. Los ingresos que el Gobierno recibía del sector de hidrocarburos se evaporaron, nuestra tasa de cambio perdió dos terceras partes de su valor y los sueños de crecer al 6 % se desvanecieron.
La caída en los precios de petróleo fue manejada con acierto por el Gobierno y el banco central: a diferencia de la crisis de 1998-99, los colombianos no tendremos un anecdotario personal extenso para nuestros hijos y nietos sobre la quiebra de bancos, el desempleo de dos dígitos, la entrega de casas en dación de pago y un largo etcétera de penurias que quince años antes sí nos acompañaron a muchos. Pero las cuentas fiscales quedaron maltrechas y nuestros ingresos están creciendo a la mitad de la tasa con la que alcanzamos a ilusionarnos.
La reciente crisis también rescató una vieja lección que no debimos haber olvidado: es mala idea que las rentas petroleras aporten una porción relevante de los ingresos estatales, que financien gastos recurrentes y que no tengamos mecanismos de ahorro que se activen cuando los precios del petróleo suben. A pesar de que las heridas del golpe de 2014 todavía no han sanado del todo, poco a poco los cantos de sirena de los recuperados precios del petróleo han llegado a oídos del Gobierno y del Congreso. Percibo que hace carrera una preocupante tentación a aplazar las reformas difíciles e impopulares, aquellas que solo se pueden hacer al comienzo de un gobierno. La tentación viene propulsada por un nuevo viento de cola petrolero: los planes fiscales de 2019 se hicieron con el barril a US$65 y esta semana el precio superó los US$80. ¿Se atará el Gobierno al mástil?
@mahofste
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