La denuncia del presidente Gustavo Petro sobre la presunta compra clandestina del sofisticado programa informático de espionaje Pegasus, en tiempos del gobierno Duque, es inquietante porque habría derivado en violación masiva de derechos y del propio Estado de derecho. El mandatario reveló en alocución televisada, la respuesta que “el martes 27 de agosto de 2024″ le dio la agencia de Inteligencia Financiera de Israel, IMPA (ver) a su par colombiana, la UIAF, debido a unas preguntas que esta entidad le formuló. Para no dejar dudas sobre el contenido del texto, según se deduce de su cuidada acentuación, el jefe de Estado leyó cifra por cifra, letra por letra, la numeración del archivo y referencias que identifican la comunicación (ver). Después enfatizó: “la solicitud de información [era] relativa a NSO Group Technologies Limited” (ver), empresa propietaria de Pegasus. Y leyó textualmente: “en julio, agosto de 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de $5 millones, 500 mil dólares en efectivo, en la cuenta de la empresa (NSO). El pago era parte de un acuerdo por $11 millones de dólares firmado entre NSO Group y la Dirección de Inteligencia policial de Colombia, DIPOL, para la compra de Pegasus…”. El mandatario también hizo públicas otras anotaciones de IMPA: los $5.5 millones de dólares fueron transportados, vía aérea desde Bogotá hasta Tel Aviv, el 27 de junio del 2021; el paquete fue depositado en la cuenta de NSO. El 30 de junio siguiente, un segundo depósito de $5.5 millones de dólares se registró en la misma cuenta empresarial, dos meses y medio después, el 22 de septiembre, para un total de $11 millones de dólares pagados por la Policía Nacional. La millonaria transacción no pasó por el sistema legal de compras públicas del país.
Pegasus es un sistema que puede infiltrar miles de aparatos móviles sin ser detectado por sus víctimas. Captura mensajes de texto, escucha las llamadas y puede estar presente de manera oculta en las videocharlas, rastrea ubicaciones, recopila todos los datos del dispositivo e, incluso, puede apropiarse de las contraseñas: es una invasión repugnante a la seguridad, intimidad y privacidad de los infiltrados, sus familias y sus secretos profesionales, sin regulación que pueda detenerla. También resulta inquietante que los personajes interesados en que una denuncia tan concreta no prospere contesten con ataques de distracción. Y es peor aún que una semana después de la alocución presidencial sigan escondidos los altos funcionarios involucrados en la presunta compra del superespía, a saber, el director de Inteligencia policial (DIPOL); el director nacional de la Policía de la época sin cuyo permiso un subalterno no podría realizar la multimillonaria adquisición; su jefe directo, el ministro de Defensa, y el superior de todos los anteriores, el jefe de Estado. En su orden, ellos son el general Norberto Mujica, el general Jorge Luis Vargas, el ministro Diego Molano y el presidente Iván Duque.
Hasta el momento en que escribo esta columna, ninguno ha abierto la boca. Duque, tan mediático y líder internacional que pretende ser mientras su imagen lo persigue, no ha mencionado el asunto. Y Molano y los oficiales Vargas y Mujica, no aparecen. Pusieron a paliar el escándalo, sin lograrlo, al exministro del Interior, Daniel Palacios y a Víctor Muñoz, exsecretario administrativo de Presidencia, paradójicamente señalado de ser el estratega de varias mañas de manipulación, seguimientos y penetración digitales (ver). Ni Palacios ni Muñoz tenían por qué estar al tanto del caldo que se habría cocinado en estricta confidencialidad, condición sin la cual no se pueden ejecutar los conciertos para delinquir. De acuerdo con IMPA, Pegasus, que fue creado para perseguir criminales, no a los opositores políticos de ningún país, fue negociado por el círculo secreto de Duque a escasos meses de iniciarse la campaña presidencial del 2022. Fuentes confiables de inteligencia me dejaron ver, hace poco, un documento en donde se reflejan los propósitos siniestros de Duque y su club frente el apoyo popular que favorecía al candidato de la izquierda cuando sus contendores no crecían en las calles. ¿Qué papel jugó Pegasus en esa campaña? ¿Dónde, quiénes y con cuáles fines lo habrían utilizado? ¿Cientos de videos en que consta que las reuniones del aspirante presidencial del Pacto Histórico fueron extraídas y grabadas después de penetrar los móviles y computadores de la sede petrista, fueron publicados una semana antes de la segunda vuelta para tratar de alterar los resultados de las elecciones? Insisto, ¿cuál fue el rol de Pegasus en poder de la Policía de Duque? Si lo hace bien, la justicia lo resolverá.
Entre paréntesis. Por coincidencia pero sin inocencia, el general Mujica, el exjefe de Inteligencia policial enredado en la compra de Pegasus, es hoy asesor de seguridad de la señora Margarita Cabello, quien llegó a la Procuraduría por Duque después de ser su ministra (ver). El subdirector de la DIPOL en 2021, o sea el segundo de Mujica, era el coronel Juan Miguel Thiriat Tovar. Ahora dirige la División de seguridad del Ministerio Público y su jefe es Cabello, la de Duque (ver). Los mismos en las mismas ¿Y la procuradora, prevalida de su poder, le pide a la UIAF “la entrega inmediata” de la carta israelí en la que existe la prueba de que sus asesores y mentor político habrían delinquido? ¡Qué desvergüenza!