Ni lo público es tan malo, ni lo privado es tan bueno. La simplificación de problemas sociales lleva a unas generalizaciones muy atractivas en el discurso, pero irreales. Cada acto de corrupción pública está acompañado de un acto de inmoralidad privada. Por eso, como dice Alejandro Gaviria, si hay algo peor que la corrupción son los discursos de la lucha contra la corrupción. Porque son estériles, no conllevan a ninguna solución y no persiguen a nadie. Sería tan simple como entrar a una oficina y gritar: ¡levántense los corruptos y salgan de aquí!
Luchar contra la corrupción, por supuesto, requiere voluntad política para identificar y cerrar los canales que usan los corruptos; pero, ante todo, se necesita suficiente claridad sobre la diferencia entre los negocios y el servicio público.
Para llegar a esta claridad hay que entender que los objetivos del Estado son diferentes a los de las empresas. No son lo mismo, no compiten y no actúan bajo la misma lógica. Por ejemplo, pensar que el Estado debe manejarse con la visión de la austeridad empresarial es equivocado por varias razones: el Estado no busca utilidades, no se quiebra ni maximiza beneficios.
En la primera, la función del Estado deriva en un beneficio social, no en uno particular de acumulación de ganancias. Ese beneficio es de largo plazo y, aunque es tangible, no es tan fácil de medir. Gastar en alimentación infantil no se mide en el estado de resultados del trimestre, sino en la productividad laboral décadas después. En la segunda, el Estado no es una empresa que sale del mercado y es reemplazada por otra que toma mejores decisiones. Por ejemplo, Japón debe el 250 % de su producción total. Desde la visión financiera, tendría que declararse en bancarrota, pero en la realidad está muy lejos de ser un Estado fallido.
En el tercer y último aspecto, el Estado no busca reducir costos para incrementar beneficios. Lo que en las empresas se llaman costos de producción, en lo público es gasto. El gasto es complementario con la actividad privada. Si queremos parecernos al mundo desarrollado, hay que comenzar a perder el miedo al gasto como fuente de dinamismo del mercado. Paradójicamente, (según datos del FMI y Transparencia Internacional), Afganistán, Somalia y Sudán tienen una similitud: son los tres países con menor gasto público sobre el PIB y están entre los diez más corruptos del mundo. El Estado no tiene que ser rentable, debe ser eficiente; es decir, garantizar que cada peso se dirija a lograr los objetivos.
Existen ejemplos recientes de países gobernados por empresarios que no han sido exitosos, porque no pudieron hacer esta diferenciación entre los negocios y el servicio público. El empresario Piñera en Chile enfrentó un estallido social que puso fin al “milagro neoliberal”. En EE. UU., el empresario Trump declaró una guerra comercial con China y la van perdiendo.
Ojalá dentro de cuatro años no estemos haciendo este mismo análisis para Colombia. En mi caso, decidí votar por la fórmula Petro-Márquez, porque considero que tienen un equipo de personas capaces de manejar con responsabilidad y sin improvisación las relaciones entre el Estado y el mercado.
Ni lo público es tan malo, ni lo privado es tan bueno. La simplificación de problemas sociales lleva a unas generalizaciones muy atractivas en el discurso, pero irreales. Cada acto de corrupción pública está acompañado de un acto de inmoralidad privada. Por eso, como dice Alejandro Gaviria, si hay algo peor que la corrupción son los discursos de la lucha contra la corrupción. Porque son estériles, no conllevan a ninguna solución y no persiguen a nadie. Sería tan simple como entrar a una oficina y gritar: ¡levántense los corruptos y salgan de aquí!
Luchar contra la corrupción, por supuesto, requiere voluntad política para identificar y cerrar los canales que usan los corruptos; pero, ante todo, se necesita suficiente claridad sobre la diferencia entre los negocios y el servicio público.
Para llegar a esta claridad hay que entender que los objetivos del Estado son diferentes a los de las empresas. No son lo mismo, no compiten y no actúan bajo la misma lógica. Por ejemplo, pensar que el Estado debe manejarse con la visión de la austeridad empresarial es equivocado por varias razones: el Estado no busca utilidades, no se quiebra ni maximiza beneficios.
En la primera, la función del Estado deriva en un beneficio social, no en uno particular de acumulación de ganancias. Ese beneficio es de largo plazo y, aunque es tangible, no es tan fácil de medir. Gastar en alimentación infantil no se mide en el estado de resultados del trimestre, sino en la productividad laboral décadas después. En la segunda, el Estado no es una empresa que sale del mercado y es reemplazada por otra que toma mejores decisiones. Por ejemplo, Japón debe el 250 % de su producción total. Desde la visión financiera, tendría que declararse en bancarrota, pero en la realidad está muy lejos de ser un Estado fallido.
En el tercer y último aspecto, el Estado no busca reducir costos para incrementar beneficios. Lo que en las empresas se llaman costos de producción, en lo público es gasto. El gasto es complementario con la actividad privada. Si queremos parecernos al mundo desarrollado, hay que comenzar a perder el miedo al gasto como fuente de dinamismo del mercado. Paradójicamente, (según datos del FMI y Transparencia Internacional), Afganistán, Somalia y Sudán tienen una similitud: son los tres países con menor gasto público sobre el PIB y están entre los diez más corruptos del mundo. El Estado no tiene que ser rentable, debe ser eficiente; es decir, garantizar que cada peso se dirija a lograr los objetivos.
Existen ejemplos recientes de países gobernados por empresarios que no han sido exitosos, porque no pudieron hacer esta diferenciación entre los negocios y el servicio público. El empresario Piñera en Chile enfrentó un estallido social que puso fin al “milagro neoliberal”. En EE. UU., el empresario Trump declaró una guerra comercial con China y la van perdiendo.
Ojalá dentro de cuatro años no estemos haciendo este mismo análisis para Colombia. En mi caso, decidí votar por la fórmula Petro-Márquez, porque considero que tienen un equipo de personas capaces de manejar con responsabilidad y sin improvisación las relaciones entre el Estado y el mercado.