Cali —duele decirlo— es una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo y una gran parte de los homicidios que se cometen en Colombia se perpetran en Cali.
Aunque la ropa sucia se lava en casa, este no es un tema local como para tratarlo debajo de las cobijas y por ello es necesario que la opinión pública nacional conozca lo que se le está haciendo a Cali, que causa extrañeza, malestar y desazón.
Y es que el pasado fin de semana el Gobierno Nacional, a través del presidente Petro y el director de la Policía Nacional, anunciaron la puesta en marcha de una nueva política de seguridad que se implementará en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta, excluyéndose, no sé si de manera premeditada, a la ciudad más vulnerable en estos momentos: la capital del Valle del Cauca.
No olvidemos que Cali fue el principal epicentro de los ataques de las primeras líneas y está amenazada por los movimientos narcoguerrilleros del sur del país, que hacen peligrosa presencia en los vecinos municipios de Jamundí, Buenaventura e incluso Tuluá.
Por tanto, excluir a esta ciudad es una actitud que ha generado total rechazo del gobierno local y departamental, de los gremios y las fuerzas cívicas que han elevado una justa protesta que aún no ha tenido respuesta.
El presupuesto aforado para la seguridad en Cali en los últimos cuatro años ha sido más que insuficiente y el del próximo año no es la excepción, resultando imposible atender las necesidades en este rubro sin contar con los recursos, el acompañamiento y la asesoría de la Casa de Nariño.
El llamado al unísono es que la Presidencia de la República no insista en una política excluyente que podría tener visos de revanchismo y atienda el llamado urgente de la tercera ciudad del país con sus casi dos millones y medio de habitantes que claman por seguridad, seguridad y seguridad.
Cali —duele decirlo— es una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo y una gran parte de los homicidios que se cometen en Colombia se perpetran en Cali.
Aunque la ropa sucia se lava en casa, este no es un tema local como para tratarlo debajo de las cobijas y por ello es necesario que la opinión pública nacional conozca lo que se le está haciendo a Cali, que causa extrañeza, malestar y desazón.
Y es que el pasado fin de semana el Gobierno Nacional, a través del presidente Petro y el director de la Policía Nacional, anunciaron la puesta en marcha de una nueva política de seguridad que se implementará en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta, excluyéndose, no sé si de manera premeditada, a la ciudad más vulnerable en estos momentos: la capital del Valle del Cauca.
No olvidemos que Cali fue el principal epicentro de los ataques de las primeras líneas y está amenazada por los movimientos narcoguerrilleros del sur del país, que hacen peligrosa presencia en los vecinos municipios de Jamundí, Buenaventura e incluso Tuluá.
Por tanto, excluir a esta ciudad es una actitud que ha generado total rechazo del gobierno local y departamental, de los gremios y las fuerzas cívicas que han elevado una justa protesta que aún no ha tenido respuesta.
El presupuesto aforado para la seguridad en Cali en los últimos cuatro años ha sido más que insuficiente y el del próximo año no es la excepción, resultando imposible atender las necesidades en este rubro sin contar con los recursos, el acompañamiento y la asesoría de la Casa de Nariño.
El llamado al unísono es que la Presidencia de la República no insista en una política excluyente que podría tener visos de revanchismo y atienda el llamado urgente de la tercera ciudad del país con sus casi dos millones y medio de habitantes que claman por seguridad, seguridad y seguridad.