La puerta giratoria

SEIS MESES DESPUÉS DE ENTREGAR el Ministerio de Minas y Energía, el exministro Hernán Martínez, el mismo que lideró la elaboración del nuevo Código Minero, entró a formar parte de la junta directiva de Medoro Resources, la compañía venezolana que pisa duro en el florecimiento minero del país.

Martínez junto a Claudia Jiménez, entonces consejera presidencial para el sector privado, estuvieron presentes en la reunión en la Casa de Nariño, en la que el presidente Uribe le propuso a los cuatro exitosos empresarios venezolanos —propietarios también de Pacific Rubiales—, que además de las minas de Marmato que ya tenían, adquirieran Frontino Gold Mines. Así lo hicieron y en su dirección ejecutiva quedó María Consuelo Araújo. Concluido el gobierno, Claudia Jiménez pasó a ser la directora del gremio de la Gran minería a cielo abierto.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Guillermo Plata acaba de ser nombrado miembro de la junta directiva de Bavaria. Igual sucede con funcionarios de la cartera de Hacienda, de la de Protección Social, de Vivienda o el Invías que se vuelven campantemente directivos o consultores del sector bancario, de la industria farmacéutica o de firmas constructoras, inmediatamente dejan los cargos.

Difícil un privilegio mayor para Medoro Resources o para Bavaria, que tener en sus juntas directivas, asesorando y orientando las actuaciones de sus compañías a los ministros que vienen de concebir y tramitar legislaciones que regulan su sector. Un claro aprovechamiento de información privilegiada y de conocimiento de la letra menuda del entramado del poder y de sus decisiones puesto ahora al servicio de intereses particulares que defienden desde su nuevo rol en las juntas directivas. Por lo demás muy bien remunerados.

Nada de esto es ilegal. Pero si inmoral. Riñe con los principios de una sana ética ciudadana.

Esta es la llamada puerta giratoria, que se volvió una costumbre, y descarada, en el país. Sí, aprovechamiento de información privilegiada, pero que también puede llegar a convertirse, si se mira con suspicacia, en pago de favores. Todo muy sutil, todo muy elegante, todo muy de cuello blanco. El Estatuto Anticorrupción quiso frenar esta práctica. En el proyecto que presentó el ministro Vargas Lleras se planteaba una inhabilidad de tres años para trabajar en el mismo sector. La iniciativa no la torpedeó el Congreso sino altos funcionarios del propio Gobierno, que quizá desde ya estaban pensando en su futuro. La inhabilidad quedó reducida a diez meses.

En el fondo es un tema de cómo lograr incidir, por distintos medios, (¡todo vale!) en las instancias donde se toman decisiones para cambiar las reglas de juego en beneficio de intereses particulares. Acciones que van en doble vía, en las que el sector privado, cuando actúa como agente corruptor juega un rol fundamental que empieza a ser sancionado. Pero lo grave es que no estamos ante hechos aislados. La corrupción se ha convertido en un comportamiento que afecta los patrones éticos de la sociedad en su conjunto. De allí que muy seguramente tendremos nuevamente un Estatuto Anticorrupción con los dientes limados. Seguiremos entonces atrapados por la retórica de la transparencia mientras la trampa y el atajo siguen su marcha, al vaivén de la puerta giratoria...