El cuadro de violencia que viven los habitantes del sur de Nariño es tan complejo como el de varios territorios del país: estructuras criminales mutantes, algunas enfrentadas entre ellas, que intentan controlar el negocio del narcotráfico y, bajo su amparo, otras actividades ilegales. Tumaco está entre los principales cultivadores y exportadores de pasta de coca; en Magüí-Payán brotan los entables ilegales para explotar el oro; y los campos están sembrados de minas antipersona. La confrontación es amarga, con desapariciones, reclutamiento de adolescentes y muerte. Han sido asesinados 39 líderes sociales desde 2022 hasta enero de este año, la mayoría indígenas.
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El cuadro de violencia que viven los habitantes del sur de Nariño es tan complejo como el de varios territorios del país: estructuras criminales mutantes, algunas enfrentadas entre ellas, que intentan controlar el negocio del narcotráfico y, bajo su amparo, otras actividades ilegales. Tumaco está entre los principales cultivadores y exportadores de pasta de coca; en Magüí-Payán brotan los entables ilegales para explotar el oro; y los campos están sembrados de minas antipersona. La confrontación es amarga, con desapariciones, reclutamiento de adolescentes y muerte. Han sido asesinados 39 líderes sociales desde 2022 hasta enero de este año, la mayoría indígenas.
De ahí que resulte tan esperanzador el laboratorio de cambio que ha iniciado el gobierno en su proceso con los Comuneros del Sur, un grupo que se salió del ELN en mayo pasado porque querían hacer la paz más rápido que sus viejos comandantes.
En una clara entrevista con La Silla Vacía, Carlos Erazo, el delegado del Alto Comisionado de Paz para esta negociación, contó cómo están desmontando los engranajes del horror. Su oficina no actúa como rueda suelta, sino con el respaldo y la coordinación de múltiples entidades del gobierno nacional y de la Gobernación de Nariño y con la mediación y facilitación de la iglesia Católica, la MAPP-OEA y organizaciones civiles diversas.
Se proponen disminuir la violencia, aún antes de la desmovilización. Están desminando el campo, acompañando el retorno de los desplazados y encontrando a los desaparecidos. El presidente Petro ha ordenado al Ejército proteger el proceso de paz de otros grupos armados, como el EMC, que están al acecho de conquistar territorios que otros grupos dejen, como ya sucedió cuando las FARC salieron de la guerra. “Los Comuneros van a iniciar un proceso de transición a la vida civil y en la medida que ese proceso avanza, ¿quién garantiza la seguridad si ya no son las armas de Comuneros? Lo que va a garantizar esa seguridad es la presencia de la fuerza pública y del Estado, no solamente para los Comuneros, sino para las comunidades existentes en el territorio”, explicó Erazo.
Nada se avanza si no se sustituyen las economías ilícitas. El MinMinas está diseñando distritos mineros para regularizar la explotación artesanal del oro, y desde Bogotá se intenta cumplirles a quienes se comprometen a sustituir los cultivos de coca. Muchos de ellos han pagado con la vida su determinación de dejar de vivir de ese negocio.
Y para que los Comuneros se puedan reincorporar a la vida civil, el gobierno está trazando con ellos acuerdos para destruir las armas, ganarse el sustento honradamente y garantizar su seguridad, una vez reincorporados. Están estudiando fórmulas de justicia alternativa, al estilo de la que imparten los indígenas, en la cual los desmovilizados retribuyen con trabajo a la sociedad por el daño que le han hecho. Pronto, dice Erazo, van a presentar una propuesta.
Nada se logra si el Estado no avanza en estos territorios con reconstrucción y ampliación de los bienes públicos, como carreteras, centros de salud, escuelas, centro comunitarios, apoyo a emprendimientos, etc. El gobierno dice que también hay varios ministerios y la propia Gobernación empeñados en ir haciendo estas inversiones, a medida que emprenden las demás acciones.
Esto es construir paz en el territorio; la misma que contemplaron los acuerdos de paz con las FARC en 2016, pero los gobiernos incumplieron. Si en el sur de Nariño, gobierno y comunidad consiguen demostrar cómo se hace una paz territorial de verdad, con los pies sobre la tierra y que cuida el detalle, quizás surja un modelo para desterrar la violencia de varios territorios. Es una luz de esperanza que vale la pena apoyar.