Vuelve y juega el tema del glifosato por cuenta de los deplorables resultados de la erradicación manual, la sustitución voluntaria y, más aún, por el incremento de los cultivos de coca que alcanzan ya una cifra sin antecedentes, porque el problema se salió de madre.
A esta hiperproducción se debe la creciente violencia y los asesinatos en las zonas rurales y urbanas cercanas a los lugares donde se siembra, cosecha, procesa y distribuye el polvo maldito, amén de los centros de comercialización en manos de un microtráfico que tiene invadidas las ciudades, permeando a la niñez y a la juventud.
Frente a esta problemática, las soluciones llamadas “por las buenas” no han tenido el éxito esperado y por el contrario ha resultado peor el remedio que la enfermedad, lo que se refleja en hechos de sangre y el incremento de la inseguridad.
Por estas razones y por la “respirada en la nuca” de los países consumidores que hacen aportes para combatir los bien llamados guerrillero-cultivos, el Gobierno vuelve y juega con la propuesta solución del uso del glifosato, cuya autorización depende de la Corte Constitucional.
Lo curioso es que el tal glifosato lo usan los narcoguerrilleros para acabar con la maleza que hay alrededor de la tierra donde siembran la coca, vaya paradoja. Y eso lo saben los respetabilísimos integrantes y asesores de la susodicha Corte Constitucional.
Por otra parte, el “criminal herbicida” se viene utilizando desde hace décadas en gran parte de los cultivos de los pequeños y grandes agricultores de nuestro país y no hay registro alguno de campesinos y consumidores que hayan muerto por culpa de este matamalezas.
Así que, si se utilizan drones con esmerado cuidado, se puede llegar a la tan necesaria e inaplazable erradicación, sin que ella siga cobrando vidas humanas por cuenta de las minas asesinas que instalan los narcoguerrilleros para proteger sus cultivos y amedrentar a quienes se atrevan a destruirlos.
Vuelve y juega el tema del glifosato por cuenta de los deplorables resultados de la erradicación manual, la sustitución voluntaria y, más aún, por el incremento de los cultivos de coca que alcanzan ya una cifra sin antecedentes, porque el problema se salió de madre.
A esta hiperproducción se debe la creciente violencia y los asesinatos en las zonas rurales y urbanas cercanas a los lugares donde se siembra, cosecha, procesa y distribuye el polvo maldito, amén de los centros de comercialización en manos de un microtráfico que tiene invadidas las ciudades, permeando a la niñez y a la juventud.
Frente a esta problemática, las soluciones llamadas “por las buenas” no han tenido el éxito esperado y por el contrario ha resultado peor el remedio que la enfermedad, lo que se refleja en hechos de sangre y el incremento de la inseguridad.
Por estas razones y por la “respirada en la nuca” de los países consumidores que hacen aportes para combatir los bien llamados guerrillero-cultivos, el Gobierno vuelve y juega con la propuesta solución del uso del glifosato, cuya autorización depende de la Corte Constitucional.
Lo curioso es que el tal glifosato lo usan los narcoguerrilleros para acabar con la maleza que hay alrededor de la tierra donde siembran la coca, vaya paradoja. Y eso lo saben los respetabilísimos integrantes y asesores de la susodicha Corte Constitucional.
Por otra parte, el “criminal herbicida” se viene utilizando desde hace décadas en gran parte de los cultivos de los pequeños y grandes agricultores de nuestro país y no hay registro alguno de campesinos y consumidores que hayan muerto por culpa de este matamalezas.
Así que, si se utilizan drones con esmerado cuidado, se puede llegar a la tan necesaria e inaplazable erradicación, sin que ella siga cobrando vidas humanas por cuenta de las minas asesinas que instalan los narcoguerrilleros para proteger sus cultivos y amedrentar a quienes se atrevan a destruirlos.