Cancillería en aprietos: ¿qué pasó con el servicio exterior?

El episodio de la semana pasada del casi embajador en Tailandia, Daniel Mendoza, tan defendido por Petro, ha dejado mal parado al Gobierno y en especial al canciller Luis Gilberto Murillo.

Cuando se hizo público el posible nombramiento, el proceso para nombrarlo ya había iniciado. El beneplácito se solicitó varios meses antes y solo cuando se dieron a conocer cartas, mensajes de ciudadanos indignados, pronunciamiento de la defensora del Pueblo, de varios medios y hasta de miembros del propio Gobierno, fue que se frenó el proceso.

La solicitud de beneplácito, es decir, el envío de la hoja de vida del postulado a la Cancillería de Tailandia, con la carta solicitando que se acepte a esa persona como representante de Colombia, se surte por instrucciones del canciller. Este proceso toma en general de uno a dos meses. No hay una sola solicitud de beneplácito que no pase por las manos del canciller o se haga por instrucciones suyas. La defensa a Murillo ante este episodio es que logró convencer al presidente Petro de no nombrar al señor Mendoza, al parecer después de varias discusiones. Si esto fue así, solo lo hizo cuando saltó el escándalo, porque fue con su autorización que se solicitó el beneplácito. Si esa solicitud se presentó sin su consentimiento, está complicada su autoridad en el Ministerio.

Cuesta trabajo entender cómo al canciller le pareció en algún momento que el señor Mendoza podría representar dignamente al país y a los colombianos. Lo que sí queda claro es que, si no fuera por el escándalo, hoy Mendoza sería embajador.

El presidente decidió defenderlo a ultranza desde el día que se empezó a cuestionar su nombramiento. En medio de la defensa del personaje, Petro decía en un trino que el servicio exterior era inviable por los costos, y que lo que había era turismo internacional. Según él, no lo dejan dirigir la política exterior por las críticas a Matarife. La queja también responde a las demandas que han interpuesto los miembros de la carrera diplomática contra nombramientos que él ha hecho de personas por fuera de la carrera y a las que los tribunales les han dado la razón. En estos casos, la Cancillería debe devolver a Colombia a la persona nombrada con el costo que esto conlleva.

No es el primer gobierno ni el único al que esto le ocurre: es una práctica de la carrera diplomática poco amigable con la administración de turno. Genera un costo inmenso para el Estado y un caos para el funcionamiento del servicio exterior. Creen que así defienden sus derechos, creo yo, equivocadamente.

Pero también el costo se está dando porque la administración está manejando las salidas al exterior de manera desorganizada. Como ejemplo, en Panamá hay actualmente dos embajadores porque están cambiando a un embajador de carrera, que llevaba apenas un año, por una persona cercana al presidente. Esto ocurre, y es normal; lo que no lo es, es que manden al segundo sin ubicar al primero y hoy hay dos embajadores allá. El otro ejemplo es Dinamarca. Nombraron hace tres meses a un embajador de carrera, y cuando apenas lleva dos meses en su cargo, el canciller decide presentar otra solicitud de beneplácito para Catalina Velasco, exministra de Petro. Según la ley, el embajador tiene derecho a permanecer en su cargo al menos un año, pero al parecer no le van a respetar este derecho. En Dinamarca no deben entender nada de lo que pasa. Ya habían solicitado hace dos años otro beneplácito para Adriana Córdoba, esposa de Antanas Mockus, pero nunca llegó.

Van tres beneplácitos en dos años y medio y ningún embajador en ejercicio. ¿Alguien le contará al presidente que estos dos casos tienen un millonario costo para la Cancillería? Son solo dos ejemplos, que, junto al lamentable episodio de Mendoza, nos muestran a un servicio exterior manejado de manera descuidada.

El episodio de la semana pasada del casi embajador en Tailandia, Daniel Mendoza, tan defendido por Petro, ha dejado mal parado al Gobierno y en especial al canciller Luis Gilberto Murillo.

Cuando se hizo público el posible nombramiento, el proceso para nombrarlo ya había iniciado. El beneplácito se solicitó varios meses antes y solo cuando se dieron a conocer cartas, mensajes de ciudadanos indignados, pronunciamiento de la defensora del Pueblo, de varios medios y hasta de miembros del propio Gobierno, fue que se frenó el proceso.

La solicitud de beneplácito, es decir, el envío de la hoja de vida del postulado a la Cancillería de Tailandia, con la carta solicitando que se acepte a esa persona como representante de Colombia, se surte por instrucciones del canciller. Este proceso toma en general de uno a dos meses. No hay una sola solicitud de beneplácito que no pase por las manos del canciller o se haga por instrucciones suyas. La defensa a Murillo ante este episodio es que logró convencer al presidente Petro de no nombrar al señor Mendoza, al parecer después de varias discusiones. Si esto fue así, solo lo hizo cuando saltó el escándalo, porque fue con su autorización que se solicitó el beneplácito. Si esa solicitud se presentó sin su consentimiento, está complicada su autoridad en el Ministerio.

Cuesta trabajo entender cómo al canciller le pareció en algún momento que el señor Mendoza podría representar dignamente al país y a los colombianos. Lo que sí queda claro es que, si no fuera por el escándalo, hoy Mendoza sería embajador.

El presidente decidió defenderlo a ultranza desde el día que se empezó a cuestionar su nombramiento. En medio de la defensa del personaje, Petro decía en un trino que el servicio exterior era inviable por los costos, y que lo que había era turismo internacional. Según él, no lo dejan dirigir la política exterior por las críticas a Matarife. La queja también responde a las demandas que han interpuesto los miembros de la carrera diplomática contra nombramientos que él ha hecho de personas por fuera de la carrera y a las que los tribunales les han dado la razón. En estos casos, la Cancillería debe devolver a Colombia a la persona nombrada con el costo que esto conlleva.

No es el primer gobierno ni el único al que esto le ocurre: es una práctica de la carrera diplomática poco amigable con la administración de turno. Genera un costo inmenso para el Estado y un caos para el funcionamiento del servicio exterior. Creen que así defienden sus derechos, creo yo, equivocadamente.

Pero también el costo se está dando porque la administración está manejando las salidas al exterior de manera desorganizada. Como ejemplo, en Panamá hay actualmente dos embajadores porque están cambiando a un embajador de carrera, que llevaba apenas un año, por una persona cercana al presidente. Esto ocurre, y es normal; lo que no lo es, es que manden al segundo sin ubicar al primero y hoy hay dos embajadores allá. El otro ejemplo es Dinamarca. Nombraron hace tres meses a un embajador de carrera, y cuando apenas lleva dos meses en su cargo, el canciller decide presentar otra solicitud de beneplácito para Catalina Velasco, exministra de Petro. Según la ley, el embajador tiene derecho a permanecer en su cargo al menos un año, pero al parecer no le van a respetar este derecho. En Dinamarca no deben entender nada de lo que pasa. Ya habían solicitado hace dos años otro beneplácito para Adriana Córdoba, esposa de Antanas Mockus, pero nunca llegó.

Van tres beneplácitos en dos años y medio y ningún embajador en ejercicio. ¿Alguien le contará al presidente que estos dos casos tienen un millonario costo para la Cancillería? Son solo dos ejemplos, que, junto al lamentable episodio de Mendoza, nos muestran a un servicio exterior manejado de manera descuidada.