Hay en Colombia 22 millones de personas trabajando. Menos de la mitad —unos 10 millones— tienen un empleo formal por el que reciben prestaciones sociales. La gran mayoría de colombianos ganan menos de lo justo, no tienen estabilidad, no aportan a pensión ni gozan de protección laboral alguna. Trabajan en emprendimientos mínimos, sin flexibilidad para mejorar sus condiciones.
La reforma laboral de Petro sube la vara de lo que se considera un trabajo digno. Por ejemplo, que no se pueda despedir a mujeres embarazadas o con recién nacidos, que el trabajo nocturno —mejor remunerado— empiece a las 7 p.m. y no a las 9 p.m., y que se pague el doble los domingos.
Esta legislación puede ser buena para meter en cintura a grandes empresas que aún maltraten a sus trabajadores, les paguen mal, o abusen de los contratos a término fijo para evadir responsabilidades laborales. Pero es que eso cobijaría a una proporción mínima de trabajadores que son los contratados en compañías de 50 o más empleados.
No obstante, en un desapasionado análisis reciente, los investigadores Óscar Becerra, Gabriela Bojanini, Marcela Eslava y Manuel Fernández, de la Facultad de Economía de Uniandes, explican cómo la reforma, aunque bien intencionada, puede terminar haciendo lo contrario por falta de realismo.
La mayoría de los empleos formales —más del 70 %, dicen los estudiosos— los ofrecen las pymes, algunas de las cuales apenas generan una utilidad, y las nuevas exigencias de protección laboral de la reforma pueden poner en riesgo incluso su existencia o pueden empujarlas hacia la informalidad, contratando trabajadores a destajo de reemplazo, que les evita pagar más por turnos de noche o dominicales.
Además, en general, la legislación propuesta no les cambiaría la vida a los 12,5 millones de colombianos que trabajan por cuenta propia en una tienda de barrio, con su mototaxi, como empleadas domésticas o acarreadores sin contrato alguno. Una cuentapropista que trabaja sin descanso para conseguir ingresos dignos no puede tener el lujo de darse una licencia de maternidad.
Sin embargo, el análisis de Uniandes resalta que la reforma incluye unas normas realistas y benéficas para sectores específicos. Una de ellas es la que abre la puerta de acceso a protección social para los trabajadores de Rappi y otros repartidores administrados por plataformas. La ley permitiría que los repartidores puedan hacer cotizaciones a seguridad social, aun ganando menos del salario mínimo, que es el caso de una buena parte de ellos, y también obligaría a las plataformas a hacer contribuciones para asegurar a sus repartidores. Así, estos miles de jóvenes, que literalmente hoy mueven las ciudades, podrán tener un ingreso si se enferman, atención en salud y ahorrar para su vejez. Otro artículo progresista de la reforma facilita que empleados de tiempo parcial en el campo puedan tener acceso a seguridad social.
Estas normas que incentivan la formalización, dicen los autores, no se deberían limitar solo a repartidores o a trabajadores rurales, sino que podrían abrirse a cuentapropistas y trabajadores informales que ganen menos del mínimo en cualquier sector.
La reforma acierta también, dicen otros autores, al reconocer los derechos laborales de los migrantes, sin importar su estatus migratorio. Esto minimizaría la explotación indebida de millones de venezolanos, que son el grueso de los extranjeros. Además traería un efecto benéfico de largo plazo, pues cuanto más rápido estos migrantes jóvenes se formalicen, más pronto comenzarán a aportar a los fondos de pensiones, contribuyendo así a cerrar el grave déficit pensional que hoy el Estado cubre con impuestos.
El espíritu realista de estos artículos debería ampliarse a toda la reforma para favorecer de veras a los trabajadores más vulnerables.
Hay en Colombia 22 millones de personas trabajando. Menos de la mitad —unos 10 millones— tienen un empleo formal por el que reciben prestaciones sociales. La gran mayoría de colombianos ganan menos de lo justo, no tienen estabilidad, no aportan a pensión ni gozan de protección laboral alguna. Trabajan en emprendimientos mínimos, sin flexibilidad para mejorar sus condiciones.
La reforma laboral de Petro sube la vara de lo que se considera un trabajo digno. Por ejemplo, que no se pueda despedir a mujeres embarazadas o con recién nacidos, que el trabajo nocturno —mejor remunerado— empiece a las 7 p.m. y no a las 9 p.m., y que se pague el doble los domingos.
Esta legislación puede ser buena para meter en cintura a grandes empresas que aún maltraten a sus trabajadores, les paguen mal, o abusen de los contratos a término fijo para evadir responsabilidades laborales. Pero es que eso cobijaría a una proporción mínima de trabajadores que son los contratados en compañías de 50 o más empleados.
No obstante, en un desapasionado análisis reciente, los investigadores Óscar Becerra, Gabriela Bojanini, Marcela Eslava y Manuel Fernández, de la Facultad de Economía de Uniandes, explican cómo la reforma, aunque bien intencionada, puede terminar haciendo lo contrario por falta de realismo.
La mayoría de los empleos formales —más del 70 %, dicen los estudiosos— los ofrecen las pymes, algunas de las cuales apenas generan una utilidad, y las nuevas exigencias de protección laboral de la reforma pueden poner en riesgo incluso su existencia o pueden empujarlas hacia la informalidad, contratando trabajadores a destajo de reemplazo, que les evita pagar más por turnos de noche o dominicales.
Además, en general, la legislación propuesta no les cambiaría la vida a los 12,5 millones de colombianos que trabajan por cuenta propia en una tienda de barrio, con su mototaxi, como empleadas domésticas o acarreadores sin contrato alguno. Una cuentapropista que trabaja sin descanso para conseguir ingresos dignos no puede tener el lujo de darse una licencia de maternidad.
Sin embargo, el análisis de Uniandes resalta que la reforma incluye unas normas realistas y benéficas para sectores específicos. Una de ellas es la que abre la puerta de acceso a protección social para los trabajadores de Rappi y otros repartidores administrados por plataformas. La ley permitiría que los repartidores puedan hacer cotizaciones a seguridad social, aun ganando menos del salario mínimo, que es el caso de una buena parte de ellos, y también obligaría a las plataformas a hacer contribuciones para asegurar a sus repartidores. Así, estos miles de jóvenes, que literalmente hoy mueven las ciudades, podrán tener un ingreso si se enferman, atención en salud y ahorrar para su vejez. Otro artículo progresista de la reforma facilita que empleados de tiempo parcial en el campo puedan tener acceso a seguridad social.
Estas normas que incentivan la formalización, dicen los autores, no se deberían limitar solo a repartidores o a trabajadores rurales, sino que podrían abrirse a cuentapropistas y trabajadores informales que ganen menos del mínimo en cualquier sector.
La reforma acierta también, dicen otros autores, al reconocer los derechos laborales de los migrantes, sin importar su estatus migratorio. Esto minimizaría la explotación indebida de millones de venezolanos, que son el grueso de los extranjeros. Además traería un efecto benéfico de largo plazo, pues cuanto más rápido estos migrantes jóvenes se formalicen, más pronto comenzarán a aportar a los fondos de pensiones, contribuyendo así a cerrar el grave déficit pensional que hoy el Estado cubre con impuestos.
El espíritu realista de estos artículos debería ampliarse a toda la reforma para favorecer de veras a los trabajadores más vulnerables.