Pocos habían oído hablar de ese grupo con un nombre que muchos encuentran difícil de pronunciar, del cuya existencia nos enteramos recientemente por la suspensión a Colombia tras declaraciones del presidente Petro que violaron la confidencialidad exigida por tan distinguida membresía. ¿Grupo qué...?
En realidad, Egmont toma su nombre del castillo en Bélgica donde el grupo fue creado en 1995, y cuya sede central se encuentra actualmente en Toronto. El grupo cuenta con 177 miembros, la gran mayoría de los cuales corresponde a las unidades de inteligencia financiera de los Estados, además de instituciones financieras internacionales. La UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), adscrita al Ministerio de Hacienda, ha representado a nuestro país en Egmont desde el año 2000. Inicialmente, el objetivo de Egmont fue combatir el lavado de activos, y con el tiempo se han añadido el financiamiento del terrorismo y crímenes afines.
Para pertenecer y mantenerse en el grupo Egmont es requisito sine qua non cumplir con los rígidos estatutos que determinan entre otras: el libre intercambio de información para propósitos de análisis a nivel de las Unidades Internacionales financieras (UIF), la abstención de diseminar o utilizar la información para cualquier otro propósito sin consentimiento previo de la UIF que la proporcionó y la protección de la confidencialidad de la información.
El grupo Egmont se reúne al menos una vez al año e incluye en su estructura ocho grupos regionales y cuatro grupos de trabajo: intercambio de información, membresía, procedimientos y asistencia técnica. Una de sus principales funciones, además del intercambio bilateral o multilateral de información financiera, es colaborar con el Consejo de Seguridad, el Consejo de Ministros de Finanzas del G20 y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo intergubernamental que establece estándares, buenas prácticas y recomendaciones en lo referente al lavado de activos y monitorea su cumplimiento. El GAFI mantiene una lista de países “negros” y “grises” por su no adherencia a los estándares internacionales, lo cual acarrea sanciones y obstáculos en las transacciones financieras. De la lista “gris”, para sorpresa de nadie, hacen parte Venezuela y Haití como “representantes” de América Latina.
Colombia fue suspendida hace unos días debido a que el presidente Petro reveló un documento secreto de la contraparte de la UIAF en Israel, referente el tema Pegasus, lo cual viola el estatuto de confidencialidad y confianza para documentos intercambiados en el marco del grupo EGMONT. La suspensión de Colombia mientras se define si es expulsado definitivamente tendría graves consecuencias para el país inmerso en diversos conflictos internos con bandas criminales e insurgentes que se beneficiarían de la falta de cooperación financiera con Colombia.
Entendiendo quizás la gravedad de la posible expulsión de Colombia de Egmont, la Cancillería emitió un comunicado inusual en estos tiempos, en que las menciones a Israel se limitan únicamente a recriminaciones, acusaciones y descalificaciones, ratificando su deseo de continuar la cooperación judicial con Israel, ahora en el caso del ciudadano israelí asesinado en Medellín.
Es decir, buscan “desembarrarla”.
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En realidad, Egmont toma su nombre del castillo en Bélgica donde el grupo fue creado en 1995, y cuya sede central se encuentra actualmente en Toronto. El grupo cuenta con 177 miembros, la gran mayoría de los cuales corresponde a las unidades de inteligencia financiera de los Estados, además de instituciones financieras internacionales. La UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), adscrita al Ministerio de Hacienda, ha representado a nuestro país en Egmont desde el año 2000. Inicialmente, el objetivo de Egmont fue combatir el lavado de activos, y con el tiempo se han añadido el financiamiento del terrorismo y crímenes afines.
Para pertenecer y mantenerse en el grupo Egmont es requisito sine qua non cumplir con los rígidos estatutos que determinan entre otras: el libre intercambio de información para propósitos de análisis a nivel de las Unidades Internacionales financieras (UIF), la abstención de diseminar o utilizar la información para cualquier otro propósito sin consentimiento previo de la UIF que la proporcionó y la protección de la confidencialidad de la información.
El grupo Egmont se reúne al menos una vez al año e incluye en su estructura ocho grupos regionales y cuatro grupos de trabajo: intercambio de información, membresía, procedimientos y asistencia técnica. Una de sus principales funciones, además del intercambio bilateral o multilateral de información financiera, es colaborar con el Consejo de Seguridad, el Consejo de Ministros de Finanzas del G20 y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo intergubernamental que establece estándares, buenas prácticas y recomendaciones en lo referente al lavado de activos y monitorea su cumplimiento. El GAFI mantiene una lista de países “negros” y “grises” por su no adherencia a los estándares internacionales, lo cual acarrea sanciones y obstáculos en las transacciones financieras. De la lista “gris”, para sorpresa de nadie, hacen parte Venezuela y Haití como “representantes” de América Latina.
Colombia fue suspendida hace unos días debido a que el presidente Petro reveló un documento secreto de la contraparte de la UIAF en Israel, referente el tema Pegasus, lo cual viola el estatuto de confidencialidad y confianza para documentos intercambiados en el marco del grupo EGMONT. La suspensión de Colombia mientras se define si es expulsado definitivamente tendría graves consecuencias para el país inmerso en diversos conflictos internos con bandas criminales e insurgentes que se beneficiarían de la falta de cooperación financiera con Colombia.
Entendiendo quizás la gravedad de la posible expulsión de Colombia de Egmont, la Cancillería emitió un comunicado inusual en estos tiempos, en que las menciones a Israel se limitan únicamente a recriminaciones, acusaciones y descalificaciones, ratificando su deseo de continuar la cooperación judicial con Israel, ahora en el caso del ciudadano israelí asesinado en Medellín.
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