Todo se puede saber o terminará sabiéndose tarde o temprano en esta era digital. Periodistas, profesores, activistas, oficiales de cumplimiento, estudiantes aprenden cómo buscar y encontrar la abundante información disponible en Internet. Filántropos del mundo entero desarrollan herramientas y métodos para facilitar esa tarea que garantiza la transparencia y permite vigilar a los poderes abusivos.
Hoy la información se puede bajar, sistematizar, cruzar sin límites geográficos y a grandes velocidades. Un pionero de la búsqueda en fuentes abiertas, el colectivo europeo Bellingcat, propone en sus talleres un ejercicio sencillo de meter el correo electrónico en la página HaveIbeenPwned.com, y ahí sale en cuántos hackeos ha quedado expuesto su usuario y contraseña. Hágalo y quedará impresionado cuántas filtraciones hay a diario.
Como reacción, dictadores y autoritarios han corrido a cerrar puertas y ventanas para tapar; que no vean sus contratos, ni a sus amigotes de negocios torcidos, ni sus decisiones oscuras.
El presidente argentino, que dice defender la “libertad que avanza”, sacó un decreto que limita los datos que pueden solicitar los ciudadanos, incluida la información personal de los funcionarios públicos. Además, crea un registro de quién pide información y contempla sanciones por pedirla.
El presidente mexicano saliente Andrés Manuel López Obrador, que dijo hace poco que bajo su gestión no habían muerto periodistas significativos “más allá de lo que las circunstancias han ocasionado” (Artículo 19 ha documentado 47 reporteros asesinados en su sexenio), quiere, antes de salir, acabar con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos por innecesario, cuando la función de este organismo es responder los pedidos de información pública.
En Paraguay, el nuevo gobierno de Santiago Peña va por el camino de Putin, obligando a medios independientes y organizaciones civiles a reportarle al gobierno qué fondos internacionales reciben. La llaman la ley garrote. Algo similar hizo Rusia antes de declarar a los receptores de fondos foráneos, como agentes extranjeros. El dictador Daniel Ortega llegó más lejos hasta quitarle la ciudadanía a sus críticos, hoy todos presos o exiliados. La otra dictadura, la de Nicolás Maduro, que infiltró y robó datos de la organización del candidato opositor, y se dedicó a desprestigiar en una operación que combinaba amenaza digital y terror real a quienes lo denunciaran, hace tiempos que no da información pública y hasta las estadísticas nacionales las llevan organizaciones privadas. En El Salvador, el aspirante a déspota, Nayib Bukele, incumple la ley de acceso y convirtió en reservada la información de la contratación pública.
En Honduras, el gobierno de Xiomara Castro ordenó que los pedidos de información sean coordinados solo por la Secretaría de Planeación Estratégica, restringiendo el acceso a las fuentes oficiales.
Bajo esta perspectiva, a pesar de sus dañinos exabruptos contra el periodismo, el gobierno Petro no está en el mismo grupo. Ni ha propuesto restringir la información pública, ni cerrar el Secop, ni perseguir a quienes pidan información o a quienes reciban recursos del extranjero. Ojalá no se le ocurra ir por ese camino.
Creo que todos estos esfuerzos de los autoritarios por correr cortinas y bajar persianas para que nadie atestigüe ni denuncie qué hacen de puertas para adentro sus gobiernos son, a la larga, en vano. Mientras haya periodistas, estudiantes, activistas, ciudadanos dispuestos a hacerse cada vez más sabios en el arte de la búsqueda de información de fuentes abiertas, todo termina saliendo a la luz en esta era digital. Los autócratas, disfrazados de “libertarios” o de “socialistas”, resisten el cambio inexorable con violencia, causando a las personas que realmente defienden la libertad y los derechos sociales —quienes aportan a la transparencia y al control del abuso de poder— un enorme sufrimiento, e incluso la pérdida de sus vidas.